Símbolos religiosos y pluralismo

La presencia de imágenes en lugares públicos exige un delicado equilibrio: ni convertir foros estatales en capillas ni excluir valores históricos y culturales
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16 de febrero de 2014  

La presencia de símbolos religiosos en ámbitos públicos ha sido objeto de polémicas en Europa y en América latina. En nuestro país, aunque no en las escuelas, hay imágenes religiosas, entre otros ejemplos, en edificios públicos, estaciones de trenes, rutas, aeropuertos, bancos, tribunales, unidades militares, comisarías, cárceles, comercios, taxis. Algunas son imágenes solemnes, otras simplemente "estampitas" y aun variantes del sincretismo propio de la fusión cultural. Pero siempre expresan una profunda creencia religiosa.

El debate sobre la presencia de esos símbolos en los establecimientos de enseñanza ya ha sido zanjado: en las escuelas argentinas de gestión pública, salvo donde las constituciones provinciales admiten la enseñanza religiosa, no hay crucifijos. El modelo que la Argentina adoptó hacia fines del siglo XIX para la enseñanza fue el de Francia, "laica" por definición constitucional, aunque el término "laica" no figuró como tal en la célebre ley 1420, pero sí hoy en el Estatuto Organizativo de la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora se ha abierto un nuevo debate, relativo a la exhibición de dichas imágenes en ámbitos del Poder Judicial. Una señal incipiente ocurrió en 2003, cuando se manifestó un conflicto relativo a la Virgen de San Nicolás en el Palacio de Justicia, colocada allí por alguien en forma espontánea. La Corte, no sabiendo muy bien qué hacer, resolvió "regularizar" la situación (léase "remover" la imagen) y devolverla a quien la colocó.

En el más alto tribunal, la jueza Carmen Argibay es una firme sostenedora de esa postura. En el ámbito del Ministerio Público, la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, dispuso sacar todo tipo de símbolo religioso de las sedes del organismo a su cargo.

La cuestión es determinar si en la Argentina esas imágenes en ámbitos públicos de los poderes del Estado atentan contra la pluralidad religiosa. Al respecto, la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, al intervenir en el caso de la "Virgen del Palacio" (2004), consideró que la sola manifestación pública de una creencia religiosa no implica trato discriminatorio o la ausencia de imparcialidad respecto de quienes no profesen esa creencia. Y que no es ilegítima la presencia de un símbolo religioso, católico, en un edificio público sede de uno de los órganos de poder del Estado. Es una opción, jurídicamente posible, de las autoridades que ejercen las respectivas facultades de superintendencia.

Por la misma razón, la preeminencia de la Iglesia Católica no implica desmedro de la libertad religiosa de todos los habitantes y del derecho de existir y desarrollarse de las otras confesiones. El Relator especial de las Naciones Unidas para la Libertad de Religión y de Convicción, con motivo de su visita al país en 2001, citó en su informe que el "vínculo privilegiado" entre el Estado y una religión determinada no es en sí mismo contrario a los derechos humanos" mientras se respeten los derechos de las minorías.

Desde el punto de vista constitucional, en la Argentina "hay libertad de cultos sin plena igualdad de cultos", ya que el artículo 2° de la Ley Fundamental prevé: "El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano". Dicha normativa fue la manera que encontraron los constituyentes de 1853 para conciliar la libertad de cultos, apuntando a atraer inmigrantes de distintas confesiones, con el respeto a la raigambre histórica y a las creencias religiosas de la mayoría de los argentinos. Además del artículo 2, en la Constitución hay un principio teísta que se refleja en el Preámbulo y, en particular, en el artículo 19, que reserva a Dios el juicio sobre las acciones privadas de los hombres.

A nivel internacional, el tema también ha sido debatido en varios ámbitos. El célebre caso "Lautsi", relativo a la presencia de crucifijos en las escuelas italianas, resuelto por la Gran Sala de la Corte Europea de Derechos Humanos (2011) no consideró contrario a la libertad religiosa la existencia de crucifijos en las escuelas públicas italianas, pues se trata de un "símbolo pasivo" respecto al cual no se exige a nadie especial trato o reverencia. El fallo hizo una distinción entre "no poner" y "sacar". Si no hay imagen, basta no colocarla y no causa agravio o herida a un sentimiento religioso; la remoción es un acto negativo, un rechazo que puede interpretarse como la imposición de una propia cosmovisión, atea o agnóstica, aunque se invoque la libertad religiosa.

En diciembre pasado, un tribunal de Varsovia dictaminó que el crucifijo podrá permanecer en el Parlamento de Polonia, ya que "no infringe ningún derecho" y consideró: "Aunque la cruz es un símbolo religioso, no puede ser ignorada su importancia como un símbolo de la identidad nacional y la cultura polaca". El veredicto rechazó así la demanda presentada por el partido polaco Movimiento Palikot, que pedía retirar la cruz de la Cámara baja.

En otro caso reciente, dictado por el Tribunal Constitucional de la República del Perú (2012), correspondió a un amparo interpuesto por una persona que solicitaba el retiro, de todas las salas judiciales y despachos, de los símbolos de la religión católica, invocando que esa exhibición no corresponde a un Estado laico, donde existe libertad religiosa. El máximo tribunal concluyó, luego de considerar que "la presencia de esos símbolos responde a una tradición históricamente arraigada en la sociedad, que se explica por ser la Iglesia Católica un elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú".

El propio Colegio Público de Abogados de la Capital Federal aprobó el dictamen del Instituto de Derecho de Culto y Libertad Religiosa, ante el pedido de retiro de símbolos religiosos de las salas de audiencias de juzgados y tribunales, en el marco de la "Campaña Nacional a favor de la Neutralidad Religiosa en el Poder Judicial". La postura del Colegio Público, en consonancia con los fundamentos del fallo Lautsi y del Tribunal Constitucional de la República del Perú, sostiene que dicho pedido "no es aceptable como interpretación jurídica válida al conducir? al sacrificio colectivo de valores recogidos en la Constitución Nacional, que la supermayoría de la población argentina, incluidos los pertenecientes a creencias no cristianas o no creyentes, reputa entre los más elevados".

En la actualidad, para muchas personas, en su fuero íntimo, la fe no adquiere relevancia, incide escasamente en las decisiones de sus vidas y, menos, en la vida social respecto de otras épocas. Aún así, en la Argentina la expresión de fe católica continúa siendo mayoritaria y esa creencia constituye, en la actual coyuntura de enfrentamiento social, un factor de unión trascendente por encima de las disputas políticas e ideológicas. Esta situación es mucho más evidente desde marzo de 2013, cuando el ex arzobispo de Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio fue elegido Papa.

La presencia de los símbolos religiosos en los lugares públicos exige un delicado equilibrio: ni convertir los foros estatales en capillas, ni excluir la referencia trascendente de ellos, como en algunos casos pretenden los partidarios del secularismo activista. En la Argentina, los símbolos religiosos católicos y, más concretamente el crucifijo, son portadores de valores comunes históricos y culturales. Debe quedar a juicio de cada tribunal resolver si opta por colocar, mantener o removerlos de los ámbitos públicos. En una sociedad verdaderamente pluralista, nadie deberá sentirse excluido, herido o privilegiado, pues esas creencias y valores existen en la realidad y son factores silenciosos de unión, aun para quienes carecen de fe religiosa o que tienen otros credos.

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