Una falsa dicotomía

Félix V. Lonigro
Félix V. Lonigro PARA LA NACION
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17 de julio de 2012  

Los malvivientes que protagonizan y generan la ola de inseguridad que asuela a la provincia de Buenos Aires no distinguen entre víctimas de izquierda o de derecha ni tienen en cuenta la falsa dicotomía entre quienes se enrolan en las corrientes denominadas "garantismo" y "mano dura".

Tal como hoy se plantea esa disyuntiva, se supone que un garantista es alguien que tolera el delito, que de algún modo justifica a quienes lo cometen y que, si se trata de un juez, siempre aplica las penas y medidas procesales más beneficiosas para el reo. Por su parte, suele decirse que quien está consustanciado con la teoría de la llamada "mano dura" ve con buenos ojos la represión y el abuso policial. A su vez, todo esto se mezcla con ideologías políticas, porque los primeros suelen se considerados de izquierda, mientras que los segundos son identificados con "la derecha".

Sin embargo, la discusión no debería reducirse a semejante simplificación, y tampoco debería permitirse que el concepto "garantía" sea patrimonio de un partido político o un sector ideológico determinado.

En la ciencia jurídica, el término "garantías" es relativamente amplio. Con él se puede hacer referencia a los derechos y libertades que la Constitución concede a todos los individuos; a la seguridad jurídica que los habitantes debemos tener, en el sentido que nuestros derechos y libertades serán respetados (es una garantía, una seguridad jurídica, por ejemplo, que el presidente no pueda crear impuestos); así como también a las acciones legales que los habitantes tenemos a nuestra disposición para recurrir a un tribunal si alguien ha vulnerado o afectado alguno de nuestros derechos o libertades.

Es indudable que todos nosotros queremos tener y ejercer libremente nuestros derechos, contar con los medios legales necesarios para acudir ante la Justicia cuando necesitamos hacerlos valer y gozar de plena seguridad jurídica.

Precisamente, las garantías se han creado para que los gobernantes no se excedan en el ejercicio de sus atribuciones, o si lo hacen, para que existan remedios legales que nos permitan remediar esos excesos. En definitiva, las garantías están concebidas para proteger a los habitantes, y en consecuencia nadie puede estar en contra de ellas y por lo tanto todos deberíamos ser "garantistas".

Por su parte, ¿qué significa "mano dura"? ¿Que las autoridades a las que les corresponde mantener el orden no deben estar limitadas por las normas a la hora de hacerlo, y que debe prevalecer la "espada" por sobre la ley y la Justicia? Si éste es el contenido de la teoría conocida con el nombre de "mano dura", difícilmente un ciudadano o un gobernante comprometido con el Estado de Derecho y con la vigencia de la Constitución puedan estar de acuerdo con ella.

En cambio, si la denominada "teoría de la mano dura" propende a ajustar las riendas en materia de seguridad, a fortalecer la presencia policial preventiva en las calles, a sancionar leyes lo suficientemente estrictas como para disuadir a potenciales delincuentes, a restringir los beneficios procesales de quienes adoptan como forma de vida el incumplimiento de la ley y perjudicar a terceros, a que los jueces interpreten y apliquen las normas haciendo prevalecer el bienestar de la comunidad en general por sobre el individual del malhechor, entonces esa teoría es tan justa y necesaria como inadecuada su denominación.

Es que la expresión "mano dura", literalmente entendida, refiere al accionar de autoridades autocráticas y despóticas, que ejercen su autoridad sin contención legal, prescindiendo de las normas y de las formas que ellas imponen y cuyos límites no son otros que su propia voluntad. En cambio, el ejercicio del poder, por firme que sea, pero enmarcado en la Constitución Nacional y las normas dictadas en su consecuencia, es propio de países cuyos gobernantes entienden cuál es el sentido de su existencia: lograr el bien común y el bienestar general, objetivo de todo Estado.

Todos debemos exigir que los gobernantes ejerzan el poder sin vacilaciones y firmemente, pero también debemos velar porque lo hagan respetando las garantías constitucionales, es decir, los derechos y libertades de la población.

En definitiva, si pretendemos vivir en democracia y estamos convencidos de que es el mejor sistema político, debemos ser garantistas y, a su vez, partidarios de que los gobernantes ejerzan el poder con la máxima autoridad posible.

Pero identificar la palabra "garantías" con una ideología de izquierda o catalogar a quienes propugnan un fuerte liderazgo en el ejercicio del poder como partidarios de una ideología de derecha es provocar una confusión inadmisible que sólo distorsiona la realidad.

Cuando las disyuntivas son constructivas y conducen a una discusión sana y académica, bienvenidas sean; pero cuando están fundadas en preconceptos y premisas falsas, es indispensable evitarlas, ya que sólo generan odios y divisiones sociales contraproducentes para una convivencia adecuada.

© La Nacion

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