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El proyecto de acceso a la información volvería a foja cero

Si el oficialismo no trata la iniciativa antes de fines de año, pierde estado parlamentario
Gabriel Sued
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20 de noviembre de 2012  

Sin el impulso del oficialismo, en los próximos días perderá estado parlamentario el proyecto de ley de acceso a la información pública, una herramienta legal que les permitiría a los ciudadanos obtener datos en poder del Estado y de entidades privadas que reciben fondos públicos.

Reconocido por varios tratados internacionales, se trata de un derecho constitucional, vinculado a la libertad de expresión. Pero hoy sólo está regulado para el ámbito del Poder Ejecutivo, por un decreto dictado por Néstor Kirchner, en 2003.

La última vez que el asunto se debatió en el Congreso fue en 2004. Dos años más tarde, el proyecto que había sido aprobado en la Cámara de Diputados perdió estado parlamentario. Fue después de que, a instancias de la entonces senadora Cristina Kirchner, la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado introdujo cambios inaceptables para los promotores del proyecto original.

La iniciativa que perderá estado parlamentario a fines de año había sido aprobada por el Senado en septiembre de 2010, sin el respaldo del oficialismo durante la votación en particular. Pero transcurridos dos años desde aquella sesión, la propuesta nunca llegó a tratarse en Diputados. La oposición, con mayoría hasta diciembre de 2011, no logró sortear el bloqueo del oficialismo: el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, el kirchnerista Gustavo Marconato, se rehusó a tratar el tema en comisión, por lo que la iniciativa nunca llegó al recinto.

Para evitar que la iniciativa pierda estado parlamentario, diputados de los principales bloques de la oposición reclamaron, el 16 del mes pasado, el urgente tratamiento de la iniciativa en las tres comisiones a las que fue girada, la de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia, todas presididas por el oficialismo. Ante una consulta de LA NACION, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista Diana Conti, se limitó a informar que no se haría lugar al pedido.

Ordenes

"Cristina Kirchner no quiere que haya una ley. Si no, le habría ordenado a su bloque el tratamiento del tema", dijo a la diputada macrista Laura Alonso, impulsora de la carta enviada a los presidentes de las comisiones. "Es una deuda que pone a la Argentina en una situación incómoda, ya que es de los pocos países de la región y del mundo occidental que no cuenta con una norma de este tipo", agregó.

En paralelo, la diputada Patricia Bullrich (Unión por Todos) propuso al resto de los bloques de la oposición reunir las firmas necesarias en favor del proyecto, como se hizo para rechazar una eventual reforma constitucional para habilitar una nueva reelección presidencial.

Gustavo Ferrari, del Frente Peronista, también cargó contra el oficialismo. "El hecho de que el Gobierno no haya impulsado la ley es consistente con la forma que tiene de ver la democracia: compartir información es compartir poder y este gobierno no comparte el poder", sostuvo. Alonso y Ferrari participaron el mes pasado de una jornada para impulsar la sanción de una nueva ley de acceso a la información. En esa actividad, la ex funcionaria kirchnerista Marta Oyhanarte, titular entre 2003 y 2009 del organismo encargado de la aplicación del decreto 1172/03, afirmó que la "decisión política" del Gobierno es "no dar información".

Crítico del funcionamiento del decreto del Gobierno, el director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Álvaro Herrero, advirtió que el decreto sólo se aplica a la órbita del Poder Ejecutivo. "Los otros dos poderes no se dieron una política de acceso a la información", alertó Herrero, en línea con el estudio presentado la semana pasada, que indica que el Congreso argentino ocupa el último lugar en el ranking de transparencia de los parlamentos de la región.

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