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El miedo como motor de un acuerdo

Nicolás Dujovne
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21 de octubre de 2013  

La posibilidad de que exista un acuerdo entre diversos grupos de bonistas y la Argentina ha crecido sustantivamente en los últimos días. Según la prensa, hasta es probable que las negociaciones hayan avanzado hasta un punto inimaginable un tiempo atrás. Esto es, que se hayan alineado los intereses de los fondos "amigos", tenedores de deuda reestructurada; los de los fondos "enemigos", esto es, los holdouts, y los de la Argentina, y que ello permita alcanzar una solución negociada entre las tres partes.

¿Qué ha generado el espacio para una negociación? El miedo al default de la Argentina. El primer grupo de temerosos es muy fácil de identificar. Son los grandes tenedores de bonos que participaron de los canjes de deuda que ofreció el país en 2005 y 2010, que tienen sus intereses alineados con los del Gobierno, ya que se perjudicarían si la Corte estadounidense confirmara la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

El segundo grupo lo conforman los holdouts , buitres en el imaginario popular. Es que, paradójicamente, cuanto más ha avanzado la causa judicial en su favor los holdouts se sienten más débiles. Al final del camino judicial, perciben que si, con tal de no pagarles, la Argentina entra en default con los tenedores de bonos reestructurados, las sentencias judiciales que consiguieron perderán su valor económico. Y ese desenlace es muy verosímil desde que el Gobierno propuso un cambio de jurisdicción a aquellos bonistas reestructurados. Por lo tanto, el momento más propicio para los holdouts está transcurriendo y es anterior a un fallo definitivo. A ellos les conviene negociar con la Argentina antes de que entre en default técnico.

La peor pesadilla del fondo Elliot y los demás holdouts es que la Argentina opte finalmente por salir de la jurisdicción legal de Estados Unidos. Es decir que, en caso de recibir un fallo negativo, desafíe a la justicia norteamericana, ofrezca un canje por bonos con ley local y se mantenga en default con los holdouts originales, y, tal vez, con el 5 a 10% de los bonistas que no acepten el cambio de legislación.

Como consecuencia de ello, las acreencias de los holdouts serían tan despreciables como las que negocian los tenedores de deuda impaga de Cuba o de Corea del Norte. Es decir, cerca de cero. Para qué arriesgarse. Los holdouts han comprado sus bonos a cerca de 20 centavos de dólar por cada dólar de deuda. La sentencia judicial les adjudicaría tres dólares por cada dólar. En el medio, el espacio para negociar es gigantesco.

¿Cuál es la idea central de ese acuerdo? Se basa en que al menos el 85% de los tenedores de los US$ 28.000 millones que conforman el universo de deuda reestructurada emitida bajo ley extranjera acepten modificar las cláusulas de esos bonos para ceder una pequeña parte de los intereses a cobrar en los próximos cinco años en favor de todos los bonistas que mantienen acreencias impagas contra el país. Al juntarse esa mayoría se podrían utilizar las famosas Cláusulas de Acción Colectiva para así imponer el acuerdo al 100% de los tenedores de deuda ya reestructurada. Éstos cederían un poco y ganarían mucho. La suba de precios en los bonos que generaría terminar con el juicio más que compensaría el pequeño monto a ceder.

Los holdouts recibirían dos pagos: por un lado, la Argentina les otorgaría el mismo canje efectuado en 2010, y por el otro recibirían el pago que cederían los actuales tenedores de deuda reestructurada por un monto tal que el valor de recupero total para los holdouts se acercaría a un dólar por cada dólar de capital original de deuda argentina.

Si el acuerdo incluye la reapertura del canje, necesariamente la tercera pata del pacto debería ser la República Argentina. Para el país, el acuerdo implicaría cerrar un capítulo en la historia de la reestructuración soberana habiéndole impuesto a Elliot las condiciones que siempre quiso obligarlo a aceptar: el mismo canje que a los demás. Y los fondos adicionales que recibiría Elliot para cerrar su reclamo no saldrían de la Argentina. Serían el fruto de una negociación entre privados. Todo cerraría. No hay costos políticos para el Gobierno.

¿Es viable el acuerdo? Su concreción no es sencilla. Principalmente porque falta que el Gobierno haga su parte. Convalidar la negociación y reabrir el canje. La negociación bilateral entre "buenos" y "malos" vino a suplir en ese rol al Estado. Como quien pone una casilla de seguridad privada en el frente de su casa, los tenedores de deuda reestructurada decidieron intentar evitar el default por sus propios medios.

Pero no es lo mismo que si la coordinase el Gobierno. Entre la temporal ausencia de Cristina y el temor a pactar con Elliot, el gobierno nacional y popular habría terminado subcontratando su política de manejo de deudas a un grupo de fondos y a un ex funcionario del Tesoro de Estados Unidos. Pero además existen enormes problemas de coordinación entre los bonistas y no sería fácil alcanzar la supermayoría del 85% para imponer el acuerdo a todos. Habrá quienes prefieran no ceder nada.

Hay un dato que no puede pasar inadvertido. El acuerdo que se habría alcanzado la semana pasada llevaría la situación de Paul Singer, titular del fondo Elliot, desde un reconocimiento judicial de su derecho a cobrar tres dólares por cada dólar original de deuda en default a aceptar un pago de sólo un dólar por cada uno de deuda original. Tamaña "rendición" podría ser respondida por el Gobierno con un pasable pragmatismo normalizador, buscador de dólares, o con el viejo adagio peronista: "Al amigo, todo; al enemigo, ni justicia".

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