Entre el silencio, la ambigüedad y la resistencia pública

En Los judíos y la dictadura (Vergara), Hernán Dobry reconstruye la controversia que rodea al papel de las instituciones judías entre 1976 y 1983, y rescata el rol de algunos de sus miembros
Hernán Dobry
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30 de junio de 2013  

La actuación de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) durante la última dictadura sigue siendo un tema tabú dentro de la comunidad judía debido a las acusaciones que aún persisten de parte de los familiares de desaparecidos por el maltrato que recibieron, su silencio frente a los secuestros y su falta de autocrítica.

El desempeño de la DAIA tuvo como contraste la resistencia pública contra el régimen que realizaron el rabino Marshall Meyer y el periódico Nueva Presencia, dirigido por el periodista Herman Schiller, quienes terminaron fundando el Movimiento Judío por los Derechos Humanos (MJDH) en 1983, ante la pasividad de la institución.

La actuación del rabino y el periodista se tornó más relevante aún por la falta de ayuda de la DAIA a los familiares y al impacto que generó en la comunidad judía la política represiva del gobierno militar: entre 794 y 1500 de sus miembros fueron secuestrados, según las estimaciones que se tomen en consideración.

Cualquiera de estas dos cifras muestra la sobrerrepresentación que tuvo la comunidad judía dentro de los desaparecidos, ya que equivalen al 5% del total, si se toman como referencia las 30.000 víctimas reclamadas por los organismos de derechos humanos, y del 8,86% si se utilizan los 8960 casos documentados por la Conadep.

En tanto, la totalidad de los israelitas en la Argentina apenas alcanzaba las 300.000 almas, lo que implica un 1,07% de los cerca de 28 millones de habitantes con los que contaba el país en esos años.

Sin embargo, la mayoría de las víctimas judías no fue secuestrada por su condición religiosa, sino por haber formado parte de los sectores de la sociedad más perjudicados por la represión: profesionales, estudiantes, empleados y jóvenes de entre 16 y 30 años, según se desprende de un estudio estadístico realizado por este autor entre los desaparecidos de orgen judío.

El debate

La actuación de la DAIA frente a esta situación fue variando según las circunstancias. Si bien la institución realizó algunas denuncias públicas a través de los discursos de su presidente Nehemías Resnizky en las reuniones plenarias de la entidad, al mismo tiempo intentó silenciar las declaraciones en contra del régimen que hacían las instituciones judías del exterior (especialmente las de los Estados Unidos), aduciendo que ellos eran los únicos habilitados para hablar en nombre de la comunidad local y que nadie debía entrometerse en esos asuntos sin su consentimiento.

Al mismo tiempo, sus directivos presentaban listas con nombres de desaparecidos al ministro del Interior, Albano Harguindeguy, para intentar conseguir información sobre su paradero. Nunca recibieron una respuesta satisfactoria.

En cambio, sus pedidos fueron escuchados para los casos de los detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), ya que no sólo consiguieron que los notificaran sobre los lugares en los que se encontraban presos sino que, además, lograron obtener permisos para que diferentes rabinos pudieran prestarles asistencia espiritual.

Esta actitud contrasta con el trato que recibían los familiares de las víctimas cada vez que se acercaban a la entidad para solicitarles ayuda.En la DAIA eran atendidos por empleados (muchas veces en los pasillos) que los hacían esperar horas y los maltrataban verbalmente, al punto de que solían repetirles: "Eso le pasó porque no le dio a su hijo una educación judía".

En la gran mayoría de los casos, nunca más volvieron a recurrir a la DAIA y hasta el día de hoy guardan el dolor y la bronca de haber sido despreciados de esa forma. A esto se le sumó que en 1977 fue secuestrado Marcos Resnizky, el hijo del presidente de la institución, y su padre utilizó todos los recursos para rescatarlo y sacarlo cuatro días después hacia Israel.

Eso produjo un quiebre entre la DAIA y los familiares, ya que consideraron que para los dirigentes comunitarios había desaparecidos "de primera y de segunda", debido a que el esfuerzo que habían hecho en ese caso no era el mismo que con sus parientes.

Desde el primer momento de la dictadura, la institución se encontró en una encrucijada ya que, por un lado, debía hacer algo por los secuestrados pero, al mismo tiempo, necesitaba asegurar la continuidad de la vida comunitaria (colegios, sinagogas, clubes, cementerios) y contrarrestar los ataques antisemitas que proliferaron en esos años, por lo que no podía enemistarse con el gobierno militar.

Por eso, muchos de los familiares de las víctimas aún los acusan de haber sido cómplices, algo que el propio Meyer se encargó de desmentir y explicar que la inacción se debió más bien al miedo que reinaba en esos años.

La actitud de los dirigentes de la comunidad, además, está relacionada con la postura de Israel ante este problema, ya que hizo uso de la diplomacia silenciosa. O sea, buscó salvarles la vida a quienes corrían riesgo de desaparecer, pero sin hacer denuncias públicas internacionales contra la Argentina.

Esta actitud fue criticada por muchos familiares, en especial por el periodista Jacobo Timerman, pese a que logró recuperar su libertad gracias a las gestiones que Jerusalén realizó en su favor junto a los Estados Unidos.

A esto se sumó que el gobierno de Menajem Beguin se convirtió en uno de los principales proveedores de armas de los militares, con negocios que alcanzaron los 707,13 millones de dólares (1650,9 millones de la actualidad), algo que también fue condenado por los padres y madres de los desaparecidos.

Más allá de esto, Israel logró rescatar y sacar del país, al menos, a 400 personas (judías y no judías), que corrían riesgo de ser secuestradas por los militares o estaban presas a disposición del PEN.

De esta forma, ese país se convirtió en uno de los que mayor cantidad de gente salvó e, incluso, en el único Estado extranjero que fue habilitado para que sus cónsules visitaran a detenidos argentinos (de origen judío) que habían sido apresados por los militares.

La otra cara

La mayor resistencia pública contra el régimen dentro de la comunidad judía la encararon Schiller y su periódico Nueva Presencia, y los rabinos Meyer y Roberto Graetz, quienes formaron parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y se dedicaron a asistir y a aconsejar a los familiares de desaparecidos que recurrían a ellos tras los desplantes de la DAIA.

Ambos religiosos recorrieron las cárceles, ayudaron en la presentación de recursos de habeas corpus , denunciaron a la dictadura en el exterior y acompañaron a las Madres de Plaza de Mayo en muchas de sus rondas de los jueves.

Incluso, Meyer y Schiller fundaron el MJDH, que organizó la primera manifestación en la vía pública de la historia de la comunidad judía en la Argentina, el 24 de octubre de 1983, bajo el lema "Contra la discriminación y la plena vigencia de los derechos humanos", en la que congregaron a más de 10.000 personas frente al Obelisco.

En cambio, el rol de los rabinos ortodoxos se centró en prestarles asistencia espiritual a los presos a disposición del PEN, pero siguiendo el silencio oficial que imperaba en las instituciones centrales de la comunidad. Incluso, el Superior Rabinato de la AMIA prohibió a los religiosos que trabajaban para la entidad que concurrieran a cualquier tipo de manifestación pública.

Esto provocó suspicacias entre los familiares, que hasta el día de hoy siguen afirmando que no hicieron nada por ellos. A esto se suma que el gran rabino, Salomón Benhamú Anidjar compartió un almuerzo con el presidente de facto Jorge Rafael Videla junto a líderes de diferentes credos en la Casa Rosada y, luego, asistió a la ceremonia de casamiento del hijo del militar.

Algunos de estos hechos se vieron reflejados en las páginas de la prensa comunitaria judía, pero nada decían de la desaparición de centenares de judíos en manos de la dictadura, pese a contar con esta información. En este sentido, su actitud fue similar a la de gran parte de los medios nacionales.

Salvo algunos pocos artículos de la revista Tiempo, donde se denunciaban los secuestros, la mayoría guardó silencio frente a lo que estaba ocurriendo y se limitó a reproducir la voz oficial de la colectividad a través de los discursos de sus principales dirigentes.

El único que desentonó fue el periódico Nueva Presencia, fundado por Schiller el 9 de julio de 1977, que lentamente se convirtió en uno de los mayores luchadores por los derechos humanos en el país a través de las denuncias que realizaba.

Por sus páginas desfilaron políticos, miembros de los organismos de derechos humanos, Meyer y el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; se hablaba de los desaparecidos, de los ataques antisemitas contra las instituciones judías y hasta se opuso a la guerra de Malvinas cuando todos salían a vitorear la "gesta" realizada por el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri.

A su vez, su director acompañó a las Madres de Plaza de Mayo en el ayuno que hicieron en la catedral de Quilmes y publicó una foto junto a ellas, cuando nadie se atrevía a poner una imagen suya en la prensa.

Esta postura hizo que recibieran constantemente amenazas telefónicas y dos bombas en los talleres Palermo y Cogtal, donde se imprimía. Incluso, Schiller debió dormir durante varias temporadas en lugares diferentes por miedo a lo que podía llegar a ocurrirle.

Sin embargo, las mayores presiones fueron las de los líderes comunitarios, quienes intentaron bajar el tono a sus críticas y buscaron convencer a los anunciantes de que le levantaran las publicidades. No lo consiguieron, y Nueva Presencia no sólo continuó con su postura, sino que, además, logró llegar indemne hasta la vuelta de la democracia.

Pese a esto, todos los libros que hablan sobre la historia de la prensa argentina y sobre el rol de los medios durante la última dictadura militar en el país ni siquiera lo nombran y lo han condenado al olvido.

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