Crecimiento del narcotráfico

El Gobierno admite el arraigo de la droga en las zonas más vulnerables del país, pero negligentemente retacea recursos y planes para erradicar ese mal
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18 de enero de 2013  

El narcotráfico ha encontrado en las villas de emergencia , entre los más pobres e indigentes, el caldo de cultivo apropiado para seguir creciendo de manera extraordinaria en nuestro país. Así lo demuestra un relevamiento del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), que mostró, entre otras cosas, que para el 64,2 por ciento de los habitantes de villas y asentamientos en 2011 eran visibles en sus barrios los vendedores de estupefacientes. El sondeo fue realizado en la Capital, en el conurbano bonaerense y en veinte ciudades del interior.

La cifra, de por sí escalofriante toda vez que demuestra que la droga se comercializa de la misma manera que cualquier alimento o insumo básico, adquiere una dimensión imposible de ignorar si se tiene en cuenta que en 2010 ese mismo relevamiento había indicado que el porcentaje de habitantes de las villas que reconocía la existencia de vendedores de droga en sus barrios era del 48,5.

Seguramente fue la contundencia de esos números y la comparación entre ellos lo que llevó al secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, a admitir que compartía los datos de este último informe de la UCA. El funcionario también recordó que el año pasado se puso en marcha en villas y asentamientos un grupo especial de prevención para la lucha contra el narcotráfico. Efectivamente, en junio de 2012 el gobierno nacional lanzó en la ciudad y en el conurbano un plan que involucra a varios ministerios y que quedó en manos de la titular de la cartera de Seguridad, Nilda Garré.

El Gobierno pareció creer, entonces, que el mero lanzamiento de un programa ya había permitido controlar el avance del narcotráfico y, tal vez por ello, el acto oficial de lanzamiento, en la villa 15, sirvió para el festejo de militantes de La Cámpora.

Desde entonces, ha sido creciente el número de enfrentamientos entre bandas narco en las zonas más marginales, en ocasiones con la agravante de la muerte de personas inocentes, a veces menores de edad, que quedaron en medio de ellos.

Barrios marginales de Rosario y de otras ciudades de Santa Fe son también escenario del crecimiento exponencial del narcotráfico, al punto de que el propio gobierno provincial terminó por admitir que no había avances en la lucha contra ese mal y pidió la colaboración del gobierno nacional, que sólo sirvió para que los más altos funcionarios del Estado federal trataran de sacar réditos políticos, habida cuenta de que Santa Fe está gobernada por el socialismo.

También hacia fines de 2012, estadísticas elaboradas por dos fiscalías de juicio oral de Córdoba demostraron que en esa provincia los delincuentes roban para comprar drogas. Según ese informe publicado por la nacion, en barrios de la capital cordobesa, como el Maldonado, funcionaban más de veinte puestos de venta de droga en sólo cuatro manzanas, donde más de la mitad de los 85 homicidios que hubo en los primeros diez meses de 2012 respondieron a ajustes de cuentas entre bandas vinculadas con el narcotráfico.

Las esperanzas de que el plan Escudo Norte, un nuevo programa de radarización y control de tránsito aéreo lanzado en 2010 por la Presidenta, permitiera neutralizar aunque fuera en parte el ingreso de drogas, resultaron vanas: las provincias norteñas de frontera, desde Salta y Jujuy hasta Misiones, siguen siendo una gran puerta de entrada para el narcotráfico, que, en esos puntos, además, no vacila en mostrar sus códigos mafiosos a la hora de amenazar a quienes osen investigar.

Hace poco más de un año, como se informó en estas mismas columnas, en la puerta del Juzgado Federal N° 2 de Jujuy, a cargo del doctor Carlos Olivera Pastor, apareció misteriosamente una caja que contenía la cabeza de un hombre. No la calavera, como se había dicho inicialmente, sino la cabeza con piel, dentadura y cabello. Era septiembre de 2011 y, sólo en el primer semestre de ese año, el juzgado en cuestión llevaba más de 400 casos vinculados con tráfico de drogas.

El relevamiento de la UCA demostró, además, que en los núcleos residenciales de clase media, a diferencia de lo observado en los asentamientos, se mantuvo constante el porcentaje de personas que indicaron la presencia de narcos en sus barrios, casi sin diferencia entre el 21,8% medido en 2011 y el 21,2 % registrado en 2010.

Queda claro que el narcotráfico y los delitos conexos afectan en mayor proporción a los ciudadanos más humildes y que en los barrios más relegados, concretamente en las villas, la droga es una compañía permanente y ha llegado a ser parte de la vida de todos los miembros de una familia, ya sea porque consumen o porque comercializan en los llamados quioscos de la droga.

Semejante estado de situación es el mejor resultado que podían esperar los grupos narcos en su constante tarea para adaptarse socialmente al terreno en que operan. Exactamente como lo hicieron en las favelas brasileñas.

Lo expuesto tiene varias causas, pero fundamentalmente una: la ausencia del Estado. La ausencia del Estado en primer lugar para contener el permanente florecimiento de villas y asentamientos ilegales en todo el país y, ante esa evidencia, para evitar que esos lugares se conviertan en tierra de nadie o, mejor dicho, en territorio narco. Intendentes y gobernadores son el primer eslabón de la cadena del Estado, pero es el gobierno nacional el máximo responsable de aplicar políticas para combatir este grave problema.

Mientras el Estado gasta enorme cantidad de fondos y energías para intervenir en numerosas áreas de la actividad privada, los sectores más necesitados a los que el Gobierno se ufana de defender y proteger de supuestos monstruos internos y externos están a la deriva. Los organismos encargados de llevar adelante políticas de prevención del narcotráfico, elaboración de estadísticas y tratamiento de adictos, en tanto, han venido padeciendo sistemáticamente la falta de recursos para concretar con éxito esas tareas.

El Gobierno debe hacerse cargo de su clamoroso fracaso, poner sus intereses político-partidarios a un costado e instrumentar estrategias que, al menos, permitan detener el avance de un mal que a diario se cobra vidas o las arruina definitivamente desde muy temprano.

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