El kirchnerismo se volvió conservador

Fernando Laborda
Fernando Laborda LA NACION
La fuerte limitación de las medidas cautelares en juicios contra el Estado también coartará la posibilidad de la población de protegerse frente a abusos de poder de las autoridades
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16 de abril de 2013  • 20:42

Si un juicio laboral por despido demora hoy en promedio unos tres años en la ciudad de Buenos Aires, después de la reforma judicial que impulsa el kirchnerismo , podría llegar a extenderse hasta cinco años. A esa estimación llegan especialistas en derecho del trabajo, al examinar las consecuencias que tendría la creación de la Cámara de Casación en lo Laboral y Previsional que propicia el oficialismo.

Frente a ese cuadro de situación, es probable que un trabajador que reclama una indemnización por despido termine negociando con su empleador un acuerdo extrajudicial por un monto bastante inferior al exigido para no tener que esperar tanto tiempo hasta que llegue la sentencia definitiva y para cubrirse de una elevada tasa de inflación real que no suele ser reflejada totalmente en los fallos.

Este simple ejemplo revela que, lejos de defender a los sectores de menores recursos frente a los llamados "intereses corporativos" contra los que dice luchar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, la reforma judicial propuesta por el Gobierno termina perjudicando a quienes, según su discurso, pretendería proteger.

La fuerte limitación de las medidas cautelares en juicios contra el Estado también coartará la posibilidad de la población de protegerse frente a abusos de poder de las autoridades

La creación de la Cámara de Casación en lo Laboral y Previsional como tercera instancia judicial, antes de la Corte Suprema de Justicia, también derivará en una prolongación de cualquier demanda judicial futura de jubilados y pensionados para la actualización de sus haberes. A tal punto, que muchos de ellos podrían encontrar la muerte antes de que llegue la esperada reparación judicial.

La fuerte limitación de las medidas cautelares en juicios contra el Estado también coartará la posibilidad de la población de protegerse frente a abusos de poder de las autoridades, como lo han sido en el pasado el corralito y el corralón bancario.

Se trataría de un sistema de representación sumamente imperfecto

Por si esto fuera poco para demostrar que la denominada "democratización" de la Justicia que pregona el Gobierno tiene un contenido reaccionario bajo un envoltorio progresista, debe señalarse que el mecanismo de elección de los consejeros de la Magistratura ni siquiera establece la representación proporcional que existe para la elección de diputados nacionales. Los 12 jueces, abogados y académicos que integrarán el Consejo serían elegidos, si se aprueba el proyecto de ley, a través del viejo sistema de mayoría y minoría, por lo cual la fuerza política que obtenga más votos colocará ocho consejeros y la segunda se quedará con los cuatro restantes.

Se trataría de un sistema de representación sumamente imperfecto. Basta un ejemplo: si el partido A obtiene el primer puesto con el 35% de los votos y el partido B lo sigue con el 34%, el primero se llevaría el 75% de los cargos en disputa y el segundo, el 25%. Se trata de un sistema que aún hoy se aplica en algunas provincias para la composición de las legislaturas y que con frecuencia termina consagrando poderes hegemónicos, incluso sin que la fuerza dominante alcance una mayoría absoluta de los votos.

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