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Intervinieron los tres poderes en Corrientes

Por pedido del Poder Ejecutivo, el Congreso lo resolvió anoche; todavía no fue designado el funcionario que tratará de superar la crisis provincial; sigue la tensión en la capital.
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16 de diciembre de 1999  

El presidente Fernando de la Rúa logró anoche que el Congreso aprobara la intervención al gobierno, a la Justicia y a la Legislatura de Corrientes para tratar de remediar la grave crisis institucional y social de la provincia.

De la Rúa tomó la decisión por la mañana y evaluó la posibilidad de firmar un decreto de intervención, pero a media tarde decidió llevar el proyecto al Congreso.

El Senado y la Cámara de Diputados dieron su aprobación en un trámite rápido. Corrientes estará intervenida durante 180 días, plazo que podrá renovarse por una sola vez.

Hasta anoche, el Gobierno no había decidido quién será el interventor. El puesto le fue ofrecido a Ideler Tonelli, quien ya cumplió esa tarea durante el gobierno de Raúl Alfonsín; al ex gobernador cordobés Ramón Mestre y al senador misionero Mario Losada. Los tres se negaron por razones diferentes.

Hasta ayer, De la Rúa era el más firme opositor al proyecto de intervenir la provincia. El ministro del Interior, Federico Storani, había tratado de convencerlo de que era la única salida a la crítica situación correntina, pero De la Rúa insistía en que no quería cargar con el costo político de tomar la medida por una situación heredada y por el ajuste económico que precisa Corrientes.

Con la intervención cesará la irregular coexistencia de dos gobernadores -Hugo Perié y Carlos Tomasella- y se regularizará el pago de sueldos a los más de 50.000 empleados públicos que no cobran desde hace meses y que hace ascender la deuda salarial a 135 millones de pesos.

Hasta anoche, seguía cortado el puente que une a Corrientes con el Chaco.

Aprobaron intervenir Corrientes

A pedido del Gobierno, lo convalidó anoche el Congreso; será a los tres poderes; designarán hoy al funcionario federal

El Congreso aprobó anoche la intervención federal a la provincia de Corrientes, solicitada por el Gobierno, mediante un decreto del presidente Fernando de la Rúa, a raíz de la grave situación institucional y social por la que atraviesa.

En sendos trámites rápidos, el Senado y la Cámara de Diputados convalidaron sucesivamente ayer el pedido de intervención a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Se extenderá por 180 días, renovables en una oportunidad, para garantizar la paz social y sanear las cuentas públicas. El peronismo acompañó la medida solicitada por el Gobierno.

De la Rúa deberá decidir hoy quién es el responsable de llevar adelante esta tarea. Si bien en el Congreso se mencionaba para ese cargo al senador Mario Losada (UCR-Misiones), fuentes de la Casa Rosada dudaban de la posibilidad de esa designación. De todos modos, había varios nombres en danza (sobre lo que se informa por separado), y otros que fuentes gubernamentales prefirieron no revelar.

En los últimos días, graves conflictos sociales e institucionales pusieron a la provincia en estado de emergencia. Desde hace varios días, los gremios estatales, camioneros y particulares ocupan el puente General Belgrano y resistieron la acción de la Gendarmería.

Explicaciones

Además, coexisten dos virtuales gobernadores: el mandatario interino, Hugo Perié (PJ), designado en ocasión de la destitución del gobernador Pedro Brailard Poccard (Partido Nuevo), y el vicepresidente del Senado, el liberal Carlos Tomasella.

El ministro del Interior, Federico Storani, y el jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, se reunieron ayer en el Senado, primero, y en la Cámara baja, luego, para explicar los detalles de la medida dispuesta por el Poder Ejecutivo.

"Quiero transmitir al pueblo de Corrientes que la autoridad federal va a intervenir en favor de los derechos de los ciudadanos", dijo Storani al finalizar el encuentro con los legisladores del PJ y de la Alianza.

El ex presidente Carlos Menem había intentado instrumentar una medida similar días antes de dejar el poder.

Los legisladores del PJ reclamaron a los funcionarios el envío por parte del nuevo gobierno de una ayuda financiera de 90 millones de pesos para pagar sueldos, votada recientemente por el Congreso.

"El auxilio de la Nación va a llegar -anunció Storani-, pero para ayudar a quienes sufren y no para favorecer el clientelismo."

El ministro dejó en claro que la responsabilidad económica no la tiene el gobierno actual sino las anteriores administraciones. El ex gobernador y ex intendente de la capital correntina Raúl "Tato" Romero Feris (PANU) está procesado por malversación de fondos y asociación ilícita. Poccard, en tanto, fue destituido de su cargo hace dos semanas por mal desempeño en sus funciones.

La intervención federal está contemplada en el Constitución nacional para casos de extrema gravedad y debe ser ratificada por el Congreso.

"Se agotaron los medios institucionales para evitar este grave remedio constitucional", dijo en el recinto el jefe de la bancada radical, Raúl Galván (UCR-la Rioja). Se abstuvieron de votar los senadores de Corrientes, Angel Pardo y Rubén Pruyas (del PJ) y el autonomista José Antonio Romero Feris. También, el legislador Carlos Sergnese (PJ-San Luis).

"Jamás pensaba que iba a estar en el Congreso para intervenir mi provincia", dijo Pardo.

Meijide envió comida

La ministra de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Graciela Fernández Meijide, dispuso ayer el envío de 60.000 cajas de alimentos a la provincia de Corrientes luego de saber que ésta había sido intervenida.

El envío forma parte de un plan de ayuda social de emergencia y será administrado por las seccionales provinciales de Caritas.

Los alimentos fueron enviados a las ciudades de Corrientes, Goya y Santo Tomé, donde se encuentran esas filiales.

La ministra invitó a participar de la distribución de los alimentos a la religiosa Marta Pelloni.

Fernández Meijide habló ayer por teléfono con el arzobispo correntino, monseñor Domingo Salvador Castagna, quien le informó sobre la grave situación social de la provincia y las necesidades de importantes sectores de la población.

Sin celulares

Por otra parte, Fernández Meijide puso en marcha ayer una de las anunciadas medidas de austeridad en la administración pública.

Resolvió que el Ministerio de Desarrollo Social no pagará las cuentas de los teléfonos celulares de ninguno de sus funcionarios y empleados, incluida ella. De ahora en más, quien utilice ese tipo de telefonía deberá abonarla de su bolsillo.

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