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Un tarifazo para empezar a pagar el desmanejo

Diego Cabot
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28 de marzo de 2014  

Algo había que hacer con la millonaria madeja de subsidios en la que están enredados los servicios públicos. Y el Gobierno lo hizo: decidió que sean los usuarios los que empiecen a pagar en cuotas el desmanejo energético en el que se sumió el país desde 2003, cuando Néstor Kirchner llegó al poder.

Se usó hasta donde se pudo la billetera estatal para cobrar a precio de oferta la energía, el agua y el transporte. Pero detrás de esta decisión se engendraron verdaderos monstruos deficitarios que cada tanto amenazaban con salir a la luz . Ahora no hay más dinero, y el Gobierno, que podría haber revisado el origen de esas criaturas que se llevaron el año pasado $ 130.000 millones y mirar cómo es que ganaron estatura de gigantes, prefirió darse vuelta y pedirle algunos pesos a cada uno de los usuarios para seguir dándoles de comer a las bestias.

El kirchnerismo decidió hacer de la Argentina, que hasta 2004 se autoabastecía y exportaba, un país importador de energía. Sólo cuando estatizó YPF concedió precios de mercado a los productores locales. Espantó inversiones en el sector y creó una dependencia absoluta de los barcos con combustible que llegan de a cientos a los puertos argentinos a cambio de miles de millones de dólares.

Nadie en el Gobierno escuchó las alertas y nadie revisó jamás esta estrategia.

Los ministros Julio De Vido y Axel Kicillof trataron de encontrarle maquillajes discursivos a la explicación que dieron ayer, pero no hubo caso. Desde abril, las facturas de gas en todo el país y las de agua en el área metropolitana estarán impresas con valores desconocidos hasta ahora.

Los ministros sólo se dedicaron a dar pistas de lo que será el marco tarifario. No pudieron redondear una explicación concreta cuando se los consultó sobre porcentajes o precios. Finalmente, los rodeos discursivos terminan con el importe que se imprime al lado del "total a pagar".

"Para saber cuál es el impacto habrá que esperar -repetían ayer en una de las empresas que interviene en una de las cadenas de comercialización cuando la nacion la consultó sobre el aumento real-. Hay que ver cómo se reglamenta esta medida y cómo se implementará en la facturación".

El Gobierno decidió ayer iniciar un necesario camino para frenar los millones que se van en subsidios para la energía, el agua y las cloacas. Cuando la inflación pega como nunca durante la década ganada, cuando la presión fiscal sobre la economía formal está en niveles récord y cuando se empieza a sentir el crujido del mercado laboral, De Vido y Kicillof anuncian que los argentinos deberán pagar el doble, el triple o el cuádruple por el gas y el agua.

Por ahora, la electricidad quedó afuera del ajuste. "Lo que pasa es que no se puede aumentar este servicio por una sencilla razón: no hay seguridad de que todos los que quieran calentarse en el invierno que viene tengan energía suficiente. Imagínese -confió una fuente del sector privado que mantiene reuniones periódicas con varios funcionarios-, aumentar la luz justo en los meses en los que puede haber cortes."

Tal era la confusión ayer que las empresas que participan en la cadena del gas no tenían en claro si lo que se anunció mejoraba o no sus cuentas en rojo. Con la factura de gas se paga una parte para las productoras de gas, otra para las que lo transportan (TGN y TGS) y también para las distribuidoras (Metrogas y Gas Natural Fenosa, para el área metropolitana). Pero la porción más grande se la lleva el Gobierno, que a través de las distribuidoras cobra una suerte de tributo destinado a comprar energía en el exterior, en dólares y en efectivo. Dicho de otra manera, con cada pago se le otorga un cheque en blanco a De Vido y a grandes capitanes de La Cámpora que manejan varias empresas públicas, para que compren casi sin control.

¿No se podría revisar si esas compras de combustibles son todo lo transparentes que debieran ser? Sólo recordar los negocios que se esconden detrás de los cientos de barcos que descargan gas en los puertos de Bahía Blanca y Escobar o las decenas de buques venezolanos que traen gasoil o fueloil para que se levanten sospechas. Para pagar esas facturas irá ahora el dinero que recaudarán Kicillof y De Vido; no a mejorar la infraestructura de los servicios.

Con el agua pasa algo similar. El Gobierno estatizó Aguas Argentinas y se la entregó al gremio de los sanitarios. En 2006, AySA recaudaba $ 620 millones y necesitaba $ 25 millones de subsidios. En 2013 cobró facturas por $ 970 millones y recibió $ 7166 millones de subsidios; cerca de 2600 millones fueron a pagar sueldos y gastos para funcionar. Se creó una empresa con muchísimos empleados y con grandes sueldos. El servicio mejoró, es verdad, pero también es verdad que ahora es impagable. Llegó el tiempo de prorratear el costo de la compañía, que no es lo mismo que el costo de distribuir agua. Y pagará el usuario.

El domingo juegan Boca y River y los argentinos lo mirarán gratis a través de Fútbol para Todos. Pocos se detendrán a pensar que detrás de ese programa ya se genera otro monstruo deficitario. Sólo cuando no se pueda pagar la cuenta habrá conciencia de lo que se gestó. Una anestesia similar funcionó por años en el mundo de los servicios públicos.

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