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Convalidan la orden para desalojar el predio usurpado en Villa Lugano

Lo ordenó la Cámara de Apelaciones en lo Penal; el procedimiento debe ser ejecutado por la Policía Metropolitana, con el apoyo de fuerzas federales; aún no se fijó la fecha
Ángeles Castro
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20 de marzo de 2014  

La Policía Metropolitana, con la cooperación de la Policía Federal y la Gendarmería Nacional, deberá desalojar en los próximos días el predio usurpado en Villa Lugano hace más de tres semanas. El operativo podrá extenderse la cantidad de días que resulte necesario.

Así lo resolvió ayer la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y Contravencional porteña, al ratificar dos fallos de primera instancia que habían ordenado el desalojo del terreno situado en Pola y Fernández de la Cruz, ocupado ilegalmente desde el 24 de febrero pasado por unas 300 familias.

El fallo –al que tuvo acceso LA NACION– regresará hoy al juzgado interviniente, a cargo de la magistrada Gabriela López Iñíguez, que deberá fijar la fecha del desalojo.

Los camaristas Jorge Franza, Sergio Delgado y Marcelo Vázquez establecieron que la liberación del predio en el que funcionó un cementerio de autos deberá ser ejecutada por la Policía Metropolitana.

A diferencia de lo fallado por López Iñíguez, que estimó que esa fuerza actuara de manera exclusiva, el tribunal de alzada determinó que la Policía Federal y la Gendarmería Nacional tendrán la obligación de respaldar el operativo mediante el tendido de "un cerco que impida otras ocupaciones y evite agresiones durante el desarrollo de la medida".

Como se recordará, el lunes 24 de febrero unas 300 personas usurparon en reclamo de una vivienda propia el terreno en el que, hasta hace un año, funcionaba un depósito de autos de la Policía Federal.

Desde entonces, el asentamiento se fue consolidando física y socialmente. Los ocupantes construyeron casillas precarias, ingresaron cables de electricidad y hasta le dieron nombre al barrio: Papa Francisco. El cura párroco de la villa 20, el padre Franco Punturo, bendijo las viviendas y, todos los martes, celebra misa para las familias instaladas en el predio.

Ahora, tras la confirmación de la Cámara de Apelaciones de los desalojos pendientes, los grupos deberán ser evacuados por la fuerza. De todas maneras, la Sala III ratificó una serie de recaudos que había fijado la jueza López Iñíguez en relación con el desarrollo del operativo.

Tras citar el trágico antecedente del allanamiento del parque Indoamericano, durante el que murieron tres personas, la magistrada había establecido que los agentes de la Policía Metropolitana debían estar debidamente identificados y que quedaban "expresamente excluidas, por principio y salvo excepción debidamente fundamentada, las armas letales, en tanto se trata de la restitución de un bien de carácter patrimonial de jerarquía inferior a la vida e integridad física de las personas".

La jueza ordenó además que el desalojo deberá ser filmado en audio y video por un "ente imparcial" y que "deberán proponerse veedores EXTERNOs que garanticen la transparencia" del acto. Y había considerado la intervención del SAME y de equipos de asistencia social del gobierno porteño.

En su fallo, que será hoy notificado a las partes intervinientes, los camaristas dispusieron que también participe la Agencia de Protección Ambiental de la ciudad. Es que, tal como publicó LA NACION en ediciones anteriores, el predio está afectado por altos niveles de contaminación como consecuencia del acopio, durante años, de vehículos en desuso.

Precisamente, las tierras ya habían sido objeto de otro expediente judicial en el fuero contencioso administrativo, impulsado por la Asesoría Tutelar porteña. El organismo exigió el cumplimiento de una ley sancionada en 2005, que ordenó que el predio fuera saneado y urbanizado en beneficio de habitantes de la villa 20.

La demora en el proceso favoreció la instalación ilegal de las familias, en su mayoría provenientes de la villa 20, hace más de tres semanas, sobre tierras y napas de agua todavía contaminadas con metales pesados e hidrocarburos.

En este expediente, en manos de la jueza Elena Liberatori, los ocupantes habían solicitado permanecer en el terreno e ir rotando de ubicación, siempre en su interior, a medida que avanzaran las tareas de remediación y urbanización. El petitorio no fue convalidado por la magistrada y quedó sujeto a las definiciones en el fuero penal.

Ayer llegó una de esas definiciones, y no resultó favorable a los moradores. La Cámara consideró que "los elementos de prueba obrantes en el legajo permiten tener por mínimamente acreditada la existencia de un hecho que encuadraría en el delito de usurpación" y ratificó el desalojo.

Previamente, había rechazado la recusación contra uno de sus miembros, el juez Vázquez.

Corte total por una marcha de representantes villeros

Un centenar de manifestantes cortaron ayer a la tarde la avenida 9 de Julio, en su cruce con la avenida Corrientes. Desde el Obelisco se movilizaron hacia Bolívar 1, sede de la jefatura de gobierno porteño, para exigir la urbanización de las villas porteñas y la descriminalización de las dos personas actualmente procesadas por la toma del parque Indoamericano, a fines de 2010, el final de los desalojos y un plan integral de viviendas.

Quienes manifestaron forman parte de distintos agrupaciones, como La Cámpora, Kolina, Unidos y Organizados, la Corriente Villera Independiente, el Frente Popular Darío Santillán, el Movimiento Evita, el Frente Progresista Popular. Piden la urbanización de asentamientos con radicación, lo que incluye vivienda digna, cloacas, tendido eléctrico, agua potable, escuelas, centros de salud y plazas, entre otras demandas.

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