El Estado acepta empresas creadas por muertos

La IGJ descubrió cientos de casos, pero no los denuncia

24 de febrero de 2013  

Julio González constituyó Dushambe Business SA el 26 de octubre de 2007 y asumió como director suplente. Así se presentó ante la Inspección General de Justicia (IGJ) el 5 de noviembre. Parecía que estaba apurado: fue por trámite urgente. Pero su prisa se extendió por unos días más. Y el 29 creó Prestaciones Kalinta SA, que el 27 de diciembre se presentó ante la IGJ, también urgente. El pequeño pero insalvable problema es que González llevaba 21 meses muerto.

Como González, hay miles de personas que figuran vivas en los archivos del ente de contralor societario que depende del Ministerio de Justicia. La IGJ detectó más de 600 sociedades que ampliaron su capital, modificaron su domicilio o incluso se constituyeron con personas fallecidas hasta 15 años atrás. Mucho peor que González. Aun así, por razones políticas, la IGJ no tomó medidas contra la mayoría de esas sociedades, a las que sólo en ciertas ocasiones denunció ante la Justicia, según reconstruyó LA NACION.

La información surgió de registros oficiales y de fuentes del organismo estatal. La desidia de la IGJ sobre esas sociedades fantasma se debe al temor a toparse con otro "caso Skanska", con proveedores de facturas truchas, sobreprecios y presuntos sobornos, o con empresas de fantasía como las que sirvieron para el cobro de subsidios irregulares en la Oncca, según relataron fuentes del organismo.

En esa línea, un amplio porcentaje de las sociedades constituidas por muertos son "consultoras", con objetos sociales amplios, en tanto que los fallecidos figuran inscriptos ante la AFIP en ese rubro. Más aún, en la mayoría el difunto apareció como se presidente, para después cambiar las autoridades y desaparecer del Boletín Oficial. Es decir, prácticas habituales entre las usinas de facturas falsas para la evasión de impuestos y el ocultamiento de pagos de sobornos.

La inacción oficial derivó incluso en algunos casos insólitos, como los de sociedades que personas que presentaron trámites con personas muertas 18 años antes. O la participación de difuntos en múltiples firmas a la vez, con el caso extremo de uno que apareció en nueve distintas cuando ya llevaba muerto 13 días (de lo que se informa por separado).

El hallazgo de esas sociedades, sin embargo, fue el fruto de un proceso de depuración que entre fines de 2011 y principios de 2012 llevaron adelante los técnicos de la IGJ, el organismo a cargo de regular la vida y los movimientos de las sociedades comerciales y entidades civiles en la Ciudad de Buenos Aires y de armar el Registro Nacional de Sociedades. Ese esfuerzo de sus técnicos permitió detectar más de 24.200 sociedades activas en los que aparecían fallecidos como miembros de directorios y consejos de administración, es decir, funciones en las que debían firmar documentos de esas sociedades.

La diferencia entre ambos grupos es que en el universo más amplio, las 24.200 entidades presentaron algún trámite con todos sus miembros vivos, pero luego uno de ellos falleció sin que se informara el deceso a la IGJ, ni se designó a otra persona en su reemplazo. En el mejor de los casos, por desidia o porque la firma se desarmó en los hechos.

En el segundo grupo, derivado del primero y con poco más de 600 firmas, en cambio, el fallecimiento ocurrió antes de que alguien presentara el trámite de la sociedad con su rúbrica ante la IGJ, es decir, a sabiendas de que el muerto estaba ya bajo tierra.

La IGJ reportó a la prensa en marzo de 2012 sobre el hallazgo de las sociedades con irregularidades, con una fuerte repercusión mediática, pero con un conteo preliminar que cifró en 22.000 entidades. Adelantó que se encontraba "analizando los casos para determinar las sanciones y denuncias".

Un año después, ese proceso que debería concluir con la aplicación de multas o la nulidad -es decir, la muerte jurídica- de las firmas sospechadas aún es incipiente. Uno de los casos que ya concluyó con una resolución ejemplar fue el de Etapa Griega SA (ver aparte). Pero otras sociedades siguen activas, como las dos en que aparece el señor González. No se denunciaron ante la Justicia, no se las sancionó y ni siquiera figuran con un trámite sumarial abierto.

La existencia irregular de esas entidades debería también ser informada a la unidad antilavado (UIF) y a la AFIP, ya que, según muestran los antecedentes históricos, estas firmas son instrumentos habituales para el lavado de activos y la evasión. Pero no existen constancias de que haya existido esa comunicación.

Sin embargo, LA NACION obtuvo una copia de un listado preliminar de las sociedades que deberían estar bajo la lupa. Las irregularidades resultan notorias en el más acotado grupo de las 600 sociedades comerciales y entidades civiles que presentaron algún trámite ante la IGJ cuando uno de sus integrantes ya había fallecido.

Ése es el caso de la empresa de transporte Distribuidora Varietales SRL, que existe y funciona, pero que presentó una declaración jurada en 2011 en la que omitió consignar que tres de sus socios, Carlos Cozzarin, Ramón Martínez y Ricardo Muñoz, habían fallecido cuatro, cinco y seis años antes.

Otro difunto con notable protagonismo es Guillermo Sigilberto Puebla -muerto en mayo de 1998-, que intervino en por lo menos una treintena de sociedades bajo la órbita de la IGJ sospechadas de ser apenas "empresas fantasma" -entre ellas, Codymar SA y Ancira SA- bajo la coordinación del escribano Rubén Erviti, quien fue despojado de su matrícula en junio de 2005. Puebla, incluso, quedó pegoteado a una causa penal por diferimientos truchos de impuestos en La Rioja. La firma perdió los beneficios fiscales. Pero a Puebla no le importó: llevaba años muerto.

TEMAS EN ESTA NOTA