Báez busca prohibir que se informe sobre sus negocios con los Kirchner

Presentó una medida cautelar para que ningún medio pueda difundir datos de los convenios por los cuales entre 2010 y 2011 le pagó $ 14,5 millones al matrimonio presidencial por "alquileres" en sus hoteles
Hugo Alconada Mon
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18 de diciembre de 2013  

El principal beneficiario de la obra pública en la Patagonia, Lázaro Báez , solicitó ayer una medida cautelar ante la Justicia para impedir que LA NACION y cualquier otro medio de comunicación en cualquier soporte –gráfico, radial, televisivo o por Internet– publique nueva información sobre los millones de pesos que entregó al matrimonio Kirchner en concepto de "alquileres" en sus tres hoteles de Santa Cruz durante los últimos años.

Báez pidió además que la cautelar se extienda en beneficio de las empresas con las que la firma Valle Mitre, que reconoció de su propiedad, "se encuentra vinculada comercialmente". Es decir que la medida proteja a las sociedades y hoteles de los Kirchner. El empresario presentó su pedido en Río Gallegos, tras considerar que LA NACION participó en la violación del "secreto fiscal" de Valle Mitre al difundir la información contable y tributaria de esa empresa, a la que hasta ahora jamás había reconocido como propia en los registros societarios.

La reacción de Báez llegó luego de que LA NACION revelara en los últimos tres días cómo les pagó al menos $ 14,5 millones a los Kirchner, entre 2010 y 2011, sólo en concepto de "alquileres" de los hoteles Alto Calafate, Los Sauces y Las Dunas, los tres de propiedad de los Kirchner.

La presentación de Báez generó el inmediato repudio de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), que agrupa a principales diarios del país, del Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y de múltiples dirigentes políticos, al considerar que configuraría un intento de "censura previa".

Báez radicó su pedido ante el Juzgado Federal con asiento en Río Gallegos que subroga la conjueza Andrea Askenazy Vera. Pero, como paso previo, la fiscal federal, también subrogante, Patricia Ramallo, dispone de 72 horas contadas desde ayer para evaluar si esa magistrada es competente.

El domingo pasado, LA NACION expuso que siete empresas de Báez firmaron acuerdos confidenciales y retroactivos por los que se comprometieron a pagar 935 habitaciones por mes en el Alto Calafate, durante al menos 2010 y 2011, sin importar si en efecto sus empleados se hospedaban allí. Anteayer, este diario reveló que Báez pagó al menos $ 3,2 millones al ex presidente Néstor Kirchner en concepto de "alquiler" de la hostería Las Dunas, un establecimiento también ubicado en El Calafate. Ayer, LA NACION contó que, en total, el empresario ultrakirchnerista desembolsó $ 14,5 millones por los alquileres de los tres hoteles, siempre entre 2010 y 2011, es decir, durante el mismo período en que acumuló contratos de obra pública nacional.

Horas después de esa publicación, el abogado de Báez, Juan Pablo Gregori, se presentó en el Juzgado y solicitó una medida cautelar para "resguardar la confidencialidad de la información contable y comercial" de Valle Mitre, según consta en la copia de su presentación que el propio Báez difundió entre la prensa. Al recurrir a la Justicia, no obstante, el empresario terminó por admitir que los cientos de registros contables de Valle Mitre que obtuvo este diario son auténticos.

Según surge de esa presentación, Báez sospecha que LA NACION obtuvo los registros contables y tributarios de Valle Mitre de funcionarios de la AFIP o de la unidad antilavado (UIF). Incluso aventuró que para obtener "la información confidencial se haya recurrido al pago de sobornos a funcionarios públicos".

"Como señalé –fundamentó su letrado–, los detalles [de Valle Mitre] sobre facturación, contenidos de libros y registros contables (por ejemplo, se alude a los movimientos "subdiarios"), discriminaciones de IVA y retenciones de Ganancias, cantidad de empleados de las sociedades, etc., son todos datos que se encuentran en poder de la AFIP, brindados por mi representada sólo a los fines contributivos, y en dicha dependencia debieron permanecer a buen resguardo. No se puede descartar, entonces, que funcionarios desleales de dicho organismo hayan sido quienes revelaron a los medios esas informaciones privadas y confidenciales."

Sin embargo, Báez extendió su pedido más allá de LA NACION. Reclamó que "se ordene a los organismos públicos, portales de Internet, medios de comunicación audiovisuales, periódicos y/o cualquier otro medio o soporte de divulgación de información, abstenerse de brindar información, opinión o realizar comentario alguno basado en la información comercial privada de la empresa Valle Mitre SA y de las empresas con las que ésta se encuentra vinculada comercialmente, hasta tanto se establezca la licitud o ilicitud de la forma en que dicha información salió del ámbito privado de la empresa y/o de sus autoridades y/o propietarios y/o de algún organismo público en que obrare tal información".

EL DOCUMENTO COMPLETO

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