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Un Gran Hermano para los políticos

Paula María Bertol
Paula María Bertol PARA LA NACION
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29 de octubre de 2012  

Eduardo Punset escribió hace unos años en El viaje de la Felicidad que los abusos de poder provocan infelicidad, y citó un interesante experimento realizado por los profesores Frey y Stutzer en Suiza: los índices de felicidad aumentan en función del mayor grado de participación individual de los ciudadanos en las tareas políticas. Si participar en política da felicidad, ¿por qué hay una tendencia creciente a no hacerlo? y, sobre todo, ¿por qué aceptamos el abuso de poder?, ¿por qué no nos interesamos en ejercer el control de los asuntos y decisiones públicas?

En las democracias representativas el poder indiscriminado se limita a través del control y, de todas las formas de control, la rendición de cuentas es el instrumento principal. Rendir cuentas, en el ámbito de lo político, significa que políticos y funcionarios públicos están obligados a informar y justificar sus decisiones en público.

La ley 25.188 de ética pública estableció en 1999 el régimen de declaraciones juradas, y en 2003 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto 1172/03, que propició el Reglamento General para la Publicidad de la Gestión de Intereses en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional, que sirve para registrar y dar publicidad a las reuniones entre funcionarios del Poder Ejecutivo con personas del ámbito privado que traten temas de interés público. Sin embargo, pocos rinden cuentas y pocos lo reclaman.

El Latinbarómetro revela que las actitudes hacia la política en América latina no han mejorado en los últimos años: el 49% vota por obligación. Los votantes han aumentado, aunque los niveles continúan por debajo del caudal de los años 80.

Tanto votar como informarse son actos que realizamos en soledad, pero ¿qué pasa con maneras más comprometidas de participación, como son las que se realizan junto a otros? El Sistema Nacional de Consumos Culturales indica que en 2001, momento de crisis y de mucha participación cívica, sólo el 5,8% intervino en los cacerolazos y apagones y un 5,5% en asambleas barriales. La misma fuente señala una declinación en la participación en partidos políticos, gremios, organizaciones culturales o estudiantiles; un 63,5% de los entrevistados dijo no estar interesado en participar en ningún tipo de organización.

Una democracia que no pide a sus gobernantes que rindan cuentas hace que lo público se convierta en privado y, en consecuencia, los actos de los gobernantes dejan de responder al interés colectivo. Y esos actos, más allá o más acá de a quiénes beneficien, hablan y se transforman en valores que se derraman sobre la sociedad que los hace suyos. ¿Qué mensaje enviamos cuando se entregan sin control millones a los amigos del poder, cuando un gobernante no explica su riqueza personal o deposita en el extranjero el dinero que la provincia le confía, cuando un ministro de la Corte se escuda en el gastado argumento de la conspiración en lugar de responder ante una falta, cuando es difícil recordar la condena de algún político del poder?

Recomponer el vínculo entre los ciudadanos y sus gobernantes es primordial para la calidad de la democracia. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Nuevas formas directas de participación del electorado? Tal vez. ¿Mejorar el funcionamiento de los partidos? Por supuesto. ¿Mayor rendición de cuentas?, definitivamente.

Si simplificáramos las formas de control y buscáramos sintonía con los tiempos que corren? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si recurrimos a Orwell y su Gran Hermano para que los actos públicos sean eso, públicos? ¿Aumentaría el interés ciudadano? ¿Si una cámara siguiera las reuniones de gabinete en lugar de registrarlas en actas que nadie lee? ¿Y las reuniones de comisiones? ¿Y el trabajo en la oficinas o en el bar de la esquina? ¿Se imagina viendo la cocina de las decisiones públicas que lo afectan? Si las cámaras sirven para prevenir los delitos en la calle, sin duda servirían para prevenir delitos contra el interés público.

Pero dejemos la ciencia ficción y volvamos a lo posible, que de eso trata la política. Desde la Comisión de Modernización del Funcionamiento Parlamentario de la Cámara de Diputados, integrada por miembros de distintos partidos, hemos ratificado el proyecto sobre Banca Virtual del diputado Alberto Balestrini (m.c.), que permite la participación directa del ciudadano en el debate en comisiones y la votación con carácter no vinculante, y estamos trabajando para abrir las puertas del Congreso y atender, con agilidad y trato amable, los reclamos ciudadanos en una Oficina de Atención Ciudadana.

No es suficiente. Sí, la Argentina no es Suiza ni Canadá y el camino es enmarañado, pero me alienta el sueño de que algún día la política deje de ser un juego de unos pocos con muchos espectadores tristes y desconfiados.

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