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Preocupa el poder que da al Estado el nuevo Código Civil

Juristas y opositores consideran muy grave que se lo exima de toda responsabilidad civil
Laura Serra
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17 de noviembre de 2013  

Un Estado más fuerte y con una mayor injerencia en la regulación de las relaciones civiles de las personas físicas y jurídicas, pero menos responsable por sus actos. Ésta es la preocupación principal de la oposición y de buena parte del mundo jurídico respecto del proyecto de reforma y unificación del Código Civil y Comercial del oficialismo, al que el Gobierno pretende convertir en ley, sin mayores retoques, antes del 10 del mes próximo.

Uno de los aspectos más polémicos de la nueva normativa es el que exime de toda responsabilidad civil al Estado y a sus funcionarios públicos ante un hecho lícito o ilícito que perjudique a un ciudadano o a una empresa. Hasta ahora, la persona afectada podía acudir al fuero civil para reclamar un resarcimiento por ese daño cometido; sin embargo, el oficialismo , en su predictamen de Código Civil, estableció que estos casos se deberán dirimir en el fuero administrativo, que no sólo es más contemplativo con los intereses del Estado, sino que la legislación no es homogénea, ya que varía según sea la provincia.

Al sustraer del nuevo Código Civil y Comercial la responsabilidad del Estado, el Gobierno elaboró un proyecto de ley especial para regular este tema, que comenzará a debatirse este martes en la Cámara de Diputados.

La iniciativa confirma lo que la oposición calificó de "la irresponsabilidad del Estado": establece que la sanción pecuniaria disuasiva (por ejemplo, multas) es "improcedente contra el Estado y sus agentes y funcionarios".

Dispone además que "el Estado no debe responder, ni aun en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos" y, para rematar, establece que el Estado no debe "en ningún caso" proceder a la reparación del lucro cesante en caso de una actividad legítima que perjudique a un tercero.

Esta restricción se aplica, por ejemplo, cuando el Estado expropia un terreno para la realización de una obra pública. O, en el caso de la ley de medios, ante las eventuales demandas por lucro cesante que formulen las empresas afectadas por tener que desprenderse de sus actuales licencias antes de que finalice el plazo de concesión.

Toda la oposición y juristas especializados en la materia califican de "enorme retroceso jurídico" esta decisión del Gobierno de erradicar del Código Civil la responsabilidad del Estado. Si bien hoy el Código no la contempla explícitamente, existe una vasta jurisprudencia avalada por la Corte Suprema que le permite al ciudadano acudir al fuero civil para demandar al Estado o a un funcionario público en caso de un perjuicio.

Pero ahora la ley que impulsa el Gobierno veda taxativamente esta posibilidad, al disponer en el primer artículo que "las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria".

No sólo la oposición y el mundo jurídico cuestionan el proyecto del Gobierno; éste incluso va a contramano de la iniciativa original que habían redactado los jueces de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, junto a la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci. En efecto, en su propuesta ellos incluían la responsabilidad del Estado y de los funcionarios públicos en el Código Civil, tanto por su actividad lícita como por sus actos irregulares. En este último caso señala que el Estado debe responder por los daños causados, incluso "sin que sea necesario identificar al autor". En el caso de una actividad lícita, "si es afectada la continuación de una actividad", debe incluir "la compensación del valor de las inversiones no amortizadas".

Otros ejemplos

Para dimensionar cabalmente la magnitud del cambio que se viene, vale el ejemplo del trágico accidente ferroviario en la estación de Once, el año pasado.

En la actualidad, un damnificado por ese accidente puede accionar civilmente, en forma solidaria o independiente, contra los concesionarios del servicio, contra los funcionarios públicos responsables de controlar el funcionamiento del servicio y contra el Estado, responsable directo por los actos de sus órganos. Con la nueva legislación, la persona afectada sólo podrá acudir a la vía contencioso administrativa de la Capital.

Otro ejemplo: si un policía mata a un ciudadano y los familiares de la víctima pretenden iniciarle al Estado una acción por daños y perjuicios, con el nuevo Código esa acción no podrá regirse por la vía civil, sino por las reglas del derecho administrativo. El policía podrá ser condenado penalmente por el homicidio, pero las sanciones irán por vía administrativa, que se guían por parámetros resarcitorios más laxos que los establecidos en el derecho de fondo.

La ley especial que plantea el Gobierno propone algunas excepciones; sin embargo, a juicio de la oposición, éstas son demasiado restrictivas. En efecto, en su artículo tercero sólo se podrá demandar civilmente al Estado cuando se compruebe "daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero" o cuando se verifique "relación de causalidad entre la actividad y la inactividad del órgano y del daño cuya reparación se persigue".

Además, la iniciativa establece plazos muy exiguos, de dos años, para que la persona física o jurídica pueda demandar al Estado o a un funcionario público por un daño que le fue cometido.

Voces en contra del proyecto del oficialismo

Los argumentos opositores en el inicio del debate

  • "El proyecto de responsabilidad del Estado del oficialismo es muy malo y restrictivo; insistiremos en que esa responsabilidad, al igual que la de los funcionarios, esté incluida en el nuevo Código Civil"

    Ricardo Gil Lavedra / diputado UCR
  • "El proyecto sobre responsabilidad del Estado es una barbaridad; sería mejor calificarlo como proyecto de ‘irresponsabilidad del Estado’. Va en línea con la nueva ley de cautelares, que deja indefenso al ciudadano frente al poder del Estado"

    Graciela Camaño / diputada Frente Renovador
  • "Con este nuevo Código Civil se limitan los derechos individuales a los derechos de incidencia colectiva, a los que no precisa. Esto implica un serio riesgo para la seguridad jurídica y las inversiones"

    Gustavo Ferrari / diputado Frente Peronista
  • "Uno de los aspectos más preocupantes del proyecto oficialista es que podría afectar los derechos individuales y la propiedad privada. Apurar la sanción del nuevo Código, sin efectuar cambios, sería un gran error"

    Pablo Tonelli / diputado PRO
  • Del editor: qué significa.

    En el plano jurídico, se encendieron las alertas; políticamente, la discusión sobre la responsabilidad civil del Estado promete ser eje de un fuerte debate.

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