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Poca certeza de que resulte eficaz y demasiadas incógnitas abiertas

Nicolás Dujovne
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27 de agosto de 2013  

La Presidenta anunció ayer dos medidas de altísimo impacto en respuesta al fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York conocido el viernes pasado. En primer lugar, decidió enviar al Congreso un proyecto de ley para reabrir el canje de 2010 y así tentar a los bonistas tenedores del 7% de la deuda que la Argentina dejó de pagar en 2001. Y, en segundo lugar, decidió ofrecer un canje de la deuda emitida bajo legislación extranjera por bonos que respeten las condiciones de emisión en términos de moneda, tasa y plazo, pero que modifiquen su legislación desde la de Nueva York o Londres hacia la ley argentina.

La reapertura del canje llega tarde y no será eficaz. La vigencia de la llamada "ley cerrojo" y la inflexibilidad de la Argentina mostrada a lo largo de los últimos años sembraron las bases para el durísimo fallo de la Corte de Apelaciones de la semana pasada. Y ello no cambiará por un volantazo de último momento. Y para los bonistas que litigan y que se sienten ya muy cerca de una victoria judicial definitiva, no existen incentivos para aceptar la oferta del Gobierno: el fallo judicial de la Corte de Apelaciones por lo menos triplica el valor que recibirían por sus bonos en default con relación al monto que cobrarían ante una reapertura del canje.

La oferta de canje que busca tentar a los tenedores de deuda ya reestructurada emitida bajo ley extranjera para que cambien sus bonos por otros de legislación local abre un proceso con consecuencias impredecibles. La jugada del Gobierno intenta anticiparse a un fallo negativo en el que los distintos actores del mercado (bancos, abogados y agentes de pago y registro) estén impedidos de colaborar con el Gobierno por la finalización de las medidas cautelares que hoy protegen a la Argentina. Es evidente que el Gobierno ha tomado nota de que una derrota judicial está más cerca e intenta aprovechar la vigencia de una cautelar para anticipar el canje que debería efectuar luego en condiciones mucho más adversas; esto es, sin la protección transitoria del no innovar que rige hoy sobre la deuda argentina. Primera incógnita: ¿se mantendrán las cautelares luego de este anuncio del Gobierno o la justicia de Nueva York reaccionará a la movida argentina?

La naturaleza voluntaria o no del canje no fue aclarada por la Presidenta, aunque todo hace pensar que la oferta no es coercitiva. Si fuera forzosa, el 25% de los tenedores de la deuda argentina emitida bajo ley de Nueva York podría declarar que, al modificarse las condiciones de pago de los bonos, la deuda argentina ha entrado nuevamente en default. El remedio traería la enfermedad que pretendía curar. Si el canje fuera compulsivo, también se gatillarían los seguros de protección de un default (CDS). Detalles que habrá que monitorear.

Finalmente, las posibilidades de que los tenedores de deuda bajo legislación extranjera canjeen sus tenencias por bonos de legislación local hoy son por lo menos dudosas. Numerosos tenedores de deuda están obligados por sus estatutos a mantener deuda con legislación extranjera y no pueden aceptar los nuevos bonos. Otros inversores institucionales serán aconsejados por sus departamentos legales para no ingresar en una operación que a todas luces parece estar diseñada para eludir a la justicia norteamericana.

Hay muchas incógnitas, pero algo es seguro: la incertidumbre irá en aumento. Habrá ventas forzadas de bonos argentinos y el mercado cambiario podría contagiarse en momentos en que la sola situación electoral garantizaba más ruido cambiario. Malas noticias que reflejan el desconcierto de un gobierno que se pone más límites que los que la situación económica aconseja.

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