Un avance sobre la autonomía porteña

Por Julio De Giovanni Para La Nación
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11 de octubre de 1999  

EL 17 de junio, la Legislatura porteña declaró por unanimidad que la instalación de casinos en la ciudad es contraproducente para el desarrollo de una comunidad que debe expresarse en la cultura del trabajo, la solidaridad y el progreso colectivo. Al tiempo expresó su más rotundo rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional de autorizar el funcionamiento de un casino flotante.

Estamos ante otro acto del Poder Ejecutivo que persigue generar un negocio en jurisdicción de nuestra ciudad, desconociendo el legítimo derecho que, a partir de la reforma constitucional de 1994, tenemos de autogobernarnos y dictar como las demás provincias nuestras leyes en esta materia.

La primera razón es de tipo constitucional. Tiene que ver con la jurisdicción territorial sobre el Río de la Plata que la ciudad proclama por medio de su propia Constitución. Tiene que ver también con la jurisdicción que tiene en materia de regulación de juegos de azar. Ambos temas están suficientemente explicitados en la Constitución de la ciudad en los artículos 8, 9, 50 y 80.

Esta precisión de carácter constitucional, no ya solo de la Constitución de la ciudad sino también de la Constitución Nacional (artículos 5, 75 -inciso 30-, 123, 124, 129 y concordantes), del Código Civil y de la doctrina de la Corte, es la que limita las facultades del gobierno federal para promover iniciativas que excedan la jurisdicción nacional en la materia.

Como todo río en la República Argentina, el Río de la Plata pertenece a sus jurisdicciones costeras. Así, el dominio de los ríos pertenece a las provincias donde se encuentran y, en este caso, a la ciudad de Buenos Aires. Esto se fundamenta en el artículo 2340, incisos 3 y 4 del Código Civil, al establecer que los ríos, sus cauces, sus riberas internas (entendiéndose por tales la extensión de tierra que las aguas bañan o desocupan durante las crecidas medias ordinarias) quedan comprendidos entre los bienes públicos del Estado ribereño.

Por otra parte, el llamado control administrativo local es el que da a sus órganos de gobierno la facultad de habilitar los locales (el barco casino también lo es) en la jurisdicción de la ciudad autónoma.

Juegos de azar

La ley de creación de la Lotería Nacional le daba facultades que incluían la reglamentación de los casinos, autorizándose al Poder Ejecutivo a efectuar convenios con los gobiernos provinciales relativos a la explotación de los casinos existentes. Así, a través de sucesivas leyes convenio, las provincias fueron reasumiendo la administración de sus casinos.

Previendo tal situación, el constituyente porteño dicta la cláusula transitoria 19», que establece que la ciudad celebrará convenios con la Nación y con las provincias sobre la explotación y el producto de los juegos de azar de jurisdicción nacional y provinciales que se comercializan en su territorio.

A partir del reconocimiento de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires por la reforma constitucional de 1994, y del dictado de su propia Constitución en 1996, la hoy Lotería Nacional Sociedad del Estado se ha prolongado en forma anómala como un enclave subsistente de la autoridad nacional, para reglar materias que son de competencia de la ciudad e indiscutiblemente locales.

Esta interpretación, que proviene de normas constitucionales, se complementa con lo prescripto en el artículo 2069 del Código Civil, que al remitir los juegos de azar a la legislación local, termina de delinear el derecho argentino en la materia.

Hechos que avergüenzan

Recientes episodios, como el descubrimiento de casinos clandestinos que operaron en forma prolongada e impune en una zona céntrica denominada Puerto Madero y la ya demostrada irregular habilitación otorgada por el Poder Ejecutivo Nacional para el funcionamiento de un casino flotante en aguas del Río de la Plata, nos avergüenzan como ciudadanos de esta nueva comunidad política que es la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Tratan de imponernos un buque de 89 metros por 22, una réplica de las tradicionales naves casino que recorrían el río Mississippi a fines del siglo XIX, que cuenta con tres pisos destinados a salones de juego. Se ignora cómo y cuándo se realizó la licitación pública. Las autoridades de Lotería hablan de un concurso y del pago de un exiguo canon de 250.000 pesos. Como colmo de violación de competencias de la ciudad, la empresa concesionaria está ultimando los detalles para definir dónde instalará sus oficinas en tierra y la playa de estacionamiento.

Hay un dictamen de la Procuración de la Ciudad, que, coincidentemente con lo expuesto, llegó a la conclusión de que de formalizarse la apertura debería clausurarse el barco casino.

Gerentes de la empresa concesionaria y funcionarios de Lotería Nacional alegan con ligereza que nuestras críticas son una cuestión político-electoral. Nada más alejado de la realidad. Bueno es que sepan estos funcionarios públicos y privados que la declaración de la Legislatura del 17 de junio con cuya mención comienza este artículo fue votada por unanimidad. Es decir, por la Alianza, Nueva Dirigencia y el Partido Justicialista. Somos todos los porteños los que honramos la cultura del trabajo y no del juego.

Buenos Aires está construyendo su autonomía. Quiere una ciudad limpia, sin drogas y sin casinos.

Todos los funcionarios tenemos, según nuestra Constitución, mandato irrenunciable del pueblo de la ciudad de defender su autonomía. Que no quepan dudas de que lo haremos. © La Nación

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