Los expertos en armas químicas volvieron a Siria

Un equipo de la ONU analiza las instalaciones en donde procederá al desmantelamiento del arsenal químico del gobierno de Bashar Al-Assad
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3 de octubre de 2013  • 19:10

DAMASCO (AFP) - Los expertos a cargo del desmantelamiento del arsenal químico en Siria comenzaron a asegurar los sitios de almacenamiento de estas armas, en tanto que la ONU reclama un acceso a los dos millones de civiles atrapados en la guerra civil.

En su tercer día en Damasco, la misión conjunta de la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y de la ONU anunciaron que comenzaron, desde ayer y "junto a las autoridades sirias", a "asegurar los sitios en los que operarán".

El equipo, conformado por 19 inspectores, "examina también los riesgos relacionados a la salud y el medio ambiente" que podrían surgir, añade el texto. El equipo internacional de especialistas se enfrenta a una ardua tarea, pues se estima que Siria posee más de 1000 toneladas de armas químicas, 300 de las cuales serían gas mostaza y sarín, repartidas en unos 45 emplazamientos.

Los inspectores, que salieron de su hotel esta mañana en tres vehículos de la ONU hacia un destino desconocido, siguen también con los preparativos "para desmantelar pronto los emplazamientos de producción de armas químicas".

Su misión es también una de las más peligrosas, ya que es la primera vez que un operativo de destrucción de armas químicas tiene lugar en ese país en plena guerra.

Estos expertos deben asegurar la aplicación de la resolución 2118 de la ONU, que ordena la destrucción del arsenal químico de Siria, adoptada tras un ataque químico que dejó cientos de muertos en agosto en una zona controlada por fuerzas rebeldes.

El conflicto en Siria ya dejó 115.000 muertos, más de 2,1 millones de desplazados y casi seis millones de desplazados internos, según cifras de la ONU.

Entrega de ayuda a los civiles

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió ayer un acceso inmediato y "sin obstáculos" a los civiles atrapados en medio del conflicto, que se estiman en dos millones.

Diplomáticos de este organismo internacional consideraron que la declaración, no vinculante, enviaría un fuerte mensaje al presidente Al Assad, tras el bloqueo que ha sufrido el Consejo desde el inicio del conflicto en Siria por el apoyo de Rusia al régimen de Damasco.

El texto insta a las autoridades sirias que "adopten medidas inmediatamente" y retiren los obstáculos a la entrega de ayuda, además de autorizar la entrada de los camiones de la ONU procedentes de los países vecinos. Siria ha bloqueado las misiones humanitarias procedentes de los países vecinos argumentando que los suministros acabarán en las zonas rebeldes.

Por otra parte, la organización Human Rights Watch (HRW) acusó este jueves al régimen sirio de tener a decenas de miles de presos políticos. "Las detenciones arbitrarias y las torturas se han convertido en moneda de cambio para las fuerzas de seguridad sirias", dijo en un informe Joe Stork, director de la organización para el Norte de África y Oriente Medio.

HRW consideró que el uso extendido de la tortura en las cárceles del régimen es una muestra de una política gubernamental que podría suponer crímenes contra la humanidad, y urgió a Damasco a retirar los cargos contra los activistas que se enfrentan a juicios en tribunales especiales.

En el terreno, se intensifican los enfrentamientos entre grupos de rebeldes sirios y yihadistas extranjeros, sobre todo en el norte del país.

Seis importantes facciones rebeldes pidieron en un comunicado conjunto a un grupo vinculado a Al Qaida, el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL), que se retire de la población norteña de Azaz, fronteriza con Turquía; y rebeldes del centro de Siria le reclamaron que abandone la provincia de Homs.

Los rebeldes sirios acogieron al principio la entrada de yihadistas extranjeros, pero en algunas zonas se han opuesto a ellos, acusándolos de abusos y de imponer una interepretación extremista del islam.

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