Uruguay investiga a la sociedad que maneja Ciccone

Le pidió a la Argentina datos de Alejandro Vandenbroele por una sociedad offshore
Hernán Cappiello
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26 de junio de 2012  

La justicia uruguaya abrió una investigación sobre la empresa que controla a la ex Ciccone Calcográfica . Por ese motivo le pidió a la justicia argentina datos de la causa en la que aquí se investiga al vicepresidente Amado Boudou por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.

Los uruguayos están interesados en Alejandro Vandenbroele, el director y cara visible de la Compañía de Valores Sudamericana, tal el nombre con el que opera la nueva Ciccone Calcográfica.

En las últimas horas, llegó de Montevideo, vía cancillería, un oficio en el que un juez uruguayo le pidió a su colega federal argentino Ariel Lijo –a cargo del caso Boudou– información sobre Vandenbroele.

En el oficio uruguayo no hay mucha más información, excepto que la carátula de la causa es "Banco Central/su denuncia".

No obstante, fuentes con acceso al expediente dijeron a LA NACION que la justicia uruguaya investiga las diversas sociedades que intervinieron en el proceso de levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone. Las que les interesan a los uruguayos son las que están radicadas en ese país como Dusbel SA, una empresa formada por el contador uruguayo Fernando Castagno Schickendantz, que luego la vendió a un estudio argentino.

Schickendantz, junto con su secretaria Janine Gómez Suárez, figuran como socios fundadores y únicos dueños de Dusbel SA en el legajo de radicación abierto ante la Dirección de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. En ese expediente también aparecen un apoderado, Albert Chamorro Hernández, y un flamante presidente, Daniel García.

Dusbel SA desembarcó dentro de The Old Fund, la sociedad holandesa que controla la nueva Ciccone desde el 29 de octubre de 2010, dos días después de la muerte del ex presidente Néstor Kirchner. Pero inició los trámites de radicación en el país casi ocho meses después, en junio de 2011.

Según los documentos que presentó Vandenbroele ante una escribana el 29 de octubre de 2010, Dusbel SA adquirió el 50% de las acciones que hasta entonces monopolizaba el fondo holandés Tierras International Investments CV, que figura como ya disuelto en el Registro de Comercio de Amsterdam. Aun así, se repartieron las acciones de The Old Fund, que controla el 70% de la nueva Ciccone.

Constituida en 2010 con un capital social de 400.000 pesos uruguayos –unos 20.000 dólares al tipo de cambio de entonces–, el domicilio de Dusbel SA en Montevideo, la oficina "D" del segundo piso del edificio situado en Circunvalación Durango 1492, frente a la plaza Zabala, se repite en por lo menos otras quince sociedades comerciales registradas durante los últimos años.

Dusbel SA aportó $ 2,4 millones, cuyo origen no detalló, y logró que la Inspección General de Justicia (IGJ) aceptara su ingreso dentro de The Old Fund SA sin siquiera estar radicada en el país.

En esa línea, los apoderados legales de Dusbel SA sólo iniciaron de manera formal su radicación en el país, como "trámite especial", el 17 de junio de 2011. Lo hicieron ante la Dirección de Personas Jurídicas bonaerense, según consta en su legajo 1/184530.

Así The Old Fund, que al comenzar el proceso para quedarse con la ex Ciccone estaba dividida entre el fondo holandés (98%) y Sergio Martínez (2% restante), terminó repartida 50 y 50 por ciento entre ese fondo holandés y la uruguaya Dusbel, cuyos verdaderos dueños se desconocen.

La justicia argentina estudia si el exhorto cumple con las formalidades y detalles como para ser respondido. En principio, la información enviada por Uruguay sería insuficiente, por lo que pedirían una ampliación antes de responder.

La Cámara pidió la causa para evaluarla

La causa Ciccone, en la que se investiga al vicepresidente Amado Boudou, fue solicitada por la Cámara Federal con cierta urgencia para su evaluación. En consecuencia, el expediente bajó desde el tercer piso de los tribunales federales de Retiro, donde está el juzgado de Ariel Lijo -a cargo del caso-, hasta el segundo, donde está situada la Cámara Federal.

No es sólo una mudanza de papeles, sino que los ocho cuerpos del expediente van a ser analizados por los jueces de la Sala I del tribunal que debe decidir si confirma o no la validez del allanamiento realizado en el departamento del vicepresidente Amado Boudou en Puerto Madero. El procedimiento permitió establecer que las expensas de ese inmueble de una de las Torres River View, de Juana Manso 740, eran abonadas por Alejandro Vandenbroele, director de The Old Fund, la controlante de la nueva Ciccone Calcográfica. Vandenbroele también pagaba la TV por cable y el teléfono. Sin embargo, el vicepresidente siempre negó tener vínculos con él, y dijo que ese inmueble estaba alquilado a un abogado que vive en España.

Es clave el fallo que dicte la Cámara para el futuro del caso Boudou. Hasta ahora, los camaristas Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler intervinieron en la causa sólo para separar al juez Daniel Rafecas y sugerir que era inadecuada la actuación del fiscal Carlos Rívolo.

Todo hace pensar que el caso estará un largo tiempo en la Cámara, pues la audiencia para que los abogados y la fiscalía expongan sus argumentos fue citada para mediados de julio, justo antes de que comience la feria judicial de invierno.

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