Gils Carbó pidió la suspensión del fiscal que investigó a Lázaro Báez

La procuradora acusó a Campagnoli de "abuso de poder" por la causa que afecta al empresario kirchnerista; un Tribunal de Enjuiciamiento tomará el caso, que podría culminar en la remoción
Paz Rodríguez Niell
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6 de diciembre de 2013  

La procuradora general, Alejandra Gils Carbó , pidió ayer la suspensión del fiscal José María Campagnoli por su actuación en el caso de Lázaro Báez y abrió un proceso en su contra que podría terminar con su remoción.

Campagnoli fue el primer fiscal que impulsó la investigación contra Báez. Indagó en el entramado de sus empresas y siguió, en el país y el exterior, la ruta del supuesto dinero lavado; solicitó decenas de informes y allanamientos, y vinculó a "la familia Kirchner" con el caso.

De acuerdo con Gils Carbó, lo hizo abusando de su poder, invadiendo esferas de otro fiscal a sabiendas de que era incompetente y "poniendo en serio peligro el avance de la persecución penal".

Por todo esto, la procuradora le pidió anteayer al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público que suspendiera a Campagnoli y abriera un proceso en su contra por "mal desempeño".

"El magistrado adoptó una conducta carente de mesura, prudencia y circunspección, así como una actitud desafiante frente a las instituciones", afirmó la procuradora.

A juicio de Campagnoli, Gils Carbó tiene "inconfesables motivos" para actuar contra él. Así lo afirmó cuando la procuradora lo corrió de la fiscalía de instrucción que él subrogaba. Esos motivos, dijo entonces el fiscal, estaban ligados a la disconformidad de Gils Carbó por sus avances en el caso Báez. Ayer, Campagnoli no hizo declaraciones, pero fuentes cercanas a él relataron que estaban muy sorprendidos, "analizando los pasos por seguir".

Campagnoli es titular de la fiscalía de distrito de Saavedra y Núñez, y de la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos con Autor Desconocido.

Habían pasado menos de 24 horas del programa Periodismo para todos que dio a conocer el caso con los "arrepentidos" Leonardo Fariña y Federico Elaskar, cuando Campagnoli promovió una investigación "de oficio" (sin haber recibido una denuncia) y pidió medidas de prueba. En respuesta a su presentación, la justicia ordinaria se declaró incompetente y pasó el caso a la federal.

Pero Campagnoli siguió con la investigación en la fiscalía que entonces subrogaba, donde estaba radicada una denuncia contra Elaskar por defraudación promovida por SGI (la financiera donde se habría lavado el dinero de Báez). La decisión de Gils Carbó de abrir el jury se apoya en un dictamen del Consejo Evaluador, un cuerpo integrado por cinco fiscales generales que, por cuatro votos contra uno, recomendaron llevar a Campagnoli a juicio. Integran el Consejo Javier de Luca, fiscal de Casación; Alejandro Alagia, fiscal ante los tribunales orales de la Capital; Eduardo Álvarez, fiscal del trabajo; Diego Luciani, fiscal ante los tribunales orales de Rosario, y Ricardo Álvarez, fiscal ante la Cámara Federal de Paraná, que fue el único que recomendó que a Campagnoli se le hiciera un sumario antes de someter el caso al Tribunal.

Por ley, la procuradora tiene la atribución de sancionar a los fiscales y, ante casos graves, elevar el caso para su juicio. Cuando Esteban Righi era procurador incorporó el dictamen previo del Consejo Evaluador.

"No se trata de juzgar la actitud proactiva de un fiscal que realiza denodados esfuerzos para contribuir a dilucidar delitos complejos evitando ritualismos burocráticos", sostuvo Gils Carbó. Los cargos esgrimidos contra Campagnoli consisten en "haber tergiversado el objeto procesal" de un expediente que tenía a su cargo para avanzar con la investigación contra Báez, "haber realizado una sobreactuación mediática con capacidad para obstruir el normal desenvolvimiento" de la causa radicada en el fuero federal y "haber incurrido en exabruptos y ofensas institucionales" contra la procuradora.

Campagnoli lleva más de 30 años en la Justicia y fue parte de un grupo de fiscales conocidos como "Los Centauros", que promovieron en los 90 numerosas causas por hechos de corrupción. En 2003, con Gustavo Beliz como ministro de Justicia, se convirtió en subsecretario de Seguridad Interior. Cuando Beliz dejó el gobierno, Campagnoli volvió a los tribunales. Su caso pasará ahora al Tribunal de Enjuiciamiento.

Postergan el caso Rafecas

El Consejo de la Magistratura postergó ayer el tratamiento de la denuncia contra el juez federal Daniel Rafecas, acusado de mal desempeño mientras tuvo a su cargo el caso Ciccone. El diputado Carlos Moreno (FPV) pidió postergar la definición en la Comisión de Acusación.

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