El tercer sector y el nuevo Código Civil

Arturo Prins
Arturo Prins PARA LA NACION
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16 de noviembre de 2012  

Estudioso de los conflictos, el jurista Remo Entelman decía que ellos surgen cuando excluimos al otro negándole valor, deslegitimándolo. Ocurrió con la reforma del Código Civil: fundaciones y asociaciones civiles fueron excluidas de la elaboración de normas que les atañen. La exclusión tiene antecedentes. En 2002, el Foro Social para la Transparencia propuso una reforma política, las Leyes de Mayo, como alternativa al "que se vayan todos": nunca fue considerada. Otras instituciones presentaron estudios para resolver el problema de la deuda pública: no se tuvieron en cuenta. La fundación Pro Vivienda Social instaló gas natural a 14.000 familias de bajos recursos, pese a la oposición de políticos: hoy más de 3 millones de familias siguen sin gas. La Fundación Metas Siglo XXI diseñó una red nacional de autopistas para evitar muertes y desarrollar la economía: el proyecto duerme en el Parlamento.

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal organizó una mesa redonda con jurisconsultos –Guillermo Ragazzi, Luis Calcagno y Gabriel Astarloa– para analizar las reformas al Código. Fui invitado para dar una visión del sector. Se apreciaron virtudes de la reforma, pocas por cierto ante el exceso de normas y controles de un Estado omnipotente frente a instituciones impotentes. Las audiencias públicas, único lugar de consulta, fueron maratónicas por el escaso tiempo para las exposiciones, que incluían a representantes de mutuales, cooperadoras, cámaras, consorcios y comunidades indígenas. De 900 inquietudes trasmitidas a los legisladores, ninguna tuvo respuesta.

En torno a la sustentabilidad, observé algunos artículos. El principal, sobre libertad testamentaria en favor del bien público. El Common Law consagra esta libertad en Inglaterra, Australia, Estados Unidos y otros países. América latina, a excepción de Costa Rica, la restringe. Así, ingleses o australianos no tienen obligación de dejar una parte de sus bienes a determinados familiares; los norteamericanos deben testar un tercio al cónyuge bajo ciertas condiciones y sólo los hijos menores tienen derecho alimentario sobre la herencia. Los legados al bien público en Estados Unidos llegan a 25.000 millones de dólares por año y en la Argentina son bajísimos, pues cuatro quintos de los bienes deben ir a herederos forzosos. Si bien el nuevo Código reduce este "derecho a la legítima" a dos tercios, la libertad testamentaria incrementaría los recursos.

El artículo 168 reformado establece que la asociación civil "no puede perseguir el lucro como fin principal", lo que implicaría que podría hacerlo como fin secundario. Se admite que una asociación pueda realizar alguna "actividad lucrativa" siempre que los ingresos se destinen al fin estatutario y no a sus miembros. La ley 25.239 aplica el impuesto a las ganancias a la fundación que realice actividades industriales o comerciales. Todos contrasentidos, por una imprecisión de lenguaje. La RAE define "lucrar" como "ganar, sacar provecho de un negocio", y "negocio" como "aquello que es materia de una ocupación lucrativa". El Código de Comercio declara acto de comercio a "toda adquisición a título oneroso de una cosa mueble o de un derecho sobre ella, para lucrar con su enajenación". Así, el comerciante lo es porque obtiene una ganancia que puede trasformar en patrimonio. Las fundaciones o asociaciones no pueden destinar ganancia a sus miembros. No hay concepto de lucro, sino superávit o beneficio, de manera que no podría impedírseles que realicen actividades legales de índole económica. Así habría que llamarlas, pues no son actividades comerciales, ni por tanto generan lucro.

Un artículo olvidado, el 1791, establece que no es donación "el servicio personal gratuito por el cual el que lo hace acostumbra pedir un precio". Habría que actualizarlo. Hoy estudios profesionales (abogados, contadores, arquitectos, etcétera) donan tiempo y talentos sin configurar la categoría de voluntarios, que es de personas. Una omisión: el Código no reconoce a la federación, entidad de segundo grado que integran fundaciones y asociaciones, ni a la confederación, de tercer grado, que agrupa federaciones. Precisamente en estos días se está constituyendo la Confederación de la Sociedad Civil, que aspira a representar al sector.

Este mes se desea cerrar el debate. Sería imprudente hacerlo.

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