La fuerza del voto

Miguel Ángel De Marco
Miguel Ángel De Marco PARA LA NACION
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20 de febrero de 2012  

El 13 de febrero de 1912, tras largos debates en el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, el presidente Roque Sáenz Peña promulgó la ley 8871, que establecía el voto universal, secreto y obligatorio para todos los ciudadanos varones, argentinos o naturalizados, mayores de 18 años. Para algunos era una norma incompleta, pues privaba de tal derecho a la mujer. Sin embargo, por entonces no existían otros antecedentes que los de Australia del Sur (1903) y Tasmania (1903), y pasaría bastante tiempo para que se lograra instaurar el sufragio femenino plenamente en otras partes del mundo. En la Argentina, la igualdad llegaría el 3 de septiembre de 1946, aunque a partir de 1919 se habían presentado varios proyectos en el Parlamento.

Sáenz Peña, uno de los argentinos más lúcidos de su tiempo, que había nacido y crecido en épocas en que el fraude era una práctica tan extendida como constante, anhelaba impulsar, desde mucho tiempo antes de ser postulado para la primera magistratura, profundos cambios en la vida cívica argentina. Tenaz adversario del presidente Julio A. Roca, había asistido con esperanza a la declinación política del jefe del Partido Autonomista Nacional tras la finalización de su segundo gobierno (1904), que significaba para él y para muchos el fin de un modo impropio de concebir y hacer política.

Quería romper con las maniobras para mantener el poder a cualquier precio, como la que dieciocho años atrás le había impedido alcanzar la jefatura del Poder Ejecutivo en calidad de candidato del Partido Modernista, cuando Roca logró imponer la candidatura de su padre, obligándolo a renunciar a sus legítimas aspiraciones de renovación política.

Deseaba que las minorías tuviesen participación en las decisiones y que la Unión Cívica Radical abandonara su política abstencionista para sumarse a una lucha abierta en comicios limpios.

Hombre de la Generación del 80, había ocupado cargos cívicos relevantes, ejercido la diplomacia y actuado como representante argentino en el Congreso Internacional de Montevideo (1889) y la Conferencia de Países Americanos de Washington, donde pronunció aquella célebre frase: "América para la humanidad".

Algo más de un año antes de finalizar la presidencia de José Figueroa Alcorta, Sáenz Peña, embajador ante Italia y Suiza, fue postulado como candidato a la primera magistratura argentina por un núcleo independiente, la Unión Nacional. Viajó varias veces al país durante 1909 y 1910, año en que resultó elegido, con Victorino de la Plaza como vicepresidente. Mientras, consolidaba sus ideas sobre el sufragio en conversaciones con un jurista notable: el ministro plenipotenciario ante Rusia, Alemania y el Imperio austrohúngaro, doctor Indalecio Gómez, a quien le ofreció el Ministerio del Interior y comprometió a trabajar estrechamente en la concreción de la reforma a que aspiraba.

De regreso, se dedicó a organizar un gabinete compuesto en su mayoría por conservadores liberales opuestos a Roca. Procuró incorporar un ministro de origen radical y para ello intentó varias veces reunirse con el jefe de ese partido, Hipólito Yrigoyen, quien se mostraba renuente a entablar un diálogo político que Sáenz Peña consideraba decisivo.

Por fin se produjo el encuentro. Don Hipólito negó la posibilidad de que los radicales interviniesen en cualquier gobierno mientras no fuera realidad un régimen auténticamente representativo. Don Roque le solicitó entonces que la UCR colaborase en el plan de reforma electoral, propuesta que aceptó el comité nacional.

El 12 de octubre de 1910 asumió la presidencia y en su discurso señaló con énfasis: "Yo aspiro a que las minorías estén representadas y ampliamente garantizadas en la integridad de sus derechos. Es indudable que las mayorías deben gobernar, pero no es menos exacto que las minorías deben ser escuchadas, colaborando con su pensamiento y con su acción en la evolución ascendente del país. Yo me obligo ante mis conciudadanos y ante los partidos a provocar el ejercicio del voto por los medios que me acuerda la Constitución, porque no basta garantizar el sufragio: necesitamos crear y promover al sufragante [...] Debemos levantar un nuevo padrón electoral, para llamar a la acción a todos los ciudadanos, procurando que todos los partidos fiscalicen la legalidad de la inscripción".

Anunció que propondría al Congreso un proyecto que fijara un nuevo modo de inscripción comicial y decidiera la reforma de la ley electoral sancionada en 1902. Ella establecía padrones fijos, uso de libreta para registrar la participación en los comicios y elección de candidatos por circunscripciones. Esta última modalidad permitió que ingresase el primer socialista al Parlamento, Alfredo L. Palacios, llevado por el voto de los ciudadanos de La Boca.

La correcta formación del padrón electoral era clave. Por eso, los dos proyectos de ley enviados el 17 de diciembre de 1910 encargaban, respectivamente, al Ministerio de Guerra la confección de un nuevo padrón basado "en el Registro de Enrolamiento", para impedir amaños gestados en el ámbito político, y ponían bajo la esfera del Poder Judicial la designación de los funcionarios a cuyo cargo se hallaría la preparación, organización y fiscalización de las futuras elecciones.

Con esos dos instrumentos en la mano, el presidente envió, el 11 de agosto de 1911, el tercer proyecto, que iba al fondo del problema y consistía en la modificación del sistema vigente por el de lista incompleta, con el fin de garantizar la representación automática de las minorías.

Las deliberaciones fueron arduas e intensas, y contaron con la constante presencia del ministro del Interior, quien rebatió las objeciones de quienes abogaban por mantener el control de la política argentina. Gómez se mostró como un auténtico campeón de la oratoria y la lógica jurídica, con el aval de su profunda formación doctrinaria.

Finalmente fue aprobada la ley. Su fuerza moralizadora resultó de tanta magnitud que apenas un mes y medio más tarde, el 31 de marzo, en los primeros comicios realizados bajo su imperio, logró triunfar limpiamente la fórmula para gobernador y vice de Santa Fe postulada por el principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, compuesta por Manuel J. Menchaca y Ricardo Caballero.

A esa fundamental experiencia siguieron otras que permitieron sucesivas victorias radicales, tanto en las elecciones de gobernadores provinciales como de diputados nacionales. También aumentó considerablemente el número de legisladores socialistas. Y se acrecentó la participación electoral, que para 1914 llegó al 62,85% del padrón total, en tanto que en las últimas elecciones anteriores a la ley Sáenz Peña apenas había llegado al 5 por ciento.

Fue el preludio del triunfo de la fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna, en 1916, que logró imponerse pese a no contar con la participación de partidos (Socialista y Demócrata Progresista) cuyas respectivas y recientes historias los ubicaban frente al autonomismo, que jugaba una batalla capital para volver al poder.

A un siglo de lo que el eminente constitucionalista Juan A. González Calderón definió como "la obra política más notable que las cámaras del Congreso hayan realizado en nuestros días", conviene que los esfuerzos de un presidente decidido a romper con un sistema pernicioso y caduco no queden en el olvido, y que los ciudadanos, al pasar junto al monumento que lo recuerda en la diagonal con su nombre ilustre, reflexionen sobre el significado de su célebre sentencia allí esculpida: "Sepa el pueblo votar".

© La Nacion

El autor es presidente de la Academia Nacional de la Historia

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