Freno judicial a los contratos ferroviarios

Los documentos, que autorizan un aumento tarifario promedio del 80%, fueron suspendidos por un juez federal; la Secretaría de Transporte asegura no estar preocupada.
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7 de diciembre de 1999  

El juez federal en lo contencioso administrativo Martín Silva Garretón (ver aparte), dio lugar ayer a una medida de urgencia requerida por el diputado bonaerense del Frepaso, Ismael Alé, y dispuso que se trabara la puesta en marcha de los nuevos contratos que las empresas ferroviarias Metropolitano y Ferrovías negociaron con la Secretaría de Transporte, y que fueron convalidados el 26 de noviembre último por el presidente Carlos Menem.

"Una de las medidas inmediatas que debe poner en práctica la Alianza después de su asunción es la revisión de todos los contratos, no sólo el de Metropolitano y el de Ferrovías. Acá no hubo una simple modificación, sino que se realizaron nuevos contratos que perjudican a los usuarios", consideró.

Previsiblemente, el secretario de Transporte de la Nación, Armando Canosa, contraatacó al señalar "que obras de la magnitud que plantean los contratos iban a poner en funcionamiento a la máquina de impedir que tiene el país; en estos momentos es cuando aparecen los profetas del odio", dijo ante la consulta de La Nación .

Los documentos que hoy están en el centro de la tormenta, otorgan a los privados 20 años más de concesión (hasta el 2024), autorizan un incremento tarifario promedio del 80% (que se aplicaría de manera escalonada, en cinco años) y aseguran la inversión de 1200 millones por parte de Metropolitano y 400 millones de Ferrovías, para mejoras.

Quejas al por mayor

Pero a pesar de las obras comprometidas (electrificación, nuevos coches, cambio de vías, entre otras) y de los montos mencionados, el proceso de renegociación cosechó quejas por todos los frentes. El motivo de enojo más escuchado fue que los usuarios, a través de los aumentos tarifarios, solventarán los trabajos. "Acá no hay inversión de riesgo", opinó, entre tantos, el defensor del pueblo de la ciudad, Rafael Veljanovich.

La Unión de Usuarios y Consumidores, es una de las entidades que también recurrirá a la Justicia, al igual que lo hizo en marzo último cuando Trenes de Buenos Aires (TBA, que explota los ramales Mitre y Sarmiento) logró firmar su nuevo contrato, que aún hoy no puede llevarlo a la práctica porque una medida cautelar lo impide.

"No nos oponemos a la renegociación, pero se tendría que haber hecho en otros términos. No se respetó el sentir de usuarios, de las municipalidades, del gobierno bonaerense, de nadie. Entonces los contratos son ilegítimos e inoportunos, porque no tienen el consenso de los actores válidos", dijo Horacio Bersten de la entidad citada.

Ayer nadie quiso quedarse afuera del maremoto de quejas que por todos los puntos cardinales ingresaron al despacho del secretario de Transporte, Armando Canosa. Hasta el secretario general de la CGT, Rodolfo Daer, se pronunció a favor de que Fernando de la Rúa, deje sin efecto los contratos "apenas asuma, porque el pueblo ya no soporta más golpes en su espalda".

Eduardo Duhalde, en los últimos días de su mandato, no se olvida de asestar golpes contra la renegociación ferroviaria. "Los trabajadores en un número muy grande están siendo perjudicados en un momento en el que hay deflación y estabilidad", dijo.

Con la veña del gobernador, el fiscal de estado de la provincia, Ricardo Szelagowski, presentó ayer ante la Suprema Corte de Justicia una demanda para pedir la nulidad de los documentos. "Los incrementos tarifarios previstos constituyen una irregularidad porque modifican las bases esenciales de los contratos originales".

Por su parte, el defensor del pueblo de la Nación, Juan Carlos Cantero, por su parte, dijo que presentó una demanda ante la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo solicitando que se declaren nulos, "por ilegítimos", los contratos de Metropolitano y Ferrovías.

Más allá de todos los cuestionamientos, el secretario de Transporte de la Nación, Armando Canosa, insistió con que está "orgulloso" del proceso de renegociación que llevó adelante con todos los operadores ferroviarios y confía en que la medida cautelar se levantará apenas su cartera presente la documentación que le fue requerida.

"Los decretos están firmados, la decisión judicial, de mantenerse, sería un espadaso al agua. Las quejas provienen de los mismos que hicieron la demanda contra TBA; de los mismos que nunca presentaron un proyecto para hacer algo positivo", repitió.

En medio de la tormenta, voceros de Metropolitano dijeron estar "tranquilos, porque la demanda no está dirigida contra la empresa". Sin embargo, aunque ambas partes manifestaron su tranquilidad, Canosa y el presidente de la compañía, Juan Carlos Lusteau Bidaut, estuvieron reunidos durante la tarde de ayer, aunque le restaron importancia al encuentro.

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