El Monumento a Colón, bien patrimonial de la ciudad

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30 de agosto de 2013  

Por fin se sancionó ayer, en la Legislatura porteña, la ley que declara el Monumento a Cristóbal Colón como bien integrante del patrimonio cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Era esta una decisión muy esperada, sobre todo porque ya han transcurrido más de 45 días desde que el gobierno nacional comenzara a desmontar la obra de arte, con la excusa de su mantenimiento, pero con el verdadero propósito de mudar el grupo escultórico a Mar del Plata y reemplazarlo por otro dedicado a Juana Azurduy.

A instancias del diputado Fernando Sánchez (Coalición Cívica), la Legislatura había presentado a fines de mayo pasado un proyecto de ley, que obtuvo aprobación inicial, para declarar el monumento como bien del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, y conjurar así el peligro de la mudanza, frenada actualmente hasta el 12 de septiembre por una medida cautelar.

La audiencia pública obligatoria realizada el miércoles 27 había cumplido con el requisito de debatir el mencionado proyecto de ley. De ella participaron legisladores, representantes de ONG, miembros de las comunidades italianas y vecinos de la ciudad; entre los veinte oradores estuvieron la diputada nacional Laura Alonso (Pro); el legislador Pablo Bergel (Proyecto Sur); María del Carmen Arias Usandivaras, de la ONG Basta de Demoler, y Liliana Barela, directora general de Patrimonio e Instituto Histórico de la Ciudad. Finalmente, los participantes apoyaron el proyecto de ley ahora convertido en norma. Aprobada en segunda lectura, sobre tablas, la ley obtuvo 35 votos positivos (de los bloques Pro, Proyecto Sur y Coalición Cívica) y 14 abstenciones (el interbloque del Frente para la Victoria y los diputados Alejandro Bodart, del MST, y Claudio Palmeyro, del SP).

El próximo paso corresponde ahora al propio gobierno de la ciudad. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, y el ministro Diego Santilli deberán elevar a la Legislatura un proyecto para denunciar el convenio firmado por el entonces jefe de gobierno Jorge Telerman y el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, en representación del gobierno nacional, ya que se han violado sus términos. Asimismo, el gobierno porteño debería acudir a la Justicia y, en última instancia, a la propia Corte Suprema, ya que es su deber ineludible tutelar los bienes de la ciudad. Esta obligación está establecida en el artículo 32 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que expresa que el gobierno local tiene "el deber de preservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural, cualquiera sea su régimen jurídico y titularidad, la memoria y la historia de la ciudad y sus barrios".

Sobran entonces los motivos como para que el gobierno porteño pueda dar por caducado el convenio suscripto con la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, ya que se han sumado causales múltiples y violatorias del acuerdo que le permitía utilizar el espacio público y la Plaza Colón. Este se ha mantenido cerrado al público ?algo que no estaba permitido–, y por la sola voluntad de Cristina Fernández de Kirchner se ha desmontado, violando la decisión judicial, el Monumento a Colón, que es patrimonio de los habitantes de la ciudad desde 1910, cuando fue donado por la colectividad italiana residente. Por ello, es necesario que el gobierno local asuma la responsabilidad del ejercicio de la función pública y ponga fin al atropello que se viene perpetuando desde hace ya meses.

Es de desear que con prontitud se ponga fin a toda esta insólita historia, incluso por el bien del patrimonio en juego: el Monumento a Colón, que yace indignamente desguazado, por lo que ha probado ser nada más que otro simple capricho presidencial.

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