Barracas: la Justicia no descarta ninguna hipótesis, tampoco que haya sido un sabotaje

Fuentes judiciales aseguran que había documentación valiosa en el depósito de Iron Mountain; la fiscalía pidió que la policía analice las filmaciones de las cámaras de seguridad; declararon bomberos que participaron del operativo
Pablo Tomino
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8 de febrero de 2014  

La Justicia no descarta la posibilidad de que haya ocurrido un sabotaje en el incendio del depósito de la empresa Iron Mountain, en Barracas, que el miércoles pasado provocó el derrumbe de una pared y mató a siete bomberos (seis de la Policía Federal y uno, voluntario) y a dos rescatistas.

Si bien los peritajes aún no comenzaron, cada vez son más fuertes las sospechas de especialistas e investigadores de que pudo haber ocurrido un acto intencional en el siniestro. Más aún al considerar que en el depósito de Azara 1245 se guardarían archivos valiosos, como causas judiciales, y documentos del Banco Provincia, Aerolíneas Argentinas y hasta de empresas que se le atribuyen a Lázaro Báez.

Las falla del sistema de seguridad contra incendios es la principal incógnita de los investigadores. Y también despertó muchas suspicacias entre altos mandos de las fuerzas de seguridad, quienes se preguntan cómo pudo "no accionarse un mecanismo que muy pocas veces falla". Sin embargo, fuentes judiciales dijeron ayer a LA NACION que de los ocho testimonios relevados en los últimos dos días (cinco empleados de Iron Mountain y tres bomberos) no se deduce que haya habido "sabotaje" en el incendio de Barracas.

Ayer, la Fiscalía N° 37 solicitó a la División de Apoyo Tecnológico de la Policía Federal y a Gendarmería Nacional que releve y analice las distintas filmaciones que fueron obtenidas por cámaras de seguridad de la zona del depósito de Iron Mountain. Esperan obtener algún tipo de detalle que pueda dar alguna pista sobre el comienzo del incendio, así como el accionar de los bomberos previo al derrumbe de la pared que mató a nueve personas.

Además, tres bomberos voluntarios de los cuarteles de La Boca y Vuelta de Rocha que participaron del operativo para combatir el fuego declararon en calidad de testigos ante la fiscal Marcela Sánchez. Los tres aportaron muy pocos datos relevantes: aseguraron que "no estaban presentes" en la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín cuando se desplomó la pared de siete metros que mató a sus compañeros.

Martín Coppola y Nicolás Scorza (del cuartel de La Boca), y Daniel Marcos Herrera (del cuartel de Vuelta de Rocha) relataron su versión de los hechos durante dos horas en la Fiscalía N° 37, que el lunes próximo citará a mas bomberos y rescatistas para intentar revelar, principalmente, por qué motivo se desmoronó la pared.

Scorza y Coppola concurrieron al lugar y comenzaron a combatir las llamas desde el acceso de la calle Azara, por lo que no presenciaron el derrumbe de la pared en la esquina de Jovellanos y Quinquela Martín. Luego, tras inhalar monóxido de carbono, Scorza fue trasladado al hospital Penna, en compañía de Coppola, quien resultó ileso.

Una vez recuperado Scorza, ambos bomberos volvieron al incendio para continuar trabajando en las tareas de extinción de las llamas. Los dos rescatistas coincidieron en que no "estaban presentes" cuando se desmoronó el primer muro que ocasionó la tragedia.

Por otra parte, Marcos Herrera -compañero de Sebastián Campos en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Vuelta de Rocha- manifestó que el día del siniestro "trabajó en las operaciones de combate del fuego, desde el acceso de la calle Azara". Y agregó que tomó conocimiento del derrumbe del muro de la calle Jovellanos cuando se dirigía "a buscar la autobomba, que estaba estacionada en Jovellanos y Quinquela Martín".

Tras el hecho, Herrera socorrió a varios de los heridos, pero debió ser hospitalizado tras sufrir una descompensación, por lo que no pudo aportar mayores precisiones.

Desde la fiscalía también informaron que aguardaban el alta médica del bombero voluntario Facundo Ambrosio (cuartel de La Boca), y de los integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Policía Federal Argentina: el comisario Luis Gauna, el principal Daniel Díaz y los cabos primeros Daniel Sanmaritan y Juan López Gaggioti, a fin de que puedan brindar sus testimonios sobre el siniestro.

En la causa caratulada "NN sobre incendio u otro estrago con muerte de personas", ayer declararon en calidad de testigos Oscar Alfredo Godoy, Noemí Beatriz Moya, Javier Alejandro Márquez Flores, Pablo César Celedón y Mario Eduardo Guanco, quienes trabajaban en el depósito incendiado.

Los cinco habían declarado que cuando la alarma contra incendios comenzó a sonar en uno de los sectores del depósito, Godoy y Moya fueron a constatar si había fuego. Al comprobar que no había, regresaron a sus puestos de trabajo. Luego, se activó la alarma de otro sector. Cuando llegaron al lugar, las llamas ya se propagaban con voracidad. Entonces, junto con otros tres empleados, intentaron apagar el incendio con los matafuegos, ya que los aspersores automáticos no funcionaron. No pudieron. Entonces, llamaron a los bomberos y se fueron.

Piden informes a la Comisión de Valores

La presidenta Cristina Fernández instruyó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que informe si empresas reguladas por ese organismo tenían "documentación respaldatoria" en el depósito incendiado en Barracas.

Ayer, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, informó durante su habitual conferencia de prensa matutina, que la medida se había adoptado a raíz de que "un ex supervisor de la empresa Iron Mountain", dueña del depósito donde el miércoles último se produjo el incendio que provocó nueve muertos, denunció que la compañía "ajustaba presupuesto en materia de seguridad".

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