Impulsar el aborto es promover la muerte

Un nuevo proyecto para despenalizar la interrupción voluntaria de embarazos es otro flagrante retroceso que atenta contra la defensa de la vida
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20 de abril de 2014  

No ha dejado de sorprender que mientras los argentinos, comenzando por su Presidenta, se enorgullecen y admiran la llegada de monseñor Jorge Bergoglio a la silla de Pedro y concurren desde los más distintos sectores de la sociedad a ponerse bajo su manto protector, más de 60 diputados nacionales de numerosos partidos, con clara mayoría oficialista, hayan apoyado en el Congreso un nuevo proyecto de legalización del aborto cuando la defensa de la vida, y en particular de la vida indefensa, es uno de los pilares del nuevo humanismo y, ciertamente, de la doctrina de la Iglesia Católica, que hoy encabeza Francisco .

El debate sobre el aborto ya no admite otro tipo de interpretación que no sea la promoción de la muerte de niños por nacer, cuyos derechos no serán respetados. Hoy no hay duda alguna de que la unión entre el óvulo y el espermatozoide crea una vida distinta de la de la madre en el propio útero, con ADN diferentes y específicos para cada ser de esa relación. A ello se agrega que existen novedosos procedimientos médicos de imágenes en varias dimensiones que dan cuenta científicamente sobre la existencia concreta de un nuevo ser, lo que torna fútiles todas las discusiones al respecto.

En esta oportunidad, el proyecto fue presentado en la Cámara baja por la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio, a quien acompaña con su firma una treintena de legisladores de su bancada y otro número similar de diputados de diversos bloques aliados al oficialismo y de la oposición. Como suele ocurrir con este tema, no todos los partidos y alianzas tienen un discurso homogéneo. Los apoyos son transversales: hay quienes dentro de un mismo bloque están de acuerdo y otros que no.

Entre los puntos salientes de la iniciativa figura que toda mujer tiene derecho a interrumpir un embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación requiriéndolo en cualquiera de los servicios del sistema público de salud, en forma gratuita. Estipula, además, que fuera de ese plazo, la mujer tiene derecho a decidir el aborto si el embarazo fuera producto de una violación, acreditada con una denuncia judicial o policial, o formulada en un servicio de asistencia sanitaria y, también, si estuviera en riesgo la salud o la vida de la mujer, así como si existieran malformaciones fetales graves. Y que, en el caso de una menor de 14 años, se necesitará el asentimiento de por lo menos uno de sus representantes legales para poder abortar.

No es la primera vez que se presenta una iniciativa para legalizar el aborto sobre la base del derecho de la mujer a su propio cuerpo y de evitarle que pierda la vida en operaciones clandestinas. Nada se contempla respecto del derecho a vivir que le asiste a la persona por nacer. El camino no es matarla, sino ayudarlas a ella y a su madre a seguir adelante con el embarazo y, en última instancia, dar ese niño en adopción siendo tantas las parejas en el país que quieren convertirse en padres.

Tampoco es ni justo ni humano procurar el paliativo de las mujeres que han sido víctimas de una violación eliminando la vida de otra persona que, como dijimos, es la más indefensa de todas. Ni siquiera se sostiene el infundado argumento de las muertes de madres por abortos clandestinos, cuyas estadísticas manipulan tan arbitraria como alegremente defensores de la iniciativa.

Al respecto, resulta reveladora la ponencia realizada ante la Organización de las Naciones Unidas, en septiembre del año pasado, por el investigador chileno Elard Koch, director del instituto Melisa, en Chile, referido a su país y a México. En esa oportunidad, Koch demostró cómo la mortalidad por aborto se redujo en un 99 por ciento en Chile a lo largo de los últimos 50 años, siendo en la actualidad del 0,4% por cada 100.000 niños nacidos vivos. Sostuvo el científico que la mayoría de las legislaciones abortistas se basan en argumentos emocionales y no científicos y que, en Chile, con ley de legalización del aborto de 1931, derogada en 1989 sobre la base de programas para favorecer y proteger la maternidad y la salud del niño, pero por sobre todo la educación a la madre, se bajaron estadísticamente las muertes en la forma indicada, contando por cierto con el debido aporte de recursos del Estado. Lo mismo sucedió en México, en los últimos cinco años, en los distritos que prohíben el aborto. Koch afirmó, además, que el 98% de las causas de mortalidad materna no tienen ninguna relación con el aborto, sino que son consecuencia de la hemorragia, la eclampsia, la hipertensión y de otro tipo de patologías.

Estos estudios demuestran que el aborto nunca es solución. De 3491 mujeres con embarazos no deseados, sólo 507 eligieron abortar allí y 2984 tuvieron el niño. De ellas, el 79% optó por quedarse con el hijo y el 3,5%, por darlo en adopción.

Por otro lado, el argumento de que miles de mujeres fallecen por abortos clandestinos ni siquiera tiene en cuenta la cantidad de personas por nacer que mueren en crueles prácticas en las que muchas madres sobreviven. ¿No tienen acaso derechos esos seres humanos? ¿Sólo las madres los tienen?

La política de Estado para la defensa de la vida, de la educación y la protección de la mujer embarazada, y el fomento de la adopción dberían ser las verdaderas metas por alcanzar. El discurso emocional y demagógico, sin respaldo científico alguno, es propio del egoísmo y lo contrario al nuevo humanismo que defiende la vida como el primero de los derechos humanos. Como ya hemos sostenido desde estas columnas, defender esos derechos implica una acción de amplio alcance, pensada en positivo, en favor del principio de la vida. No hay ningún fundamento racional ni humano que justifique que, para garantizar el derecho a la vida de unos, haya que promover la cultura de la muerte.

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