Controversia en Venezuela por una ley antiterrorista

Opositores y activistas temen que se use para perseguir a los disidentes
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2 de febrero de 2012  

CARACAS.– La oposición venezolana y organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación ayer tras la aprobación de una polémica reforma de la ley contra el crimen organizado y el terrorismo, que según sus críticos podría derivar en la intimidación y persecución de disidentes, al impulsar la figura del delator y permitir la interceptación de comunicaciones privadas.

De acuerdo con el texto votado anteanoche por los legisladores afines al presidente Hugo Chávez, la nueva normativa tiene por objeto "prevenir, investigar, perseguir, tipificar y sancionar los delitos relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo".

El debate sobre el proyecto de ley, que reforma una anterior normativa contra la delincuencia organizada, fue boicoteado por la mayoría de los diputados opositores, que abandonaron la Asamblea Nacional (Parlamento) en señal de protesta.

La ley define como acto terrorista aquel "cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto, o abstenerse de hacerlo; desestabilizar gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales constitucionales, económicas o sociales de un país’’.

Los críticos resaltan que Chávez tilda repetidamente a sus adversarios políticos de "terroristas’’ y los acusó en numerosas ocasiones de tratar de desestabilizar al gobierno mediante la organización de protestas callejeras o huelgas.

Esta legislación "viola cerca de 20 artículos de la Constitución", entre ellos los que contemplan el derecho "a la participación, la asociación, la protesta y el debido proceso", sostuvo el diputado opositor José España.

"Aquí se presume que todos somos sospechosos [...] Esta es la ley del delator", agregó España

El legislador hizo alusión a una de las puntos que más preocupación generan, la creación de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, adscripta al Ministerio del Interior, que recibirá denuncias de los ciudadanos contra los sospechosos de planear actos terroristas.

"Este proyecto no tiene el propósito de sancionar, sino de intimidar, de perseguir a la disidencia. Se viola el principio de legalidad, proporcionalidad de la pena y se limita el ámbito de actuación e impacto de la ley", cuestionó el también opositor Eduardo Gómez Sigala.

A su juicio, existe "un atropello a la legalidad", ya que en la ley se prevén "medidas especiales" para interceptar comunicaciones personales, correos electrónicos y movilizaciones bancarias en determinados casos, y se deja por fuera al "tutor de la actividad penal", como es el Ministerio Público.

Más críticas

Activistas de derechos humanos instaron ayer a los legisladores a modificar la norma antes de que entre en vigor, pues están preocupados porque los derechos a protestar y otras garantías constitucionales sean menoscabados.

Según sus críticos, la redacción de la ley parece ambigua en lo referido a castigar a quienes organicen protestas a las puertas de instituciones públicas o embajadas."La ley podría abrir el camino para castigar a la disidencia", insistió Liliana Ortega, directora de Cofavic, una de las principales ONG venezolanas.

La mayoría oficialista rechazó las críticas. "Esta ley era necesaria para el país" y "para el que no va a hacer nada malo es como si no existiera", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

El diputado chavista Andrés Eloy Méndez defendió la nueva ley al decir que aborda temas "delicadísimos" como el tráfico de personas, de órganos y de armas.

"Esta ley ya existía. Lo que estamos incorporando son 25 artículos nuevos y estamos reformando más de 30 para subir las penas contra la delincuencia organizada", precisó el legislador.

"Ahora tenemos un instrumento legal para poner tras las rejas a estos grupos de delincuentes" con penas de 25 a 30 años de cárcel, insistió el también oficialista Elvis Amoroso sobre la disposición contra el financiamiento del terrorismo.

Chávez y sus aliados elaboraron una serie de proyectos de ley en 2008 que plantearon preocupaciones similares entre los adversarios del gobierno y activistas.

Según una de esas leyes propuestas en 2008, los venezolanos que se negasen a trabajar como informantes para las agencias de inteligencia serían castigados hasta con cuatro años de prisión.

Manifestantes denunciaron entonces esa ley como un intento de imponer un Estado policial, en el que se animaba a las personas a espiar a sus vecinos. Esas críticas forzaron a Chávez a desechar ese proyecto de ley.

La sanción de la nueva ley de seguridad coincide con el 13er aniversario de la llegada del presidente Hugo Chávez al poder, que se cumple hoy, y cuando el mandatario está concentrando en asegurarse el triunfo en los comicios de octubre, en los que buscará otra reelección.

Agencias AFP, AP, EFE y DPA

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