Tras ocho días de cortes en la Illia, Macri analiza el desalojo por la fuerza

Los piquetes, que comenzaron el lunes de la semana pasada, siguieron ayer y provocaron caos vehicular en la zona; la Casa Rosada culpó a la Ciudad, que evalúa un operativo de desocupación
Ángeles Castro
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7 de enero de 2014  

El octavo día de cortes sobre la autopista Illia, realizado por habitantes de la villa 31 que reclaman viviendas o subsidios para edificar sus casas, provocó ayer un nuevo caos de tránsito en los accesos complementarios. Anoche, el gobierno porteño evaluaba el desalojo por la fuerza.

Durante la mañana, la Nación se había valido de la protesta para acusar a Mauricio Macri de "inacción e inoperancia". "El gobierno porteño no ha resuelto el corte de la autopista Illia, que es lo que le corresponde hacer", dijo el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, junto al secretario de Seguridad, Sergio Berni. "Hemos promovido un sistema de prevención cuando oportunamente se acordó la liberación de esa traza, pero esto no ha sido tomado por el gobierno de la ciudad. La responsabilidad es del gobierno porteño", señaló Capitanich.

Las máximas autoridades porteñas eligieron no responder ese embate de tono político. La vocera porteña escogida para hablar de la situación fue Marina Klemensievicz, secretaria de Hábitat e Inclusión, quien sostuvo que la Ciudad tomó cartas en el asunto por la "inacción" nacional.

Dijo a LA NACION que la Ciudad no pagará subsidios ni ofrecerá soluciones habitacionales a los piqueteros bajo coacción. "No vamos a ser rehenes de esta dinámica extorsiva", sostuvo. Y adelantó que el gobierno, si bien apuesta a resolver el conflicto mediante el diálogo, no descarta "otras posibilidades, como el desalojo", para evitar los perjuicios a los ciudadanos que transitan por la Illia.

El lunes de la semana pasada, 141 familias decidieron ocupar la Illia, cerca del peaje, porque el día anterior habían sido desalojadas de un predio situado entre las vías de los ferrocarriles Belgrano Norte y San Martín, a la altura de la estación Saldías, en Recoleta. Desde entonces reclaman viviendas o un subsidio de al menos $ 50.000 por grupo familiar para adquirir un terreno.

El desalojo fue ordenado por el juez federal Sebastián Cassanello, por pedido del ferrocarril Belgrano Norte. Según pudo saber LA NACION de fuentes judiciales, no se trataba de un asentamiento permanente, ya que los ocupantes entraban y salían del lugar. Las policías Federal y Metropolitana y la Gendarmería aprovecharon un momento en el que quedaba sólo una veintena de personas para desocupar el terreno, parte de un galpón en desuso e incendiado del Belgrano Norte.

Las fuentes también precisaron que el terreno estaba siendo parcelado y alquilado, con una metodología similar a la ocurrida meses atrás debajo de la autopista Illia.

Si bien se solicitó la participación del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en la etapa previa al desalojo, éste se negó, dijeron las fuentes con acceso al expediente. Al resolver la desocupación, Cassanello también determinó que la Ciudad debía ocuparse de la cuestión habitacional, sin profundizar al respecto.

Tras el desalojo, las familias decidieron reclamar mediante piquetes en la Illia. Entre el lunes y el jueves bloquearon los carriles con sentido al centro. Ese día, tras cuatro jornadas de protestas consecutivas, los manifestantes acordaron con funcionarios porteños que levantaban la medida a cambio de mantener una reunión con representantes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Según las fuentes consultadas, el encuentro sucedió el viernes por la tarde. "Había funcionarios de la Nación y de la Ciudad, pero se burlaron de nosotros. Nadie nos ofreció nada", contó a LA NACION Caterina Medrano, una de las seis manifestantes que participaron de la reunión.

Ante esta situación, los vecinos decidieron ese mismo día retomar el corte sobre la autopista y obstruyen el tránsito desde entonces. Durante el sábado y el domingo ocuparon los carriles en ambos sentidos. Ayer lo hicieron en el tramo de la vía con sentido hacia el centro. Y adelantaron que no se irán "sin una solución", según Medrano.

El piquete volvió a generar un caos de tránsito en la zona. A primera hora, y tras finalizar la jornada laboral, se registraban largas colas de automóviles y camiones sobre la avenida Lugones y las vías aledañas.

El secretario Berni se sumó a las críticas realizadas por Capitanich. "El gobierno de la ciudad tiene que asumir la responsabilidad de conducir a la Policía Metropolitana y, en cumplimiento de las leyes, debe liberar los carriles", consideró. Sostuvo que "es inconcebible" que una arteria que vincula la zona del conurbano bonaerense con la Capital "esté cortada durante ocho días y que el gobierno porteño mire atónitamente y no resuelva nada", por lo que denunció "inacción e inoperancia absoluta".

Ayer la Policía Metropolitana impidió el acceso hasta la zona y derivó el tránsito. Cerca de donde se hallaban los manifestantes había efectivos de la Gendarmería Nacional. Pero no hubo ningún desalojo.

No obstante, la fiscal porteña Daniela Dupuy había enviado un oficio a los jefes de las policías Federal y Metropolitana y de la Gendarmería para recordar que tienen "facultades para prevenir las contravenciones y para ejercer la coacción directa para hacer cesar la conducta de flagrante contravención, utilizando la fuerza en la medida necesaria".

Los manifestantes violan el artículo 78 del Código Contravencional porque impiden la circulación de vehículos en una vía pública y, así, el libre tránsito. "No necesitan la orden de un juez, pueden actuar", aclaró la fiscal a LA NACION.

Cronología de una protesta sin solución

  • 30/11/2013

    Unas cien personas toman un terreno situado entre las vías de los ferrocarriles Belgrano Norte y San Martín, cerca de la estación Saldías, en Recoleta. En ese lugar, hasta donde se extiende la villa 31, había funcionado un galpón ferroviario que se había incendiado poco antes
  • 29/12/2013

    Por orden del juez federal Sebastián Cassanello, las policías Federal y Metropolitana, junto con la Gendarmería, desalojan a los habitantes del terreno ocupado, en un momento en que quedaban pocos presentes en el lugar. El juez consideró que se trataba de una situación riesgosa para los usurpadores por la existencia de niños y la cercanía de los trenes
  • 30/12/2013

    Parte de las familias desalojadas deciden ocupar la autopista Illia para protestar por el desalojo y exigir como compensación una solución habitacional. El mismo día comenzó el trabajo del gobierno porteño en busca de conciliar con los piqueteros para que liberaran la traza
  • 31/12/2013

    En la víspera de Año Nuevo, la autopista permanece cortada
  • 1/1/2014

    Los usurpadores no cesan con la interrupción de la autopista Illia
  • 2/1/2014

    Funcionarios porteños logran que los manifestantes levanten el corte de la autopista con la promesa de que, al día siguiente, serían recibidos por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Los ocupantes anticipan que, en lugar de una vivienda, aceptarían un subsidio de $ 50.000 para comprar un terreno y edificar su casa
  • 3/1/2014

    Fracasa la reunión entre los piqueteros y el Ministerio de Desarrollo Social porque los funcionarios de Alicia Kirchner no ofrecen ningún beneficio. Por la noche, los desalojados vuelven a cortar la Illia
  • 4/1/2014

    Se mantiene el corte
  • 5/1/2014

    El corte continúa
  • 6/1/2014

    Sigue la protesta y el gobierno porteño analiza el desalojo por la fuerza
  • Del editor: qué significa.

    Un nuevo capítulo de la disputa política entre la Nación y la Ciudad mantiene a miles de personas como rehenes, sin una solución a la vista.

    Con la colaboración de Valeria Musse

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