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Podría garantizarse el haber mínimo a ex afiliados a AFJP

La Corte habilitó la presentación de recursos de amparo a quienes podrían reclamar ese ingreso
Silvia Stang
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7 de junio de 2012  

La Justicia dio un paso en beneficio de quienes cobran prestaciones previsionales originadas en el eliminado régimen de capitalización que no tienen ninguna participación del Estado en su financiamiento.

La Corte Suprema dispuso que se revea una decisión por la cual, tanto en primera como en segunda instancia, se había rechazado considerar una acción de amparo presentada por un beneficiario de una pensión por invalidez, que busca que se le garantice cobrar el haber mínimo mensual, hoy de $ 1687. Ahora, al tener que aceptarse como válida esa vía, una nueva resolución judicial deberá resolver sobre esa pretensión.

El reclamante, Raúl Tolosa, cobra una pensión por invalidez bajo la modalidad de una renta vitalicia que contrató con la compañía de seguros Nación Retiro. Como, por la elección que había hecho y el período en el que trabajó solamente había aportado a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) -sin contribuciones al sistema de reparto-, la regulación dispone que no está cubierto por la garantía de no cobrar menos que el haber mínimo.

El caso cuenta con algunos antecedentes en los que sí se había dado lugar a recursos de amparo en primera instancia, favoreciendo a los reclamantes. El caso de Tolosa, en cambio, llegó a la Corte tras un recurso de queja, según explicó el abogado Guillermo Jáuregui, ya que tras la respuesta negativa al recurso por parte de la Sala I de la Cámara Federal de la Seguridad Social, se rechazó un recurso extraordinario ante el tribunal supremo.

Ahora, con un nuevo fallo, podría ocurrir -como en otros casos- que se obligue a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) a poner el dinero equivalente a la diferencia entre lo cobrado y el haber mínimo actual y el que se vaya disponiendo, mediante las subas dadas por la ley de movilidad.

La decisión de la Corte, según comentó Jáuregui, está en línea con lo que había sostenido el dictamen de la Procuraduría. Lo que resuelve, agregó, es habilitar a quienes cobren menos que el mínimo a presentar una acción de amparo.

El texto firmado por la procuradora fiscal, Marta Beiró de Goncalvez, señala que los jueces camaristas no ponderaron los argumentos del denunciante, "que hizo saber que el planteo de inconstitucionalidad llevado adelante tiene estrecha conexión con sus posibilidades de subsistencia", ya que el ingreso tiene una naturaleza considerada netamente alimentaria. Por eso, Goncalvez opinó que "corresponde hacer lugar a la queja y declarar procedente el recurso".

Exclusión

El pedido de inconstitucionalidad -que no fue tratado por la Corte- se refiere a un artículo de la ley 24.241 que garantiza el haber mínimo a los beneficiarios del régimen de reparto y a los de capitalización "que perciban componente público", excluyendo de esa manera a los que no tienen ese aporte estatal.

Una de las cuestiones argumentadas es la arbitrariedad de lo fijado por las normas, por establecer una fecha de corte según el año de nacimiento: el Estado participaba del financiamiento de los haberes de quienes habían nacido antes de 1963 siendo varones o antes de 1968, siendo mujeres.

No es el único tema en que la Justicia se expide sobre las prestaciones que cobran ex afiliados a la capitalización. Hay al menos tres juzgados de primera instancia que les dieron la razón a jubilados que reclamaron un recálculo de sus ingresos en función de la fórmula de reparto. Otros jueces rechazaron tal planteo. En rigor, el sistema no tuvo jubilados "puros" (es decir, sólo con aportes a las AFJP), ya que estuvo vigente durante 14 años y se necesitan al menos 30 de aportes para acceder a la jubilación.

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