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Inseguridad sin límites

Es deber de las autoridades actuar frente a la creciente ola de violencia, en vez de minimizarla por conveniencias políticas
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25 de junio de 2012  

Un quiosco de Palermo fue asaltado 15 veces en los últimos tres años; cada vez se conocen más casos de motochorros que, a plena luz del día y en varios puntos de la ciudad, rompen los vidrios de los autos para llevarse lo que hay dentro, y crece una tendencia temeraria: las "entraderas", en las que las víctimas del delito son llevadas hasta sus domicilios para asaltarlas.

En todos esos casos, hubo personas que fueron tomadas como rehenes o amenazadas a punta de pistola. Muchas resultaron tan golpeadas que terminaron en un hospital.

Ante esta situación cotidiana, hace pocos días, el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, afirmó: "En la Capital Federal, la verdad es que no recuerdo cuándo fue el último caso de robo seguido de muerte". Más allá de la mala memoria del funcionario, pues el 14 de abril pasado asesinaron en Caballito a Carlos Escobar, oficial de la Policía Metropolitana cuando intentaron robarle su automóvil, resulta irritante que se pretendan minimizar los delitos por el solo hecho de que las víctimas sigan vivas.

Es más, si de policías se trata, en el país, en lo que va del año, ya mataron a 18 uniformados de la Federal, la Metropolitana y la bonaerense. Si esa proyección se mantiene hasta fines de 2012, es decir, si resultasen asesinados 36 policías, se convertiría en la cifra más elevada desde 2003, año en que murieron a manos de delincuentes 62 servidores públicos.

La falta de datos oficiales sobre la inseguridad en el país, ya no sólo en la Capital, ha venido siendo una constante de los últimos años, en los que ni siquiera el tema fue incluido en alguno de los tantos discursos públicos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Negar la realidad o enmascararla con deliberadas omisiones y datos falsos no la borra; por cierto, la torna más peligrosa.

Los datos se conocen diariamente por medio de comentarios de las víctimas y de sus allegados. Por temor a represalias o por desconfianza en que finalmente se encuentre a los culpables, muchos de esos hechos no llegan a ser denunciados. Es la "cifra negra" del delito, que las autoridades admiten conocer muy bien en privado, pero que se cuidan mucho de filtrar en público.

Con sólo recorrer los diarios, cualquiera puede tomar nota de que fueron sometidos a "entraderas" el ex camarista Gustavo Mitchell, en Recoleta, y la familia del técnico de fútbol Jorge Burruchaga, en Belgrano, sólo por citar dos casos recientes de personas conocidas.

En Avellaneda, muy cerca de la Capital, al amigo personal del vicepresidente Amado Boudou, José María Núñez Carmona, investigado en la causa que tiene como epicentro a la empresa Ciccone, le sustrajeron la camioneta dos menores de 15 y 17 años.

También en el Gran Buenos Aires, el hijo del empresario harinero José Morixe fue tomado cautivo por tres delincuentes cuando circulaba con su auto y llevado a su casa en San Fernando, donde los asaltantes tomaron de rehén a su familia.

En Bella Vista, sometieron a una "entradera" a una docente y a sus dos pequeños hijos. Cuando los ladrones se vieron rodeados por la policía, tomaron a la familia de escudo humano para poder escaparse de la casa.

Los ejemplos de ese tipo de asaltos no se acaban en esa pequeña enumeración. Sin embargo, no han sido los más trágicos.

A fines del mes pasado mataron a siete personas en apenas una semana en la provincia de Buenos Aires, entre ellas, a Raúl Donadío, ex juez de menores de Lomas de Zamora.

La participación de menores de edad en varios de esos hechos ha llevado al ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian a advertir que "hay niños fuera de todo control social, que son mano de obra sumamente barata, que están haciendo de choferes para los robos de vehículos", especialmente en ese distrito, aunque estimó que un solo factor no determina la violencia que impera hoy en el país. Arslanian prefirió señalar la falta de una política contra la exclusión social y la marginalidad, y, entre otras cosas, la deficiencia del sistema penal en vigor.

Arslanian, junto con Eugenio Zaffaroni, Federico Pinedo, Ricardo Gil Lavedra y María Barbagelata, integran la comisión de reforma del Código Penal a la que la Presidenta encargó idear esos cambios.

Será una oportunidad muy importante para intentar hallar una salida a la creciente criminalidad a la que se ven expuestos los ciudadanos. Pero semejante tarea, sin embargo, llevará tiempo. En el medio, se deberá contar con decisiones políticas y judiciales acertadas para evitar que esta realidad, de tan repetida, se convierta en invisible a los ojos de quienes siguen teniendo las herramientas para combatirla.

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