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El oficialismo consagró el per saltum

Por 135 votos contra 95, la Cámara de Diputados sancionó la atribución del Gobierno para recurrir directamente a la Corte en los casos de "gravedad institucional"; la oposición lanzó advertencias
Laura Serra
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15 de noviembre de 2012  

En su obsesión por doblegar al Grupo Clarín, en la batalla que libra por la ley de medios, el oficialismo logró ayer en la Cámara de Diputados la sanción de la ley que reglamenta el per saltum, una herramienta que le permitirá al Gobierno recurrir a la Corte Suprema evitando las instancias judiciales inferiores.

Lejos de discurrir en argumentos jurídicos, oficialistas y opositores se enfrentaron en un debate de neto corte político sobre la inminencia del llamado 7-D, por el 7 de diciembre, día en que vencerá la medida cautelar que favorece al Grupo Clarín para frenar la aplicación de la ley de medios. La oposición apabulló con sus discursos, pero el kirchnerismo ganó en la votación final, al imponerse por 135 votos contra 95.

El instituto del per saltum es un mecanismo jurídico por el cual la Corte Suprema puede avocarse a una causa judicial salteando las instancias inferiores. Si bien la ley la acota sólo a los casos de "gravedad institucional", el Gobierno no descartó que apele a ella para acelerar los tiempos en la disputa judicial que mantiene con el Grupo Clarín por la constitucionalidad de dos artículos de la ley de medios. Entre ellos, el 161, que obliga a los grupos mediáticos a desprenderse de algunas de sus licencias para adecuarse al cupo que impone la ley.

Con sinceridad descarnada, la diputada kirchnerista Diana Conti, presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, criticó estas dilaciones judiciales. "Esta cuestión de la justicia cautelar nos impone un debate sincero y no hipócrita. ¿Cómo es posible que el Poder Legislativo y el Ejecutivo, representantes del poder popular directo, pudieran ser impedidos en nuestra actividad institucional por el Poder Judicial, que tiene solamente un poder popular indirecto y delegado?", dijo. Según ella, la ley del per saltum "es un instrumento de defensa democrática". Aclaró que sólo se aplicará en las causas federales, "jamás salteando a los superiores tribunales provinciales".

Al cierre del debate, el jefe del bloque oficialista, Agustín Rossi, fue enfático en su crítica a Clarín: "Lo que intenta el Grupo Clarín es no cumplir la ley para seguir defendiendo su poder hegemónico y el poder que ejerció en los últimos 30 años para condicionar la democracia argentina". De todos modos, admitió que hasta ahora la demora en la aplicación de la ley de medios se debe a una decisión judicial, refrendada por la Corte.

La oposición no cuestionó la figura jurídica, aunque sí el uso político que, a su juicio, pretende darle el oficialismo. Denunció que el Gobierno pretende ejercer más presión al Poder Judicial, luego de haber denunciado a distintos jueces del fuero Civil y Comercial que tuvieron en sus manos el caso Clarín y a los miembros opositores del Consejo de la Magistratura.

Los opositores denunciaron que la plena aplicación de la ley de medios, a partir del 7-D, implicaría una mayor amenaza a la libertad de prensa. "Venimos en defensa de la pluralidad de voces, convencidos de que el Gobierno quiere construir un modelo comunicacional con pluralidad de dueños, pero con una única voz", advirtió el radical Mario Negri.

"¿Le vamos a dar al Ejecutivo una facultad cuasi judicial a las cuasi legislativas que ya tiene?", acicateó la diputada Natalia Gambaro (Frente Peronista), a lo que su colega Margarita Stolbizer (GEN) agregó: "Esta discusión se enmarca en un contexto de amenaza a las instituciones por parte del Gobierno, que se autoproclama omnipotente y avanza con trámites exprés en el Congreso".

"La discusión de esta ley se invalida cuando el ministro de Justicia advirtió que si la Corte no acepta el per saltum en la ley de medios se desataría un conflicto de poderes", indicó Pablo Tonelli (Pro).

Ni siquiera Felipe Solá, que suele acompañar al kirchnerismo, votó la ley. En cambio, el oficialista Jorge Yoma, que preside la Comisión de Justicia, votó a favor, aunque argumentó en contra: "Lo de la «gravedad institucional» fue siempre una herramienta usada por el poder para imponer una decisión, no para la tutela de los ciudadanos".

El cordobés Ernesto Martínez (Frente Cívico-FAP) le mandó un aviso al Gobierno. "Reconozco su astucia para embestir contra Clarín, pero cuidado que saltando y saltando puede llegar al abismo", advirtió.

Desde la Coalición Cívica, su jefe de bloque, Alfonso Prat-Gay, insistió en que "se está legislando, claramente, para el 7 de diciembre", mientras el radical Oscar Aguad enfatizó que el Gobierno, con esta ley, "impone un fenomenal cepo político para que no pueda regir la imparcialidad en las decisiones judiciales".

Contrapunto en la sesión

Dos visiones cruzadas de la nueva ley

  • "No me importa que esta ley tenga nombre y apellido. Estamos ampliando la democracia"

    Diana Conti

    Diputada kirchnerista
  • "Esta va a ser la ley Clarín, la ley del 7-D. Esto se inscribe en una contienda absurda"

    Ricardo Gil Lavedra

    Diputado - UCR
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