Determinará el Gobierno la ganancia del sector eléctrico

Fijará la rentabilidad de cada empresa sobre la base de sus costos; es el sistema que aplicaba Segba
Pablo Fernández Blanco
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25 de agosto de 2012  

El Gobierno avanzará durante las próximas semanas en un plan para modificar el funcionamiento de todos los eslabones del sector eléctrico. Así se lo adelantó ayer por la tarde el viceministro de Economía, Axel Kicillof, a un grupo de por lo menos 80 empresarios que fueron citados a la sede de esa cartera. Aunque desde la llegada del kirchnerismo la concepción desregulada del sistema fue dejada de lado, el objetivo ahora será eliminar cualquier vestigio del marco regulatorio concebido en los años 90 y asignar una rentabilidad determinada empresa por empresa a partir del análisis de sus costos.

El mecanismo se llama cost plus, según su denominación en inglés. Lo conocen muy bien los técnicos y ejecutivos que ingresaron en la actividad en los años 80 o antes, dado que es el mismo que aplicaba la eléctrica estatal Segba.

"Queremos que todas las empresas tengan una rentabilidad razonable", insistió ayer Kicillof. Lo secundaban Augusto Costa y Cristian Girard, dos jóvenes economistas que acompañan al viceministro y que, desde enero, comenzaron a pedirles información a las empresas del sector con especial énfasis en sus costos de producción.

Durante una hora y a partir de las 16.30, Kicillof explicó las líneas conceptuales del nuevo manual que guiará la actividad eléctrica.Varios de los asistentes revelaron a LA NACION que el funcionario sacó a relucir la pedagogía propia de su época de docente para denostar el marco regulatorio concebido por el ex presidente Carlos Menem y explicar por qué la remuneración sobre la base de los costos de las empresas se adapta mejor a la situación actual del país.

Por el lado del Gobierno, además del economista de La Cámpora, estuvieron el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno; el de Energía, Daniel Cameron y Roberto Baratta, coordinador de Planificación y mano derecha de Julio De Vido. El arquitecto, uno de los ideólogos junto con el ex presidente Néstor Kirchner del esquema actual, no participó.

El jefe del gremio Luz y Fuerza, Oscar Lescano, fue el único que se atrevió a hablar de viva voz. Dijo que no pudo asistir al encuentro, pero que había sido invitado por Planificación, aunque tomó conocimiento de su contenido. El sindicalista se pronunció a favor del cambio: "Están hablando de que hay una expectativa de que haya renta. Eso me parece bien. Si no es muy difícil pedir aumentos de sueldo", celebró ante la consulta de LA NACION.

El modelo menemista para el sector eléctrico se asentaba sobre varios pilares. Uno de ellos era la remuneración "marginal", que premiaba a las generadoras más eficientes. Esto implica que la máquina con menores costos entraba en operaciones antes (las hidroeléctricas) y con ese criterio se avanzaba hacia las menos eficientes a medida que se incrementaba la demanda. A su vez, los precios se establecían para todo el parque generador de acuerdo con los costos de la máquina que se utilizaba al final.

La asistencia empresaria al encuentro con Kicillof fue amplia: estuvo timoneada por Marcelo Mindlin, timonel del Grupo Pampa; José María Hidalgo, de Endesa (Edesur, Costanera), y Fernando Pujals, de AES. El viceministro conformará una comisión para estudiar caso por caso la situación de las empresas. La secretaría estará a cargo de Patricia Charvay, la jefa de Gabinete de su equipo.

Es un movimiento similar al que desplegó a fines de julio, cuando creó la pomposa Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, un producto del decreto 1277, que intervino en el mercado. Su texto también habla de determinar la rentabilidad de las compañías de ese sector.

Según explicó Kicillof, prefiere alcanzar un acuerdo con cada una de las compañías antes que llegar a una modificación de la ley.

"Quieren [el Gobierno] estudiar empresa por empresa patrimonio neto más deuda financiera y quitarle activos redundantes. Sobre eso se calcula el capital y un retorno razonable", explicó con la mirada empresaria uno de los asistentes.

El viceministro también llevó tranquilidad a los empresarios en otro punto: tras el fantasma que les resulta el caso YPF, aseguró que no estaba en los planes del Gobierno ningún intento de estatización sobre las compañías del sector.

Los empresarios que asistieron al encuentro valoraron que el economista aceptara responder algunas preguntas. Entre ellas, de dónde provendrán los recursos para garantizar la rentabilidad de las compañías. Kicillof les dio a entender que es un problema suyo más que de los empresarios.

Los hombres de negocios desglosaron de sus palabras dos alternativas: el viceministro piensa en un ajuste de tarifas o en una reasignación de subsidios.

También hubo consultas sobre los plazos de aplicación del nuevo esquema, aunque no hubo respuestas del todo concretas. De acuerdo con uno de los empresarios que estuvieron en el encuentro, Kicillof reconoció que había empresas en situación de emergencia y les ofreció estudiar sus casos tan pronto le acerquen sus números sobre costos. Y dio señales de querer aplicarlo cuanto antes.

Casi como al pasar, Kicillof anunció formalmente que YPF controlará de aquí en más la importación de combustibles, que hasta ahora controlan Cammesa y Enarsa. La compra de combustibles es una de las principales sangrías de dólares que sufre el Gobierno y estaba controlada hasta ahora por De Vido.

Los números muestran los desbalances que provocó la intervención kirchnerista sobre un modelo pensado en términos desregulados. De acuerdo con números del sector, el costo promedio de Cammesa, la compañía mixta que hasta ahora administra el mercado, fue de $ 320 el megavatio, muy por encima de los $ 30 que se pagan en hogares, los $ 130 que pagan algunas industrias y los poco más de $ 200 del programa Energía Plus.

Los empresarios se quedaron con más dudas que certezas. El presidente de una compañía de generación se preguntaba sobre qué base se calcularía la rentabilidad, debido a que el patrimonio neto de su empresa había caído estrepitosamente desde la crisis de 2001.

Al menos hasta anoche, los empresarios no se ponían de acuerdo con respecto a la evaluación del anuncio. Algunos lamentaban la clausura definitiva de los 90. Otros celebraban que, después de nueve meses de silencio, uno de los hombres fuertes del Gobierno les garantizara que tendrían rentabilidad.

EL AUSENTE

JULIO DE VIDO

Ministro de Planificación

El "arquitecto" del modelo eléctrico no fue de la partida. Kicillof confirmó que le quitará las importaciones de combustiles a Enarsa.

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