¿Quién le pone el cascabel al gato?

Diana Cohen Agrest
Diana Cohen Agrest PARA LA NACION
No son modelos de producción de la seguridad, sino estrategias de comunicación
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27 de septiembre de 2013  

Según narra una versión remixada de la fábula de Samaniego, el descontento popular en Ratolandia condujo a que, de buenas a primeras, se decidiera reconocer la inseguridad y la necesidad imperiosa de cazar al gato para asegurar la tranquilidad en ese vasto territorio. Como había que hacer algo, se convocó una comisión. Hubo muchos discursos -apenas reconocimientos tardíos de la gravedad de la situación-, sospechosas promesas y estadísticas que tampoco ofrecían soluciones. Por fin, se consensuó a coro un brillante plan: colgar un cascabel al cuello del gato: patrulleros, motos, gendarmes, policías, controles, cámaras de seguridad, botones antipánico. Toda una batería preventiva con el propósito de neutralizar la amenaza. Hasta que un viejo ratón preguntó: ¿quién le pone el cascabel al gato?

En el cónclave vernáculo, Scioli se guarece en su lema de "Más cámaras. Más policías en las calles". Massa alardea de los "botones antipánico" o de las cámaras de seguridad. Berni advierte que las camaritas "son un elemento más en el aporte de la investigación y no de la prevención", y exhibe una dosis de optimismo desmentido por los hechos: en el caso del homicidio de Jano Fernández, muerto con un bate de béisbol, una vez llegada la instancia del juicio se desestimó la grabación de la cámara como prueba resolutoria y se liberó a uno de los partícipes que aparecía en el video.

La otra consigna bien pensante propone una amigable policía vecinal: el antiguo policía de la esquina, que hoy o bien debe hacer frente a los delincuentes ofrendando su vida o bien su participación es calificada de "gatillo fácil", como la del policía que disparó contra un delincuente que lo apuntó y terminó matando a una joven que hacía una fila para un recital en La Plata. En el mejor de los casos, puede ser sumariado, como ordenó Garré cuando acusó a un policía de violar los derechos humanos por recostar al delincuente de cara a la vereda en un día lluvioso.

Cuando los delincuentes son juzgados e ingresan en prisión, el servicio penitenciario gestiona su fuga, convalidando la premisa tan certera como nefasta de que la cárcel es criminógena y una escuela del delito. O son torturados y hasta "suicidados", convalidando los argumentos garantistas de que la cárcel es anticonstitucional. Y en cuanto a los jueces, la doctrina penal en vigor sostiene que la función del derecho penal debe reducirse a sostener el simulacro de cierto orden de contención social, a ser un instrumento inocuo que "no sirve para nada, pero debe hacerse creer que sí lo hace para bien de la sociedad", según el cinismo de Zaffaroni. Esta estrategia intenta ser justificada con el argumento de que ante la propagación mediática de la violencia difusa, las personas se sienten indefensas y cuando creen erróneamente que están siendo protegidas por el Estado, se produce un descenso del nivel de angustia que alivia el malestar psíquico. Según esta explicación psicosociobiológica, los medios condensan en una imagen -por ejemplo, cuando muestran el ingreso de los agentes policiales en una comisaría con el delincuente encapuchado- una respuesta que, de otra manera, persiste en el imaginario temeroso del ciudadano. Con esta estrategia mendaz, la ciudadanía confía en el brazo ejecutor de un sistema que, comprueba tardíamente, está amputado.

Este engaño institucionalizado a través de la manipulación de la ciudadanía destruye el entramado de credibilidad de la Justicia. El desplazamiento de gendarmes hacia el conurbano (¿acaso el contrabando, la inmigración ilegal, el narcotráfico dejaron de ser delitos?) forma parte del montaje de una apariencia de seguridad; hacen proliferar los móviles policiales y de uniformados hasta la saturación; después de octubre, volverán a su destino.

Una doctrina de los derechos humanos pervertida condujo a que ningún candidato se anime a cuestionar las políticas penales, temeroso de ser acusado de ejercer "demagogia punitiva". El biempensante de hoy insiste en que, cuando los dirigentes proponen elevar las escalas penales agravando sanciones y limitando las excarcelaciones, presionados por la opinión pública, recortan las garantías procesales y afectan derechos de los condenados.

Cautivos de este simulacro, parece imposible encontrar una vía alternativa a este sojuzgamiento legal: Hegel advierte que "el hábito nos enceguece al punto de volvernos invisible el fundamento sobre el cual reposa toda nuestra existencia". La seguridad es una segunda naturaleza y no nos damos cuenta de que ella es la resultante de las instituciones que la sostienen. Ante la violencia, surge el sentimiento de inseguridad y la demanda de seguridad. Pero la falsa dicotomía entre seguridad y garantías individuales no sólo es paralizante. También es asesina. Por añadidura, pasa por alto que la seguridad es la primera de las garantías de las que debe gozar todo ciudadano. Y aun cuando se deba pagar el costo de lo políticamente incorrecto, se debe admitir la necesidad de un equilibrio siempre inestable entre prevención y sanción.

La necesaria reculturalización de la sociedad sólo es posible a partir de la voluntad política de construir un modelo de protección social integral que no sea la respuesta coyuntural a las elecciones, sino una apuesta genuina a largo plazo con la que se comprometa todo el arco político.

Pero nuestra dirigencia sólo coincide en que la inseguridad no es una sensación, en un intento tardío de disimular esa disociación que condujo a la ruptura de confianza con la ciudadanía. Y cuando se habla de inseguridad, ¿acaso no se habla de porcentajes delictivos que enmascaran las experiencias vividas por las víctimas? El Gobierno privilegia la cultura de las cifras que impulsa a las fuerzas del orden a multiplicar sus intervenciones para elevar el índice de las estadísticas. Y los candidatos lo cortejan cuando obedecen la premisa de que los ciudadanos deben creer que el Estado está neutralizando el delito, copartícipes de una farsa que busca calmar los ánimos. Las propuestas de nuestros dirigentes no son modelos de producción de la seguridad, sino estrategias de comunicación. A fin de cuentas, nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato.

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