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Randazzo reconoció que hubo "anomalías"

Por las irregularidades, el Gobierno decidió rescindir el contrato por el control de la SUBE
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19 de julio de 2012  

El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo , confirmó ayer que en el contrato de concesión del control del sistema de boleto electrónico SUBE se registraron "anomalías" que lo llevaron a tomar la decisión de suspender ese servicio y los pagos por parte del Estado a una consultora británica.

Así, el funcionario tomó distancia de la estrategia defensiva que planteó el ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi , quien intervino en esa operación y que, esta semana, habló de una supuesta "estafa entre privados".

El caso y la investigación, tanto administrativa como judicial, se activaron luego de que tomó estado público una investigación exclusiva realizada por LA NACION que detalló diversas irregularidades en la puesta en marcha y aplicación del control de la SUBE.

Si bien Randazzo aclaró que la suspensión del contrato "no se tomó por una noticia periodística", reconoció que se hallaron "anomalías" por las que resolvieron dejar sin efecto la relación entre el gobierno nacional y la unión transitoria de empresas que integraban Global Infrastructure (GI), del británico Stephen Chandler (ver aparte), Ingeniería en Relevamientos Viales SA (IRV), Iatasa SA y González Fischer y Asociados (GFA). Estas últimas empresas desmintieron ayer las afirmaciones de Chandler.

"No lo suspendimos por una noticia periodística. Nosotros hemos asumido la responsabilidad de conducir el área de transporte hace 30 días. Empezamos a hacer relevamientos en términos generales y hemos encontrado algunas anomalías; nos pareció conveniente, en el caso específico de la supervisación del SUBE, suspender la ejecución del contrato y también aplicar la suspensión de los pagos", explicó Randazzo.

Como se recordará, Randazzo quedó a cargo del área de Transporte luego del alejamiento del ex secretario Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once. Fue durante su mandato cuando se otorgó el control del SUBE a la mencionada UTE.

El lunes pasado, Schiavi rompió el silencio en torno a las irregularidades constatadas , criticó a LA NACION y habló de supuestos "intereses" que "no querían que el SUBE funcionara".

El ex secretario afirmó que la suspensión del contrato se debió sólo a la denuncia de Marcela Ashley de no haber recibido pago alguno, cuando su nombre figuraba como contratada por una suma de 24.300 dólares. "Esa es la razón por la que el ministro Randazzo, con mucho tino, suspende el contrato", interpretó Schiavi, pese a que se registraron y se revelaron varias irregularidades más.

Para el ex funcionario kirchnerista, Ashley "es una persona (que figuraba como) contratada por estas consultoras", ante lo cual no dudó en vincular todo a "una absoluta estafa entre privados, porque los de las otras consultoras sacaron un comunicado que dice que no quieren saber nada con GI".

"Es una prestación de nombre. El Estado en esto no tiene nada que ver, es una estafa entre privados de las mismas consultoras, que cobran del Banco Mundial", indicó.

Desde el Banco Mundial aclararon que la entidad financiera "otorgó el préstamo para el proyecto, pero no formó parte de la ejecución" de éste.

Schiavi también relativizó que se haya elegido la empresa más cara. "El 80% de la calificación de la empresa va a la calidad y el otro 20% se le da a la calificación de la oferta económica –contó–. La de GI no fue la más cara ni la más barata. Fue elegida por conveniencia y precio." También aclaró que el Estado no tenía " capacidades para controlar el SUBE " por cuenta propia y por eso se convocó a un privado.

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