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Un cambio de paradigma

Fernando Rodríguez
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29 de febrero de 2012  

Hace exactamente cuatro años, en la 51a. sesión de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Argentina planteó la necesidad de cambiar el paradigma en materia de drogas, y que se debía privilegiar la atención del adicto en el sistema de salud y dejar de perseguir penalmente a los consumidores.

Esa posición se asentaba en la premisa de que la política vigente -en el país y en Occidente, en general- de que la lucha contra el narcotráfico debía alcanzar con el castigo tanto a productores y vendedores como a usuarios de drogas había fracasado en su pretendida misión de reducir el consumo y el tráfico de narcóticos.

En los ámbitos académicos se reconocía entonces que en América latina la tendencia era la de reconocer que castigar al consumidor era contraproducente -porque absorbía demasiados recursos humanos gubernamentales que podían dedicarse a la lucha contra los "peces gordos" del narcotráfico-, y que tendía a establecerse una suerte de licencia para la descriminalización del consumo y la tenencia de drogas.

Incluso en los Estados Unidos, que impulsó el paradigma del total prohibicionismo hace cuatro décadas, han comenzado a cobrar fuerza los cuestionamientos a las políticas antidrogas de línea dura.

***

En agosto de 2009, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la incostitucionalidad del artículo de la ley de estupefacientes 23.737 en el que se castigaba la tenencia de droga para consumo personal -en un caso de tenencia de marihuana-, quedó allanado el camino para el avance de las fuerzas que proponían el cambio de paradigma.

Sobre la base de aquella idea central, y con el fallo Arriola de la Corte en la mano, un comité técnico convocado por el entonces ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, postuló, a nivel interno, la adopción de una nueva política de Estado en la materia, un plan quinquenal multiagencial, enfocado en la reducción de daños, que garantice la atención de adictos y consumidores en el sistema público de salud y ofrezca políticas de reducción de demanda y de la oferta con el aumento de la persecución al tráfico, sin criminalizar al consumidor.

Fernández, ahora como senador, será el alfil del Gobierno en el Congreso en el impulso de este cambio.

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