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Los planes sociales no deben ser un secreto

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2 de mayo de 2014  

Días atrás, la Corte Suprema ordenó al Gobierno que difunda información relacionada con la distribución de planes sociales de la cartera de Desarrollo Social, sus receptores y montos percibidos, y la nómina de los intermediarios que los adjudican. A la vez, instó al Congreso a que dicte una ley de acceso a la información pública. La sentencia muestra la interrelación existente -que en general parece omitirse- entre los estándares de derechos humanos que deben guiar a las políticas sociales y los principios de transparencia y acceso a la información pública.

La lejanía entre esos mundos se refleja en la respuesta que brindó el Gobierno ante el pedido de información que realizó Cippec, que luego desencadenó el proceso judicial. Forzando hasta la más laxa interpretación de las normas que regulan el derecho de acceso a la información pública, el Gobierno negó la entrega de la información solicitada aduciendo que "la individualización de los beneficiarios de subsidios puede involucrar aspectos íntimos de la persona". Es decir, argumentó que la difusión de un listado con nombre, apellido y DNI de los receptores de planes sociales y de los intermediarios que los adjudican podría vulnerar el derecho de las personas a la intimidad. Así, transparencia y derechos humanos son presentados como términos antagónicos.

Esta respuesta tiene lugar en una década caracterizada por un creciente protagonismo de los derechos en la escena pública. No sólo porque algunas clásicas peticiones ciudadanas se reconfiguraron en esa clave, sino también por el incremento de la participación del Poder Judicial como ámbito posible para dirimir diferentes situaciones de vulneración, a la vez que el denominado "enfoque de derechos humanos" comenzó a resonar en el universo de las políticas sociales, si bien en muchos casos sólo como pura retórica. La Corte Suprema señaló que la situación de vulnerabilidad social que justifica la intervención estatal no se subsana ocultando la información, sino que, por el contrario, la transparencia y la información pública constituyen un elemento central para trascender la retórica de los derechos en el diseño de las políticas sociales.

Esto no sorprende. La Argentina tiene muchas deudas pendientes en el ámbito de la producción y el acceso a la información pública y de la transparencia. Además de continuar sin sancionar una norma general que regule el derecho de acceso a la información en los tres poderes del Estado, las prácticas gubernamentales tienden a la opacidad. Un estudio elaborado por la Asociación por los Derechos Civiles en 2013 señala que la mayor parte de las solicitudes de información presentadas ante el Poder Ejecutivo reciben respuestas incompletas, sin ninguna justificación, y que, en otros tantos casos, las agencias invocan la ley de datos personales para restringir la información en manos del Estado. Esto se suma a la intervención política en la producción de datos estadísticos y la falta de continuidad en la publicación de datos de interés público en diversas carteras estatales.

Como consecuencia de la actuación de la Corte, la diputada Diana Conti convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar un proyecto de ley de su autoría. La paradoja es que, en lugar de receptar lo expresado por la Corte, eleva las restricciones que rigen sobre el acceso a la información pública en relación con los datos personales. El riesgo es concreto: frente a la aprobación de ese proyecto, el Estado podrá negar la entrega de información de cualquier tipo referida a personas físicas si éstas no dan su consentimiento. La deuda argentina no se salda con la aprobación de cualquier ley, sino con una norma respetuosa de los estándares internacionales que jerarquizan el acceso a la información como un derecho humano.

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