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Los planteos contra la reforma del Consejo ya tienen su primeras definiciones

Servini de Cubría negó un pedido de suspensión del sistema de elección popular de los consejeros y abrió un plazo para la respuesta del Estado; se excusó otro juez
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30 de mayo de 2013  • 11:47

La jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría, rechazó hoy un pedido de medida cautelar para suspender el sistema de elección popular de los consejeros de la Magistratura.

Sin embargo, la jueza abrió la acción de amparo y le corrió traslado de la demanda al Estado nacional, lo que en los hechos significa que en el corto plazo podría pronunciarse sobre la inconstitucionalidad o no de la ley de reforma, según informó el el presidente del Colegio de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo.

Rizzo, que había promovido la presentación a través de la organización Gente de Derecho, explicó a LA NACION que Servini de Cubría habilitó un plazo de cinco días, incluyendo sábado y domingo, para que el Estado nacional conteste la demanda. "No hay un rechazo, sino una postergación, por lo que no se puede presentar per saltum ante la Corte", definió el abogado.

"Dada la naturaleza de la acción, no corresponde expedirse por el momento con respecto a la medida cautelar intentada", escribió Servini de Cubría en su resolución, que tiene fecha de ayer y que, en los hechos, significa que hoy la convocatoria a elecciones populares para el Consejo de la Magistratura está vigente, consignó la agencia DyN.

Esta mañana también se supo que la jueza de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal María Rita Ailán se excusó de hacerse cargo de otra denuncia de Rizzo: un pedido de inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura.

Ailán había sido designada ayer para reemplazar a la jueza subrogante María Alejandra Biotti, quien semanas atrás falló en contra de otro planteo del Colegio de Abogados contra una de las leyes del paquete de reforma judicial, relacionado con la modificación del régimen de medidas cautelares.

"Esta reforma judicial es una papa muy caliente y nadie la quiere agarrar", se quejó a este diario Rizzo.

Planteos que podrían llegar a la Corte

Desde que la ley fue promulgada el lunes pasado ya recibió una veintena de cuestionamientos de jueces, abogados y partidos políticos, que hicieron presentaciones judiciales para impedir su aplicación en los fueros contencioso administrativo y electoral. Tan pronto se haya dictado el primer fallo, por vía de per saltum, el tema podría llegar al máximo tribunal.

LA NACION adelantó ayer que los jueces de la Corte, ante esta situación, se propusieron resolver las presentaciones tan "rápido" como les sea posible.

Como la reforma del Consejo plantea que los integrantes del organismo sean elegidos por el voto popular, en la Justicia saben de la premura de la situación: el 22 de junio vence el plazo para presentar candidatos para las primarias. No obstante, el máximo tribunal podría pronunciarse en contra de la validez de la flamante ley, incluso con los procesos electorales ya avanzados y hasta con el Consejo nuevo en funcionamiento. Lo urgente no sería toda la reforma, sino lo electoral.

La nueva ley prevé que los representantes de los jueces, los abogados y los académicos ya no sean elegidos por sus pares sino por el voto popular en elecciones generales. A juicio de las principales agrupaciones de jueces y abogados, esto es inconstitucional porque son los "representados" los únicos que pueden elegir a sus "representantes". También se cuestionó la integración prevista para el nuevo Consejo y las mayorías -menos exigentes- que serán suficientes para seleccionar candidatos a jueces y someter a los magistrados a juicio político.

Servini de Cubría y el apartamiento de Di Lello. La jueza federal con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría, también se pronunció sobre la excusación del fiscal electoral Jorge Di Lello, quien se apartó de un expediente contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura porque uno de los peticionantes de la inconstitucionalidad es la Asociación de Magistrados, de la que él fue directivo y actualmente es afiliado. Servini consideró que "no resulta imprescindible la participación del Ministerio Público Fiscal", y atento a que Di Lello "no objetó la competencia de este tribunal", entonces "corresponde seguir el proceso".

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