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Acceso a la información: sin un derecho elemental

La sistemática negativa del Gobierno de responder los pedidos vinculados con la información pública del Estado vulnera todo principio democrático
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15 de octubre de 2012  

El pasado 28 de septiembre, con motivo de celebrarse el Día Mundial del Acceso a la Información, un importante grupo de organizaciones de la sociedad civil difundió un documento titulado "Tenés derecho a saber", en el que se destaca que "acceder a la información pública es un derecho constitucional", pero que la Argentina "no tiene hoy una ley nacional que lo reglamente para que pueda ser ejercido efectivamente", y que, "además, hay muy pocas normas provinciales o municipales en la materia".

El reclamo por un adecuado acceso a la información pública que respete los estándares internacionales y garantice el derecho a solicitar y recibir información de organismos de los tres poderes del sistema republicano, en los tres niveles del Estado –nacional, provincial y municipal–, se mantiene desde hace varios años.

Cuando Cristina Kirchner, en 2004, presidía la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, introdujo tantas modificaciones al proyecto de ley que ya contaba con la aprobación de la Cámara de Diputados, que terminaron por alejarlo del acceso a la información pública y acercarlo a un galimatías indescifrable que no pudo ser resuelto cuando fue devuelto para su revisión a la Cámara baja.

Pero ello no impidió que su marido, como presidente de la Nación, firmara el decreto 1172, que establece un régimen de acceso a la información a nivel del Poder Ejecutivo. Sin embargo, varias de las organizaciones que lo invocaron en sus pedidos de información a organismos del Estado debieron enfrentarse a trabas burocráticas, chicanas o cuestionamientos hacia la legitimidad del pedido, amañando interpretaciones de la norma para restringir su alcance.

En sus períodos de gobierno, el kirchnerismo no se limitó a impedir que se votara una ley en ese sentido sabiendo que, al negar el acceso a la información, estaba negando el acceso a la democracia. Por el contrario, fue más allá y manipuló la información del Estado, o bien para convertirla en una acción de propaganda oficial desde el programa Fútbol para Todos, o bien para transformarla en corrupción intelectual al falsear información pública desde organismos como el Indec.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros organismos, ha cuestionado seriamente los índices de inflación oficiales, mientras que el Gobierno silencia a consultoras independientes, cuyas mediciones revelan la falacia de aquellos números.

Tampoco escapa a esta cuestión la arremetida del Gobierno contra la prensa libre. Son todas caras de una misma realidad, tendiente a cercenar derechos. Mientras se procura acallar a los medios independientes, el gobierno nacional construye su propia cadena de medios afines, a los que ahoga en publicidad oficial, pero de los que no consigue mantener siquiera una mínima audiencia.

Las leyes de acceso a la información en el mundo son normas de sencilla instrumentación, porque no sólo parten del derecho de los ciudadanos a ejercer precisamente uno de sus derechos elementales, sino que también se basan en la obligación de los Estados a cumplir con los preceptos democráticos y los marcos republicanos.

Al negar el acceso a la información, el actual gobierno reemplaza un Estado que debería formar ciudadanía por un relato gubernamental que fomenta la ignorancia cívica.

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