Las entidades italianas insisten en que Colón siga en la Casa Rosada

En un comunicado expresaron su rechazo al traslado de la estatua a la Recoleta o a Villa Lugano; el gobierno porteño acordó con la Nación que le buscará otro emplazamiento
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4 de marzo de 2014  

Las asociaciones italianas que litigan ante la Justicia se oponen terminantemente al acuerdo entre la Ciudad y la Nación para mudar el monumento a Colón de su histórico emplazamiento, detrás de la Casa Rosada. Ayer, luego de que LA NACION publicó que el gobierno porteño estudiaba dos posibles sitios para la futura instalación de la estatua, el Círculo Italiano negó haber dado el visto bueno a una posible localización en la Recoleta del conjunto escultórico creado por Arnaldo Zocchi hace casi un siglo, tal como confiaron voceros de la administración local.

"La postura del Círculo Italiano ha sido y sigue siendo clara, y no da lugar a confusión alguna: queremos que el monumento permanezca en la plaza Colón, donde por ley nacional del año 1907 se estableció que habría de estar emplazado. Sólo una nueva ley nacional podría derogarla" , dijo a LA NACION el abogado Horacio Savoia, que representa a esa entidad.

A pesar de que la Justicia ordenó que el monumento sea preservado y no fuera desmantelado ni trasladado, el Gobierno siguió desmontando la estatua pieza por pieza -las organizaciones que litigan contra el Estado por este tema denunciaron que incluso se rompieron varias partes- y las dejó desperdigadas junto a la base, en la plaza Colón.

Ahora llegó a un acuerdo con su contraparte porteña para sacarlo de la parte trasera de la Casa Rosada. La administración de Mauricio Macri estudia dos posibles ubicaciones para el monumento: una, en la plaza Justo José de Urquiza, frente a la Facultad de Derecho; otro, en alguna de las tres rotondas de la avenida Escalada, en sus cruces con Castañares, Batlle y Ordóñez o Fernández de la Cruz, en Villa Lugano.

"El Círculo Italiano no ha prestado ni prestará conformidad alguna a un acuerdo entre el Poder Ejecutivo Nacional y el Poder Ejecutivo porteño para trasladar el monumento a Cristóbal Colón a otra plaza de la ciudad de Buenos Aires. Por el contrario, tal como lo viene sosteniendo invariablemente en el amparo judicial contra dicho traslado, el Círculo Italiano desea que sea en sede judicial donde, por sentencia definitiva y firme, se decida sobre el particular, con la esperanza de que se haga valer lo dispuesto en la ley nacional 5105 del año 1907, que estableció dónde deber estar emplazado", sostuvo ayer la entidad, en un comunicado.

"Entendemos que sólo una nueva ley nacional podría derogarla y, hasta tanto, con acatamiento al principio republicano del respeto a la división de poderes, el PEN debió haber cumplido con la sentencia interlocutoria del 11 de diciembre de 2013 que le imponía abstenerse de producir cualquiera de los actos que hasta el momento viene llevando a cabo, proceder que bien podría constituir un delito de naturaleza penal, al que puede añadirse el de daño a bienes del dominio público de la ciudad y el de incumplimiento de los deberes de funcionario público", continuó.

Y concluyeron: "El Círculo Italiano no será cómplice en esa acción ni en ninguna otra que pudiera constituir una violación al orden legal aún vigente y un acto de deslealtad con la colectividad italiana heredera de los donantes".

El Círculo y el resto de las entidades italianas litigantes sostienen que no tiene ninguna relevancia jurídica que la Nación y la Ciudad hayan acordado el traslado.

También que, con sus acciones y omisiones, tanto Cristina Kirchner como Mauricio Macri han violado la ley 5105. En este sentido, prometen que los demandarán para que respondan patrimonial y penalmente.

Concretamente, afirman que al desoír el mandato de la cautelar de la jueza Liliana Heiland, del 11 de diciembre pasado, ambos gobiernos habrían incurrido en los delitos de desobediencia de una orden judicial y de daños en un monumento ubicado en lugar público.

Asimismo, cinco entidades italianas litigan desde mediados del año pasado ante la justicia en lo contencioso administrativo federal contra el Poder Ejecutivo porteño, al que acusan de haber renunciado al derecho de la ciudad a recuperar la plaza Colón, que se encuentra enrejada y vedada al acceso ciudadano por decisión unilateral de la Nación, a pesar de que en un acuerdo firmado entre ambos gobiernos en 2007 se indicaba que las restricciones se permitirían sólo cuando hubiera actos sin presencia de público, debiendo estar abierta el resto del tiempo.

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