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EE.UU. opinará en el juicio con los holdouts cuando se lo pida la Corte Suprema de su país

El gobierno de Obama expresará su desacuerdo con el fallo en favor ?de los "fondos buitre" una vez que el alto tribunal trate la apelación argentina
Martín Kanenguiser
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26 de julio de 2013  

El gobierno de Estados Unidos se mantiene en contra del fallo de la justicia de Nueva York que favoreció a los holdouts , una posición que ratificará ante la Corte Suprema de su país cuando, casi con toda seguridad, le pidan otra vez su opinión.

Según supo LA NACION de fuentes diplomáticas, la administración Obama no cambió su postura respecto del caso que enfrenta al Gobierno con un grupo de " fondos buitre " y 13 inversores minoristas que reclaman el pago de US$ 1333 millones. Los ejes de la postura norteamericana tienen que ver con la interpretación que el juez federal Thomas Griesa y la cámara de apelaciones hicieron de la cláusula pari passu. En ambas instancias, los jueces sentenciaron que los acreedores en default tienen los mismos derechos que aquellos que entraron en los canjes de 2005 y 2010, y que aceptaron una quita en sus bonos.

Hoy se presentarán escritos de "amigos" de cada una de las partes; se prevé que los fondos Fintech y Gramercy y el Bank of New York lo hagan por la Argentina.

En diciembre pasado, tras el fallo de segunda instancia, el gobierno de EE.UU. indicó en un escrito que esa interpretación era "incorrecta". Además, advirtió que podía poner en riesgo otras reestructuraciones soberanas ordenadas, al favorecer a una minoría que se resiste a aceptar las condiciones del resto.

Asimismo, consideró que los tribunales deben respetar la ley de inmunidad soberana de los Estados Unidos (FSIA, por su sigla en inglés) y, por lo tanto, no ejecutar fallos sobre bienes soberanos fuera de EE.UU. Mientras que el Gobierno sostiene que se desprende del dinero para sus bonistas en Buenos Aires, a través de la Caja de Valores, para transferirlo al Bank of New York, los demandantes insisten en que, más allá de la ruta que tome, el dinero es de la Argentina desde principio hasta el final del pago.

La postura de la administración demócrata no implica avalar la estrategia financiera de la Argentina tras el default de fines de 2001, tal como lo expresaron explícitamente los funcionarios norteamericanos en sus escritos ante Griesa y la cámara. Lo mismo ocurrirá si la Corte Suprema le pregunta su opinión al procurador general para ver si toma o no el caso en los próximos meses. Este tribunal recibe unas 7000 peticiones anuales, de las cuales sólo acepta 150.

El problema para la Argentina es que la Corte ya tiene dos expedientes referidos al país (el "discovery" de datos del Banco Nación para saber si hay cuentas argentinas embargables en el exterior y el caso de British Gas contra el Gobierno) y habrá que ver si quiere sumar otro.

Será en ese momento procesal -y posiblemente no antes- que el gobierno norteamericano dará su opinión ante el máximo tribunal de su país. ¿Por qué se generó entonces una controversia en las últimas semanas en torno al respaldo o no de la administración Obama? Por un artículo del diario The Washington Post que mencionaba esta posibilidad y que el canciller Héctor Timerman dio como un hecho el lunes último, sin chequearlo.

Luego, se sumó la sinuosa estrategia del Fondo Monetario Internacional (FMI) , que primero indicó a través de su jefa, Christine Lagarde, que presentaría un escrito en favor de la estrategia argentina y, a los pocos días, indicó lo contrario, cuando consultó la opinión de los miembros del directorio que dirige.

Aunque el FMI responsabilizó a EE.UU. por este viraje, las fuentes norteamericanas dijeron lo contrario: que Lagarde (complicada por sus problemas legales en Francia) debería haber consultado con el board antes de anunciar algo.

En el FMI, seguirá reclamando que el Gobierno acepte la revisión anual que realizan todos los miembros de su economía en el denominado artículo IV, que no se hace desde el inicio de la manipulación de las estadísticas públicas en 2007.

Sin embargo, si, como prometió extraoficialmente, en la última parte de este año el Gobierno presenta un nuevo índice de precios al consumidor -que se ubique entre las cifras del Indec y las de las provincias-, posiblemente, Washington no presionará para que haya más sanciones por parte del FMI.

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