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La Corte Suprema y el poder político

Por Héctor José Tanzi Para La Nación
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25 de octubre de 1999  

SE afirma con frecuencia que los jueces de la Corte Suprema nombrados en tiempos pasados fueron elegidos de partidos opositores o sin tener en cuenta su militancia política. Un estudio que venimos haciendo (*) nos permite advertir que ésa no fue la idea de los presidentes al proponer a estos magistrados, salvo casos excepcionales. Desde Mitre en adelante, los presidentes tuvieron en cuenta la amistad o la afinidad ideológica de los jueces a los que proponían para integrar la Corte, y esto no es lamentable cuando se compensa con la idoneidad de los candidatos.

Por otra parte, el esquema de poderes mantiene su equilibrio, puesto que los jueces son inamovibles mientras que el presidente tiene un mandato limitado en el tiempo. Los presidentes siguientes se encontrarán con jueces que pueden pertenecer a su concepción política o rechazarla, y deberán esperar a que se produzcan vacantes para incorporar jueces afines a sus ideas. En cuanto a la conformidad que debe prestar el Senado, no existió verdadero control sobre las condiciones de los candidatos.

En una ocasión, el Senado observó a José Domínguez, propuesto por Sarmiento para la Corte, no por sus condiciones, sino por ser cuñado de Salvador María del Carril, que también era juez del tribunal. Pero el presidente insistió y logró el acuerdo. El presidente Juárez Celman propuso a Salustiano Zavalía, que acababa de tener una exitosa gestión como interventor en Tucumán, donde desplazó a un opositor al gobierno. Se dijo que era un premio y el senador Aristóbulo del Valle negó el acuerdo, lo que produjo gran enemistad entre el legislador y el juez. Zavalía tenía cuarenta y nueve años cuando fue nombrado en la Corte, actuó un año y siete meses y se retiró jubilado.

De facto o de derecho

Un caso único protagonizó el juez Laspiur: pidió licencia en la Corte para asumir, con la anuencia del presidente Avellaneda, un ministerio en el cual estuvo casi dos años a pesar de los reclamos legislativos y periodísticos. Como sus aspiraciones políticas no se vieron satisfechas, retornó a la Corte. Roca, en sus dos presidencias, y Pellegrini, en su breve mandato, propusieron varios jueces para la Corte, todos adheridos al oficialismo. El juez Torrent, elegido por Pellegrini, pertenecía al mitrismo, concesión que no alteraba la uniformidad ideológica de la época.

El que no demostró preocuparse por la integración de la Corte fue el presidente Yrigoyen: dejó una vocalía vacante durante cuatro años y luego propuso a Ramón Méndez, juez de carrera. Alvear llenó cuatro vacantes en la Corte: tres con destacados partidarios de su tendencia; el cuarto, Repetto, configuraría la excepción, pues se dice que no lo conocía personalmente y lo propuso por sus antecedentes judiciales y competencia profesional. Los gobiernos que siguieron hasta el de Perón en 1946, nombraron jueces ideológicamente adheridos al conservadorismo de la época.

Perón apeló a un lamentable juicio político para destituir a los jueces de la Corte, y designar a otros que sumisamente aceptaran no sólo las nuevas posturas políticas sino que predicaron la doctrina nacional peronista como fundamento de las decisiones judiciales. A partir de entonces, cada gobierno, de facto o de derecho, reclamó sus propios jueces. El presidente Frondizi mantuvo dos jueces del gobierno militar y reemplazó a otros tres; además creó por ley dos cargos más, con lo que elevó el número de jueces de la Corte a siete.

El gobierno militar de junio de 1966 volvió a los cinco jueces, removió los anteriores y designó nuevos. El gobierno constitucional de mayo de 1973 hizo lo mismo. El nuevo gobierno de facto de marzo de 1976, siguió igual procedimiento. Y el gobierno de Alfonsín designó nuevos jueces, con mayoría de su propia tendencia. Menem debió respetar a los jueces que encontró en la Corte, pero, elevando su número a nueve, logró una mayoría adepta.

Estos antecedentes acreditan que todos los gobiernos pretendieron tener jueces adheridos políticamente y que los presidentes no fueron imparciales en su elección. Esto explicaría por qué los jueces de la Corte, desde sus comienzos, elaboraron una jurisprudencia tendiente a privilegiar los poderes presidenciales, ya limitando la posibilidad de demandar al Estado, ya controlando el poder de imposición provincial, o aumentando el poder de policía nacional en perjuicio de las provincias, o facultando al Ejecutivo a una actividad legislativa cada vez más intensa, o recurriendo a la doctrina de las cuestiones políticas para no interferir o intervenir en conflictos donde estuviera en juego la autoridad presidencial, o permitiendo la legislación de emergencia, o legitimando los gobiernos de facto.

Dependencia del Ejecutivo

La unidad ideológica entre el Poder Ejecutivo y la Corte Suprema prácticamente no tuvo fracturas en la historia constitucional argentina. Sólo durante un período la Corte intentó enfrentar a un Ejecutivo de facto, entre 1943 y 1946, pretendiendo interpretar en qué casos podía legislar. Fue un fracaso, pues la Corte tenía el estigma de haber legitimado a los últimos dos gobiernos de facto. Era contradictorio que, si habían autorizado lo más, pretendieran limitar la posibilidad de legislar a ese gobierno que habían legitimado.

Para evitar conflictos, los gobiernos que siguieron definieron el problema nombrando jueces adictos. En consecuencia, la Corte estuvo emparentada con el Poder Ejecutivo y correlativamente favoreció el crecimiento de este poder. Al mismo tiempo, la Corte Suprema no asumió el poder constitucional que debió corresponderle y su relevancia política fue intrascendente. Los jueces que integraron la Corte, en general, fueron honestos, competentes y dedicados, algunos de gran saber. Pero un exceso de prudencia y la ausencia de jueces creadores del derecho los apartaron de las decisiones institucionales. Dependieron excesivamente de los ejecutivos. © La Nación

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