El ímpetu de una nación unificada

Miguel Ángel De Marco
Miguel Ángel De Marco PARA LA NACION
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25 de mayo de 2012  

Apenas concluida la batalla de Pavón, en la que se enfrentaron los ejércitos de la Confederación Argentina y de la provincia rebelde de Buenos Aires –17 de septiembre de 1861–, el general vencedor, Bartolomé Mitre, a la vez gobernador de esta última, debió convencer al ala más dura de su gabinete y a la mayor parte de la opinión pública porteña sobre el error de imponer a través del triunfo la sumisión lisa y llana a los demás Estados argentinos. El panorama era difícil, pero Mitre resumió sus ideas con una frase contundente: "Debemos tomar a la República Argentina tal cual la han hecho Dios y los hombres, hasta que los hombres, con la ayuda de Dios, la vayan mejorando".

Si bien acordó con el general vencido, Justo José de Urquiza, su momentáneo retiro de la vida pública, el gobernador de Santa Fe, Pascual Rosas, prefirió combatir antes de renunciar a sus principios, aún después de que el presidente Santiago Derqui abandonase el país rumbo al Uruguay.

En pocos meses Mitre consiguió que las provincias delegaran en su persona las atribuciones del Poder Ejecutivo Nacional, paso indispensable para convocar al Congreso federal que debía sancionar las leyes necesarias para la reorganización de la República.

Mientras marchaba por esa senda, sus generales, enviados al interior para sostener los resultados de la victoria, protagonizaban episodios de inusitada violencia, como la matanza de Cañada de Gómez (22 de noviembre de 1861), en que Venancio Flores sorprendió mientras descansaban a las fuerzas nacionales de caballería que dos meses después de la derrota aún deambulaban por campos desolados, y los crueles atropellos en las provincias del Noroeste perpetrados por las tropas a las órdenes de Wenceslao Paunero.

En enero de 1862, el general Angel Vicente Peñaloza, estanciero y patriarca de los Llanos de La Rioja, que se hallaba retirado en su hacienda de Guaja, recibió el pedido de ayuda militar del general Octaviano Navarro y del gobernador de Catamarca, Molina, quienes habían sido alejados de sus respectivos mandos. Marchó con los jinetes del denominado "Ejército del Noroeste" que aún comandaba, pero si bien obtuvo un pequeño triunfo contra los santiagueños hermanos Taboada y sitió la ciudad de San Luis, decidió someterse "al gobierno nacional, representado hoy por el brigadier general don Bartolomé Mitre por encargo de todas las provincias" a cambio de una amnistía que comprendiera a todos sus hombres a fin de que pudieran volver a sus hogares.

Mitre había presentado el 6 de febrero de 1862 un proyecto ante la Legislatura porteña por el cual se lo autorizaba a aceptar la delegación de las provincias y se lo facultaba para convocar al Congreso. Además, se aceptaba que la tesorería de Buenos Aires pagase los gastos nacionales. Luego de duras discusiones, el general logró su propósito. Lo mismo ocurrió con la cuestión de la capital de la República. Buenos Aires pasaba a serlo de hecho, pero sus senadores se preguntaban en qué condiciones y hasta cuándo.

Ahora Mitre debía preocuparse de fijar el modo, forma, objeto y extensión en que las atribuciones acordadas debían efectivizarse, y dispuso el 12 de abril que la autoridad delegada se ejerciera bajo la denominación de "gobernador de Buenos Aires encargado del Poder Ejecutivo Nacional". Estaría limitada, en materia de relaciones exteriores, a mantenerlas sin comprometer la soberanía de la Nación, y en el ámbito interno, a la conservación del orden público, a la observancia de la Constitución, a la percepción de las rentas nacionales a su cargo y a la atención de los asuntos de carácter urgente que pudieran sobrevenir.

El 15 de marzo, antes de ese decisivo paso, Mitre había convocado para el 12, 13 y 14 de abril a elecciones de diputados y senadores en todas las provincias argentinas, sin perjuicio de trasladar los comicios a jornadas cercanas en aquellos casos en que no pudieran cumplirse en las fechas indicadas. También había fijado el 25 de mayo, día de las glorias patrias, para la solemne apertura del Congreso en Buenos Aires.

El 24 de mayo de 1862, ambas cámaras del Congreso Nacional se reunieron en el local de la Legislatura de Buenos Aires, ubicado en Perú 272. La de diputados eligió presidente a Pastor Obligado, y el Senado nombró a Marcos Paz, quien renunciaría meses más tarde y sería reemplazado por Valentín Alsina. Los legisladores del interior, a varios de los cuales la prensa localista calificaba de "urquicistas acérrimos", aunque algunos no lo fueran, alquilaron casas modestas en las proximidades del Parlamento, con el objeto de residir con sus familias o solos, en cuyo caso compartieron gastos, pues las dietas apenas alcanzaban para comer.

El 25, Mitre presentó su mensaje al Congreso, precedido de un discurso en el que declaró cumplida la misión que le habían encomendado los pueblos; puso en sus manos, con sus poderes, los destinos de la patria, y exhortó a los legisladores a realizar tareas "tan arduas como gloriosas y fecundas": "Porque tenéis que consolidar con mano firme el edificio conmovido de la nacionalidad argentina, después de medio siglo de luchas sangrientas, de ensayos malogrados y de dolorosos infortunios; porque tenéis que fundar el gobierno de la libertad en el orden, el gobierno de la confraternidad de los pueblos, y de la justicia para todos; en una palabra, el gobierno de la verdad, que es el gobierno de Dios en la tierra". El Parlamento aprobó su conducta como encargado del Poder Ejecutivo el 5 de junio y declaró que había "merecido bien de la patria".

Casi de inmediato ambas cámaras se abocaron al tratamiento de un tema candente: la acefalía del Poder Ejecutivo Nacional. Luego de un arduo debate sobre la interpretación de la Constitución, que demostró posiciones encontradas en el Senado y la Cámara de Diputados, se decidió convocar a comicios para la designación del presidente y vicepresidente de la Nación dentro de los tres meses de sancionada la ley respectiva. Las elecciones se practicaron entre el 27 de agosto y el 7 de septiembre, según cada provincia. Mitre fue nombrado por unanimidad, no así el candidato a vicepresidente, Marcos Paz, que logró menor cantidad de votos. El Congreso realizó el escrutinio el 5 de octubre, proclamó dicha fórmula y fijó el 12 de octubre para la asunción. Aquel día, luego de nueve años en que Buenos Aires, segregada de sus hermanas, vivió alejada de la Confederación, después de dos batallas —Cepeda y Pavón, en las que se derramó copiosamente la sangre argentina—, ambos prestaron juramento ante el Congreso según lo establecido por la Constitución.

Mientras tanto, ambas cámaras habían comenzado a considerar el espinoso tema de la sede de las autoridades nacionales. Los debates trasladaron su calor a la prensa y repercutieron en toda la ciudadanía. Estaban en puja dos corrientes bien definidas. La primera, con el mismo Mitre a la cabeza, pretendía federalizar la provincia de Buenos Aires. La segunda sostenía que la Capital debía estar fuera de la ciudad portuaria. En el Parlamento campeaba esta última idea. Surgieron como posibles sedes San Fernando, San Nicolás y Rosario, que se prestó entusiasta a serlo.

La Comisión Constitucional y Extranjera de la Cámara de Diputados se había inclinado, con la disidencia de los legisladores mitristas, por una fórmula de transacción: la federalización de la ciudad de Buenos Aires, aceptada tras arduos debates.

El apoyo que Mitre brindó a esta salida acentuó la división del partido liberal en dos grupos: el nacionalista, que tenía como lema anteponer la Nación a la provincia, y el autonomista, que sostenía los fueros de Buenos Aires por sobre los del país unificado. Las posturas de ambos grupos quedaron evidenciadas en el debate que se generó en las cámaras de la provincia y marcó un rotundo fracaso para los seguidores de Mitre. Este, que había recibido las renuncias de sus ministros Costa y Riestra, opuestos a la decisión del Congreso, propuso la "federalización temporaria" del municipio de Buenos Aires, con la amenaza de no aceptar la presidencia de la República si se le negaba lo que pedía.

En un proyecto redactado en común por sus opositores, en que se cuidaron las palabras para evitar mayores conflictos, quedó establecido que "la ciudad de Buenos Aires es por cinco meses residencia de las autoridades nacionales con jurisdicción en todo su municipio". Pero para conformar a los porteños se permitía que el municipio nacionalizado mantuviera su presencia en la Legislatura provincial; que la provincia administrara su banco y su ferrocarril y contara con su propia justicia. Los nacionalistas dieron a la nueva norma el nombre de "Ley de compromiso", y los autonomistas, "Ley de residencia". El texto fue enviado por Mitre al Parlamento el 30 de septiembre, y una vez aprobado por ambas cámaras lo promulgó el 7 de octubre, para asumir la primera magistratura con tan serio problema aparentemente resuelto.

A pesar de los años transcurridos desde la sanción de la Constitución Nacional, aún no se había logrado constituir la Corte Suprema de Justicia. El aún encargado del Poder Ejecutivo Nacional promovió la sanción de una ley que organizara el Poder Judicial. Iniciada y aprobada por el Senado, fue largamente considerada por la Cámara de Diputados, que recién la sancionó el 13 de octubre.

El Congreso también procuró cimentar la suerte de los poderes nacionales. Por una ley del 22 de julio, dispuso que el Poder Ejecutivo entrase en inmediata posesión de los objetos que según la Carta Magna pertenecían al gobierno nacional y estaban bajo su jurisdicción en todo el territorio argentino.

Durante ese primer año de deliberaciones, se sancionaron, entre otras leyes destinadas a consolidar las instituciones y el desarrollo argentino, la que encomendaba la redacción del Código Civil a los doctores Dalmacio Vélez Sarsfield y Eduardo Acevedo, la que regulaba las tarifas postales, la que autorizaba la construcción del ferrocarril de Rosario a Córdoba, la que impulsaba la navegación del río Bermejo, la que ordenaba levantar un censo general de la población argentina, la que fijaba los haberes de los miembros de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Nación, las que disponían caminos y otras obras públicas en Santiago del Estero y Santa Fe, las que autorizaban contratos de inmigración y donación de tierras, las que nacionalizaban los territorios fuera de los límites y posesiones de las provincias, etcétera. Una decisión del Congreso fue autorizar el gasto de 5000 pesos fuertes para la construcción de su propia casa, inaugurada dos años más tarde y cuyo pórtico y recinto aún se conservan dentro del edificio de la Administración Federal de Ingresos Públicos, con la custodia de la Academia Nacional de la Historia, que lo mantiene con las características con que funcionó entre 1864 y 1905.

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