Convocan a una nueva conciliación obligatoria por el conflicto de Los Dragones

Lejos de cerrarse, el conflicto plantea un panorama incierto sobre cuál de las partes se responsabilizará del pago de los "días caídos"
Ana Tronfi
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8 de agosto de 2012  • 10:27

COMODORO RIVADAVIA - Con una nueva convocatoria a conciliación obligatoria cerró el lunes último por la noche la audiencia entre Los Dragones -ala disidente de la Uocra y autores de los destrozos y paralización del yacimiento Cerro Dragón - y la operadora Pan American Energy (PAE), en el marco de la mesa de negociación abierta por la Secretaría del Trabajo de Chubut.

Lejos de cerrarse, el conflicto plantea un panorama incierto sobre cuál de las partes se responsabilizará del pago de los "días caídos", es decir, las jornadas que dure esta nueva instancia de negociación.

La segunda conciliación dictada en el marco del conflicto tratará el futuro de unos 200 operadores de Los Dragones que mantienen por parte de la operadora prohibición para subir al yacimiento, ya que están señalados en una causa judicial como autores de los desmanes en el yacimiento más importante del país.

Otros 412 trabajadores, sin embargo y tal como se fijó en las audiencias, fueron covocados para el examen preocupacional. Tras la rescisión de los contratos a las empresas Contreras Hermanos y Skanska, principales empleadoras de Los Dragones, PAE se comprometió a reabsorber a este personal, también involucrado en el conflicto.

No obstante, ayer el secretario Legal y Técnico de Chubut, Miguel Montoya, acusó a Los Dragones de no presentarse a trabajar ni al preocupacional convocado por PAE porque les "es más fácil tener 600 personas en estado de incertidumbre en caso de que necesiten movilizar a la ruta. No les cae bien que, pese al conflicto, haya 400 que tengan garantizado el trabajo".

A fines de junio, el conflicto desatado en Cerro Dragón mantuvo paralizado el principal yacimiento del país y obligó a movilizar a la Gendarmería nacional para el desalojo de las instalaciones. Sin embargo, Los Dragones no solo permanecieron en el lugar sino que provocaron destrozos dentro de las instalaciones de Cerro Dragón.

En medio del conflicto, PAE rescindió los contratos de Contreras Hermanos y Skanska, dos contratistas que empleaban a la mayoría de Los Dragones, acusándolas de la falta de control sobre sus empleados.

Ayer, Contreras anunció que se constituyó como querellante en la causa abierta por los desmanes en el yacimiento. Oscar Ayestarán, asesor legal y vocero de la empresa, dijo que "el objetivo es esclarecer a fondo la verdad de los hechos, lograr que quede bien claro y limpio el nombre de Contreras Hermanos".

Y agregó: "al conflicto con Los Dragones no lo pudo controlar Gendarmería ni la Policía, ya que había gente armada. ¿Quién va a pretender que una empresa que presta servicios petroleros pueda controlar semejante desmadre?". Aseguró que "vamos a colaborar en todo lo que sea necesario y suficiente para dejar bien deslindada la figura y la trayectoria de Contreras Hermanos que para nada está vinculado a un hecho de esa naturaleza".

Sobre el pago de días caídos al personal involucrado en el conflicto, durante el período de conciliación, explicó que "en principio ninguna contratista está en condiciones de afrontar salarios sobre contratos inexistentes. Es imposible para Contreras hacerse cargo de 200 personas".

El lunes por la noche, en tanto, se dio por terminada la última audiencia en el marco de la conciliación obligatoria, luego de que Pan American Energy garantizara la incorporación en forma directa de 412 trabajadores a las firmas que realizarán el trabajo que hacían antes del conflicto en Skanska y Contreras.

El listado de los trabajadores que se reincorporarán fue publicado por los principales medios de esta ciudad. Sin embargo, según aseguró Montoya, hasta el lunes se habían presentado a realizarse los estudios preocupacionales solo alrededor de 50 personas.

En este sentido, Montoya aseguró que "esa debería ser su responsabilidad como trabajador para poder presentarse a que le den el alta y retomar los servicios" y aseveró que "queda claro que estas personas tienen un trabajo propuesto y que nadie los va a llevar por la fuerza a hacer la revisación".

Montoya reiteró que "se tomaron los recaudos necesarios para poner en un impasse de 15 días con remuneración a un total de personas sobre las que no se discutió su situación, tal como ocurrió con el resto de los trabajadores".

Dijo que la discusión ahora es sobre "un número aproximado de 204" personas "pero debe ser delimitado con mayor precisión para que las contratistas puedan tener en claro cuál es el universo y el costo para estas empresas desvinculadas con la operadora".

Montoya determinó que "la responsabilidad del Estado es ver de qué manera preserva la mayor cantidad de puestos de trabajo Cada uno sabe si pesa más lo que le diga el dirigente gremial o la propuesta laboral".

Por: Ana Tronfi

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