El dilema energético del siglo XXI

Daniel Gustavo Montamat
Daniel Gustavo Montamat PARA LA NACION
En un mundo que crece, el combustible fósil da seguridad, pero no sustentabilidad; hay que encontrar la diagonal entre los que subestiman el cambio climático y los que defienden un ecologismo paralizante
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20 de enero de 2014  

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ocho propósitos de las Naciones Unidas sobre desarrollo humano del año 2000 consensuados por más de 180 países, van a culminar en el año 2015. En esa fecha serán reemplazados por los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). El desarrollo sustentable será una quimera mientras no haya una agenda global que reconcilie la seguridad y la sustentabilidad energética.

Con base en el año 2010, el Congreso Mundial de Energía proyectó que la población mundial a fines del siglo XXI se multiplicará por 1.4 (se estabiliza en 2050 en 9100 millones de habitantes), el producto bruto mundial se multiplicará por 10 y el consumo energético se multiplicará por tres. Los datos auguran una mejora relativa en el nivel de vida de muchos habitantes del mundo que accederán a los niveles de ingreso de la clase media. La demanda de energía mundial seguirá, por lo tanto, creciendo. Un habitante del mundo desarrollado hoy consume un promedio 14 barriles de petróleo por año, mientras que uno del mundo emergente pobre consume sólo tres barriles y uno de desarrollo intermedio, seis barriles por año. Una vivienda de hoy consume en promedio 40% más de electricidad que una de 1970, sobre todo, debido a la incorporación de acondicionadores de aire y de los diferentes artefactos derivados de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Hoy, en un mundo de algo más de 7000 millones de habitantes, hay mil millones de automóviles; la tendencia señala que en 2030 habrá 2000 millones de autos. ¿Es sostenible este patrón de consumo con una dieta energética que hoy depende en un 81% del petróleo, el carbón mineral y el gas natural (energías fósiles)?

Un punto de convergencia entre quienes privilegian la seguridad energética y los que plantean el condicionante de la sustentabilidad energética es la necesidad de seguir avanzando en las políticas tendientes a promover el uso eficiente de la energía. La tasa de intensidad energética promedio mundial (que relaciona la unidad de energía consumida con la unidad de producto económico generado) era, tres décadas atrás, de 1; ahora es de 0.70. La productividad del uso de la energía ha mejorado desde la crisis petrolera de los años 70 del siglo pasado y puede seguir mejorando.

Con políticas de reducción de subsidios en los precios de la energía fósil y medidas específicas para alentar la difusión y el uso de tecnologías de ahorro y uso racional (en la industria, el transporte, la construcción y los hogares), en dos décadas la tasa de intensidad promedio podría bajar de 0.7 a 0.5. Todo lo que se haga para "desenergizar la economía" conviene a la seguridad y a la sustentabilidad energética.

Un punto clave de negociación es la eliminación de los subsidios a la energía fósil que muchos países siguen promoviendo. Esos subsidios desincentivan la eficiencia y desalientan la inversión en energías alternativas. Una reciente investigación del FMI que incluye 170 países revela que los subsidios a la energía en los precios finales (incluidas desgravaciones impositivas) alcanzan el 2,5% del producto mundial y el 8% de los ingresos fiscales del planeta. Ascienden a 1.9 billones de dólares. El 40% corresponde a economías desarrolladas y un tercio adicional a los países exportadores de petróleo. La eliminación de esos subsidios podría reducir un 13% las emisiones de anhídrido carbónico (CO2).

La eficiencia es la "fuente" más barata de energía porque reduce la dependencia de otras fuentes de oferta. En la selección de las fuentes de oferta se da la mayor tensión entre la seguridad y la sustentabilidad energética. Los que priorizan la importancia de un suministro seguro y económico privilegian fuentes de energía que satisfagan las necesidades domésticas relegando alternativas más responsables del cuidado ambiental. Quienes se preocupan por el aumento incesante de las emisiones de gases de efecto invernadero destacan la prioridad de "descarbonizar" la oferta de energía e internalizar los costos de la emisión fósil (impuestos, bonos verdes).

Las emisiones de CO2 (principal gas de efecto invernadero) superaron en 2013 las 400 partes por millón. Eran de 356 ppm cuando se realizó la cumbre de Río en 1992, y el Panel de Expertos de las Naciones Unidas sigue advirtiendo que deberían estabilizarse en 450 ppm hacia mediados de siglo para que la temperatura media del planeta no se eleve más de 2ºC por encima de los registros anteriores a la Revolución Industrial. La Agencia Internacional de Energía (IEA) ha calculado que si la oferta energética tiene que adaptarse a los requerimientos del límite de 2ºC de aumento del calentamiento promedio global, sólo un tercio de las actuales reservas probadas de fósiles (carbón, petróleo y gas) podrán ser consumidas, a menos que se generalice la adopción de la tecnología de captura y almacenamiento de gases de carbono.

Un posible punto de convergencia entre las distintas opciones de oferta energética lo puede dar una sustitución intrafósiles de petróleo y carbón por gas natural. La revolución del shale gas, a partir de su desarrollo en Estados Unidos, ofrece una oportunidad. Los recursos no convencionales (shale oil y shale gas, arenas bituminosas, crudos pesados) han ampliado las reservas potenciales de recursos fósiles y han desplazado los picos de producción de petróleo y gas hacia adelante, pero su desarrollo intensivo compromete la sustentabilidad energética.

El petróleo de esquistos (shale oil) y las arenas bituminosas (tar sands), además de tener un balance energético neto deficiente entre la energía generada y la utilizada, profundizan la "huella de carbono" con sus emisiones de CO2. El gas natural no convencional, en cambio, aun con un balance energético neto desfavorable respecto al gas convencional (5 a 1 contra 10 a 1), contribuye a mitigar los gases de efecto invernadero. El Instituto Tecnológico de Massachusetts ha destacado en una investigación reciente las ventajas del shale gas para reducir emisiones de CO2 sustituyendo carbón en la generación eléctrica. La generación a gas puede a su vez ofrecer potencia firme a las energías renovables intermitentes (eólica, solar). Pero tampoco hay una agenda global acordada para promover la sustitución de carbón y petróleo por gas como parte de una transición a fuentes alternativas.

Un punto clave de esa agenda sería el establecimiento de metas conducentes a la internacionalización del mercado del gas natural. Si el shale gas permanece sometido a la órbita del paradigma de la seguridad energética, su desarrollo sólo quedará acotado a la frontera de algunos países.

El tercer punto de una posible convergencia entre seguridad y sustentabilidad lo puede dar la revolución tecnológica en la industria eléctrica. Hay 1200 millones de habitantes del mundo que no tienen acceso a las redes de la electricidad comercial. La inclusión de estos excluidos de la energía comercial puede hacerse privilegiando tecnologías de generación distribuida donde las energías alternativas no contaminantes ofrecen ventajas. En el resto del universo interconectado, hay que introducir la tecnología de la información en las redes. Las redes eléctricas inteligentes reducen el consumo, habilitan oferta adicional y promueven nuevos artefactos liberadores de la logística de los combustibles fósiles (autos eléctricos, paneles solares, celdas combustibles, etcétera). Otro capítulo de una agenda de transición.

Si el debate que divide aguas entre seguridad y sustentabilidad energética no encuentra una diagonal que aproxime posiciones, prevalecerán las posturas extremas. De un lado, los que niegan la influencia humana en el cambio climático y subestiman sus consecuencias; del otro lado, los que propician un ecologismo paralizante. El desarrollo sustentable (con su dimensión social, económica y ambiental) implica recuperar la capacidad de transacción entre las urgencias del presente y las restricciones del futuro. Todo un desafío institucional para una gobernanza global entrampada en el corto plazo.

© LA NACION

El autor, economista, fue secretario de Energía de la Nación y presidente de YPF

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