Chile mantiene en su frontera 14 áreas de campos minados

Es un asunto sensible por el vínculo con la Argentina; estudian desactivarlos.
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2 de julio de 1999  

Al menos 14 áreas a lo largo de toda la frontera entre la Argentina y Chile están sembradas de minas antipersonales que fueron colocadas hasta 1978, cuando el conflicto limítrofe por el Canal de Beagle amenazaba con desembocar en una guerra, confirmaron a La Nación fuentes militares de ambos países.

No todos los sectores están vallados o con indicadores de la existencia de explosivos. Incluso, algunas zonas no estarían totalmente identificadas por nuestro país.

La totalidad de los campos minados existentes está en territorio chileno, ya que las tropas argentinas removieron los artefactos que habían instalado cuando el conflicto armado parecía inevitable. La mayoría de las zonas reconocidas como "intransitables" por la presencia de minas está ubicada en el norte del país.

A la altura de la provincia de Jujuy existe un campo minado en la ladera sudeste del volcán Lincancabur, próxima al paso de Jama.

Hay terrenos lindantes con Salta con explosivos en el Portal Huaytiquina, en la ladera sur del volcán Llullaillaco, en la quebrada del Llullaillaco, y en la zona del paso Socompa. Estas áreas estarían totalmente señalizadas con carteles de alerta, según fuentes del lugar.

Otra de las zonas minadas está en las proximidades del Portal de Aguas Calientes (a la altura de Catamarca).

"La mayoría de las áreas minadas está sobre pasos fronterizos no formales. Corredores que utilizan lugareños y baquianos de ambos países para cruzar de un lado a otro", dijo a La Nación un especialista argentino que sigue de cerca el tema.

En el extremo sur de la línea fronteriza, al norte de Punta Arenas, estarían ubicados los últimos campos minados en el territorio vecino.

Chile tiene sembradas en sus frontera más de 500.000 minas antipersonales, colocadas en las áreas limítrofes con la Argentina, con Bolivia y con Perú.

Recientemente, el gobierno boliviano denunció a Chile ante la Organización de Estados Americanos (OEA) afirmando que no tiene interés en remover los peligrosos explosivos instalados sobre esa frontera

Nueva sociedad

El embajador argentino ante esa organización americana, Julio César Aráoz, aseguró que la existencia de minas antipersonales en la Cordillera de los Andes "es responsabilidad de Chile", aunque comprometió la cooperación de nuestro país "en lo que sea necesario" para la erradicación de esos peligrosos artefactos.

Aráoz preside en la OEA la Comisión de Desminado para América. En la última asamblea general de ese organismo, celebrada el mes último en Guatemala, sostuvo que "la Argentina sólo reconoce la instalación de minas antipersonales en las islas Malvinas".

La nueva etapa de integración comercial y el avance de la condición de socios regionales llevó a la Argentina y a Chile a un acercamiento que alcanzó los aspectos de seguridad y militares.

En ese contexto, la existencia de los campos minados en la frontera se mantuvo como un aspecto irritativo por resolver por parte del gobierno chileno.

Los cálculos realizados por especialistas del país trasandino indican que Chile debe destinar al menos unos US$ 200 millones para encarar los trabajos de desminado de vastas áreas fronterizas.

"La solución al problema es puramente económica. No hay ningún tipo de prevenciones exigidas por las fuerzas armadas chilenas", dijo a La Nación una alta fuente militar de ese país. "No es fácil destinar fondos a este asunto cuando hay tantos reclamos por falta de presupuesto en distintos sectores en Chile", explicó.

Al parecer, la idea del gobierno chileno sería dar algunos gestos hacia sus vecinos y avanzar, aunque sea lentamente, con el desminado. "En poco tiempo más comenzarían a destinarse pequeñas inversiones a este problema, al menos para salir de la inercia", afirman desde Chile.

Mientras tanto, la orden del gobierno de Eduardo Frei al Ejército fue que se prepare un grupo de especialistas para la desactivación de las minas. Así fue como militares chilenos viajaron a los Estados Unidos para participar en cursos de desminado y realizarán, además, trabajos de despeje en países centroamericanos.

El saliente ministro de Defensa de Chile, José Florencio Guzmán, se presentó ante la Comisión de Asuntos Militares del Senado de su país para informar sobre las causas por las cuales no fueron removidas las minas antipersonales en la frontera con la Argentina.

"Fue una sesión secreta. El ministro dijo que había buena voluntad para resolver el asunto, pero hacen falta fondos", informó a La Nación una fuente que participó del encuentro.

Turismo y accidentes

La gobernación de Arica, en el norte chileno, es la más preocupada en conseguir que comience la desactivación de las minas.

Algunas empresas interesadas en invertir en la región fronteriza (una de ellas minera) esperan que se solucione el tema que afecta, además, al turismo, después de que ocurrieran varios accidentes: el actual cónsul chileno en Houston, Luis Wilder, siendo director de Fronteras, pisó una mina mientras recorría la zona limítrofe con Perú y perdió una pierna. De acuerdo con datos suministrados por las Naciones Unidas (ONU), el costo de instalación de una mina antipersonal va de los 3 a los 10 dólares, pero los trabajos de búsqueda y de neutralización se elevan entre los los U$S 300 y los U$S 1500 por cada artefacto. Los montos varían de acuerdo con el tipo de minas que se hayan colocado y con los trabajos de remoción que se efectúen.

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