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Buenos Aires no necesita un casino

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12 de septiembre de 1999  

La terquedad digna de mejor causa con que el gobierno nacional sigue empeñado en que la ciudad de Buenos Aires tenga casino propio debe suscitar en la opinión pública el más enérgico rechazo. A los muchos signos de decadencia moral que la sociedad argentina exhibe en este tiempo se ha sumado la repudiable tendencia a promover la proliferación de establecimietnos destinados al juego, doblemente dañina en cuanto estimula en la población la fantasía de buscar el enriquecimiento por la vía más fácil y, a la vez, expone a los sectores más castigados por la pobreza a tentaciones que en la casi totalidad de los casos, no tendrán otro efecto que agravar su infortunada situación.

Lamentablemente, Lotería Nacional sigue haciendo oídos sordos a las manifestaciones desfavorables que ha merecido esa peregrina iniciativa y acaba de anunciar que continúan los trabajos para concretar el propósito de inaugurar un casino en Buenos Aires durante la primera semana del mes próximo.

La iniciativa no es otra cosa que la resurrrección, con variantes, de otra similar que fracasó hace un lustro, no obstante haber sido auspiciada por un decreto presidencial. En aquel entonces se trataba de un edificio en tierra firme y su instalación se vio frustrada por la mayoritaria y conjunta resistencia del ex Concejo Deliberante y de importantes sectores de la comunidad.

Lo que ahora se pretende impulsar es una sala de juegos aposentada en un barco amarrado en el puerto metropolitano o que saldrá a navegar por el Río de la Plata cuando las condiciones atmosféricas lo permitan. Una empresa privada estará _se anuncia_ a cargo de la concesión de tan pingüe actividad, siempre y cuando se atreva a correr el riesgo de invertir en una empresa de dudoso futuro, dada la cerrada oposición que ha generado.

El pleito en ciernes hizo eclosión hace pocos días, al ser difundido el dictamen emitido por procurador general del gobierno porteño, Ernesto Marcer, quien advirtió que ni bien ese casino comience a funcionar será clausurado. Las autoridades locales han hecho hincapié en que la determinación de instalarlo viola los principios esenciales del régimen de autonomía de la metrópoli y, además, está reñido con expresas disposiciones de su Constitución.

Mientras tanto, los inspiradores del proyecto arguyeron que el gobierno nacional no ha transferido a la ciudad la facultad de autorizar salas de juego y, al mismo tiempo, han apelado a los remanidos pretextos de que su funcionamiento contribuirá a la merma de los locales clandestinos, creará fuentes de trabajo y suministrará recursos genuinos para obras de bien público.

Pero las autoridades nacionales han omitido preguntarse si la ciudad de Buenos Aires necesita un casino para incrementar sus atractivos o si, por el contrario, puede prescindir de él, tal como ha venido ocurriendo hasta el presente. En ese sentido, no estaría de más recordar que no ha perdido vigencia el criterio tradicional de mantener apartadas del mayor conglomerado urbano del país ciertas modalidades de los juegos de azar consideradas perjudiciales para la salud moral y la seguridad económica de la población.

A pesar de que esas prevenciones emanan del más elemental ejercicio de sensatez, el gobierno nacional insiste en incentivar aún más las flaquezas explotadas mediante las salas de juego y de sus factibles servicios colaterales: la usura y la prostitución, e incluso la probabilidad de que sirvan para encubrir lavado de dinero proveniente de ilícitos más graves. Hay flancos débiles en la condición humana, no siempre dotada de la fortaleza moral necesaria para resistir con éxito ciertas atracciones que conllevan el peligro de la adicción. Lo acaba de probar la numerosa concurrencia que frecuentaba los casinos clandestinos allanados durante la semana que acaba de concluir, en Puerto Madero, por efectivos de la Prefectura Naval.

La sugestiva presencia de esos garitos es altamente demostrativa de que no se incurre en exageración alguna si se infiere que la adicción por el juego se incrementará en forma impredecible a partir del momento en que la ruleta, el punto y banca, el black jack, el póquer y los tragamonedas se pongan en movimiento, contando con el aval y la bendición del Estado erigido en explotador de las debilidades sociales ajenas.

Los garitos allanados funcionaban, inexplicablemente, en el corazón de la ciudad, a sólo metros de la Casa de Gobierno, con la ayuda de policías inescrupulosos que percibían, según los indicios recogidos, entre 2500 y 5000 pesos diarios como recompensa por su complicidad delictiva. El descubrimiento de este nuevo foco de corrupción policial agrega un motivo más de indignación y desconcierto en la población, que se siente cada vez más indefensa al comprobar que las fuerzas de seguridad albergan a un número tan alto de violadores de la ley.

En ese contexto de decadencia y corrupción, lo que menos se necesita es alentar en la población la proclividad al juego, cuyo efecto social desmoralizador es sobradamente conocido.

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