Tener cuidado

Orlando J. Ferreres
Orlando J. Ferreres PARA LA NACION
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12 de marzo de 2012  • 00:19

En julio de 1989, los precios al consumidor del Indec aumentaron un 197% en el mes, lo que implicó una inflación anualizada de 46.500.000 %, prácticamente la mayor del mundo hasta ese momento y posiblemente hasta hoy.

Se llegó a la conclusión de que el principal factor de esa hiperinflación había sido el gran incremento del gasto público unido a una falta de recaudación concomitante, lo que llevó a una necesidad irrefrenable de fondos por parte del Tesoro, es decir, a un déficit fiscal que llegó al 23% del PBI equivalente del mes de julio de 1989.

Por no tener acceso al crédito, el Gobierno apeló gradualmente al BCRA cuya Carta Orgánica era bastante permisiva, aunque también se abusó de la letra de la misma al no haber alternativas. Al no tener límites bien establecidos y claros, el organismo emisor se vio obligado a aportar al fisco enormes cantidades de billetes sin relación con la producción ni con ninguna variable, esto aún cuando los presidentes del BCRA estaban bien calificados.

Como la demanda de dinero por parte del público era muy pequeña, pues toda la población se desprendía despavoridamente de los Australes ya que tener dinero líquido significaba perder totalmente su capacidad de compra, el incremento de la emisión de billetes (la alícuota del impuesto inflacionario) tenía que ser muy grande (46.000.000%) pues la base de cálculo de este impuesto (el dinero líquido en Australes) era muy pequeña. Este proceso es lo que denominamos hiperinflación. La forma que tomaba esa emisión era diversa, ya sea por adelantos transitorios sin límites o el uso de reservas (que eran pocas) sin pagar la correspondiente partida de pesos (en aquel momento Australes) por parte del Tesoro. También se hacía cada tanto una Consolidación de Deuda, pasando los adelantos transitorios a un bono a largo plazo, con lo cual se podía emitir de nuevo el porcentaje de la base monetaria o recaudación que estaba permitido en la Carta Orgánica.

Fue tal la desesperación y la angustia de la población frente a ese proceso hiperinflacionario que tanto el Poder Ejecutivo que asumió en ese mes como el Congreso acordaron adoptar medidas muy drásticas aunque necesarias para que nunca de nuevo ocurriera este tipo de comportamiento monetario en nuestro país. El gobierno saliente tuvo que adelantar 6 meses la entrega del poder, al no lograr controlar la situación.

El Poder Ejecutivo elevó y el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Económica de 1989 que en su capitulo III determinó una nueva directiva para la Carta Orgánica del BCRA. Se cambió radicalmente el facilismo de la carta orgánica del gobierno de 1973, vigente hasta ese momento. Dicha carta de 1973 establecía un exceso de funciones para el Banco Central, que es como decir que no tenía ningún objetivo, ya que en última instancia podía hacerlo todo:

Según la Carta Orgánica (1973) vigente hasta 1989 el BCRA tendrá por objeto (entre otras funciones):

Regular el crédito y los medios de pago a fin de crear condiciones que permitan mantener un desarrollo económico ordenado y creciente, con sentido social, un alto grado de ocupación y el poder adquisitivo de la moneda.

Y agregaba en su artículo 4to: La actuación del Banco (Central) se ajustará a las directivas del Gobierno Nacional.

Con aquella Carta Orgánica, donde el Banco tenía múltiples metas y debía ajustarse a las directivas del gobierno nacional, se fue encaminando a la inflación y luego a la hiperinflación y el cambio de moneda cada vez más rápido (Peso Moneda Nacional, Peso Ley, Peso Argentino, Austral, Peso Convertible y Peso, en total se sacaron 13 ceros a la unidad monetaria).

El cambio drástico de regulación del BCRA de 1989 trataba de corregir estos comportamientos inflacionarios. Con un ejemplo, que nunca representa exactamente lo que se quiere decir, se trató de explicar mejor la nueva lógica detrás de la fuerte reforma de la Carta Orgánica de 1989. El Banco Central podría verse como el equivalente de un Tesorero de una empresa que tiene que lograr la liquidez necesaria para el normal funcionamiento de la misma (estabilidad y liquidez de la economía), pero que no se le puede pedir a este Tesorero que sea también el jefe de ventas (mayor desarrollo), jefe de personal (mantener el empleo), relaciones institucionales (atender las emergencias y el sentido social) y jefe de exportaciones (lograr el equilibrio del sector externo). A nadie se le ocurriría darle todas estas metas a una sola gerencia de una entidad o empresa, pero eso había ocurrido con el BCRA.

Después de interminables discusiones en 1989 con expertos y políticos se concluyó que el BCRA tuviera un solo objetivo en materia monetaria (artículo 3 a) de la Ley 23.697 de septiembre de 1989):

"Otorgarle la independencia funcional necesaria para cumplir su primordial función de preservar el valor de la moneda" a lo largo de los años. Además se agregó un punto 3 b) que decía : establecer que el Banco Central de la República Argentina no financiará, ni directa ni indirectamente, al Gobierno nacional ni a las provincias mas allá de los límites que se establezcan...

La Ley de Emergencia Económica de 1989 fue votada por un periodo de 3 años por lo que tuvo vigencia hasta 1992 y allí fue reemplazada, sin mucha discusión, por nuevas leyes especificas para cada capitulo. En el caso que nos ocupa por la Ley de Carta Orgánica Nro. 34.144, que incorporó otros aspectos instrumentales además de artículos relativos a la convertibilidad. El objetivo único del BCRA (lo fundamental) preservar el valor de la moneda se mantuvo sin cambios.

Al tener como único objetivo la estabilidad, escrito en un enorme cartel a la entrada principal del BCRA desde 1989, la emisión espuria de dinero fue más difícil, aunque no imposible y la inflación fue cediendo gradualmente hasta que se logró el objetivo. La gente valoró como un bien público fundamental la estabilidad del valor del dinero.

Sin embargo, no se pusieron límites al gasto público consolidado, el que fue creciendo de una manera espectacular en la década del 90 y se fue haciendo cada vez más difícil de financiar, no atinándose a tiempo a adoptar una medida correctiva de la dosis necesaria por lo que se llegó al colapso de 2002, lo que implicó una corrección del gasto por licuación, aunque en este caso la inflación sólo llegó al 40 % anual, mucho menor que la de 1989.

En los primeros siete años de la década del 2000, el gasto público estuvo controlado, aunque creciente. Sin embargo, en los 3 últimos años de esa década y hasta el presente, dicho gasto público se fue acelerando y, en su expresión consolidada medida en dólares, superó por más del doble el nivel de fines de la convertibilidad. Casi lo mismo ocurrió si lo medimos en porcentajes del PBI, pues pasó de 28% en 2002 a 45% en 2011. Para cubrir la brecha con la recaudación se requirió estatizar el sistema de capitalización de los jubilados privados, luego se usaron fondos del Banco Central (Adelantos transitorios, ganancias contables, reservas pero sin comprarlas con pesos, Derechos Especiales de Giro del FMI).

En este año 2012, donde se venía pronosticando que no alcanzaría la recaudación del Estado para cubrir las necesidades del Tesoro, se está tratando en el Congreso una Ley para eliminar, duplicar o hacer mucho más débiles los límites al financiamiento monetario al fisco, y también se quiere volver a agregar varios objetivos simultáneos, similares a los que tenía la Carta Orgánica de 1973, que había llevado a la pérdida de la estabilidad.

Nadie es dueño de la verdad y por eso debemos ser muy cautos en las opiniones sobre estos aspectos relativos al dinero. A los que quieren cambiar estas regulaciones prudenciales les pedimos, con todo respeto, que reflexionen un poco. Piensen que es mejor tener reglas que no se puedan traspasar fácilmente, y es fundamental mantener el valor de la moneda. Los empresarios saben cómo cubrirse de la inflación y aún ganar dinero en ese ambiente de sálvese quien pueda, pero la gente común de la calle no tiene defensa. No los empobrezcan, protéjanlos. Los límites se están relajando y así fue en las experiencias de alta inflación, se fue cayendo en eso gradualmente.

Y si estos cambios finalmente se aprueban, queda por los menos como última esperanza, el prestigio de la Presidencia del Banco Central, que va a tener que luchar por la estabilidad de la moneda y no emitir más dinero que el necesario para la evolución de la actividad económica compatible con un aumento del nivel general de precios similar al internacional.

El BCRA debe ser independiente, pero naturalmente debe actuar en armonía con el Poder Ejecutivo, aunque tampoco puede financiar cualquier déficit fiscal. La inflación de 46.000.000% anual de julio de 1989, mucho peor que la de la crisis del 2002, tiene que hacernos reflexionar. Estamos lejos de eso, pero no podemos volver a ese camino gradualmente y tropezar otra vez con la misma piedra, no podemos cometer el mismo error otra vez.

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