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Entidades de abogados y jueces criticaron las reformas

La Asociación de Magistrados afirmó que son "inconstitucionales", al igual que el Colegio Público de Abogados de Capital, donde preparan un amparo judicial
Paz Rodríguez Niell
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10 de abril de 2013  

La reforma que anunció la Presidenta ya genera resistencias entre las organizaciones del mundo judicial: entidades de jueces y abogados sostuvieron ayer que algunos de los cambios propuesto s van en contra de la Constitución Nacional. Cuestionan, sobre todo, la modificación del Consejo de la Magistratura y el hecho de que los jueces y abogados sean elegidos por el voto popular en elecciones generales, y no por sus representados. En el Colegio de Abogados de la Capital el malestar es tal que anunciaron que ya empezaron a trabajar en la redacción de un amparo por si la reforma se aprueba.

La Asociación de Magistrados, máxima agrupación de jueces del país, prevé también un escenario de pelea judicial. "La Constitución dice que los jueces y abogados son representantes de sus pares y es el representado quien elige a sus representantes", sostuvo su presidente, Luis Cabral. Dijo además que la disminución proporcional de jueces en el Consejo "violenta el equilibrio entre los estamentos" previsto en la carta magna. De aprobarse la reforma, el Consejo pasaría de 13 a 19 miembros, pero los jueces seguirían teniendo tres representantes.

El presidente de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), que agrupa a jueces del interior, y el directorio del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires también hicieron cuestionamientos a los proyectos. Fueron la contracara de los elogios de ayer por la tarde de la procuradora Alejandra Gils Carbó y el grupo Justicia Legítima, que ella lidera.

Al mediodía, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, había encabezado un acto en el Palacio de los Tribunales. Estaba destinado a anunciar un plan de capacitación, pero el tema excluyente entre el público -decenas de jueces de todo el país- eran los anuncios de la Presidenta.

"Es la teoría del tero", le decía a un juez el líder del gremio judicial, Julio Piumato, otrora kirchnerista. "Se grita en un lado, pero los huevos se ponen en otro." Según él, las propuestas nada tienen que ver con el "justo reclamo" popular de una mejor Justicia. "En lugar de crear nuevos juzgados para acelerar, crean una cuarta instancia", se quejó.

Celebró, en cambio, el sistema de acceso por concurso a la Justicia, un tema que, en general, no recibió críticas, aunque sí irónicas invitaciones para que la Presidenta lo aplique también en el Poder Ejecutivo. Tampoco hubo jueces que cuestionaran -al menos en público- que sus declaraciones juradas fueran de más fácil acceso. En cambio, varios criticaron la reducción de las mayorías necesarias para seleccionar magistrados y someterlos a juicio político. "Es un disparate. Con esto se acaban las garantías que el Poder Judicial puede dar a las personas. Con la facilidad que va a haber para remover a los jueces, es muy difícil que puedan proteger a los ciudadanos", dijo el juez Miguel Caminos, ex presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados.

El cordobés Víctor Vélez, presidente de la FAM, afirmó: "Nosotros no estamos de acuerdo con la elección popular cuando los candidatos tienen que ir en las listas de los partidos políticos". Él representa a los jueces del interior, que no se rigen por el Consejo nacional, pero dijo a LA NACION que teme por el "efecto contagio" que puede tener en las provincias una reforma semejante.

El Colegio de Abogados de la Ciudad exhortó a la oposición a rechazar los proyectos, que -afirmó- "bajo el manto de medias verdades y formulaciones sesgadas sólo apuntan a demoler el control judicial de la administración". La entidad emitió un duro comunicado titulado "Hacia una Justicia arbitraria y parcial".

En cuanto al Colegio Público de la Capital, anteayer Jorge Rizzo, su presidente, advertía ya que se preparaba para llevar las eventuales reformas a la Justicia. No sólo por el Consejo; también por la limitación de las medidas cautelares contra el Estado. "Si no hubieran existido en 2001, hubiesen muerto muchas personas que presentaron medidas contra el corralito y el corralón. Afecta la defensa en juicio y el debido proceso", dijo.

Hasta ahora, los antecedentes no son alentadores para quienes apuestan a una solución en la Justicia. La Corte todavía tiene pendiente resolver el pedido de inconstitucionalidad de la reforma del Consejo de 2005.

Apoyo de Justicia Legítima

Los miembros de Justicia Legítima, agrupación afín al kirchnerismo, reiteraron ayer su apoyo a las reformas judiciales. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, referente del sector, aseguró que el proyecto de democratización de la Justicia "vale la pena, porque apunta a que la Justicia esté verdaderamente al servicio de la comunidad".

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