Suscriptor digital

El Estado tiene deudas por $7000 millones tras las privatizaciones

Remanentes: los entes residuales de las empresas estatales acumulan gigantescos pasivos, numerosos inmuebles por vender y abultados pagos pendientes.
(0)
16 de septiembre de 1996  

Tras las privatizaciones de las principales empresas del Estado, los entes residuales que quedaron del traspaso de esos servicios públicos a manos de operadores privados, sólo presentan gigantescos pasivos y compromisos de pago pendientes por unos 7000 millones de pesos. Los activos remanentes por privatizarse, entre ellos un centenar de grandes inmuebles y miles de viviendas, locales y propiedades, ubicados en la Capital Federal y por todo el interior, o bien se encuentran en un avanzado grado de deterioro o, en su defecto, se caracterizan por su enorme problematicidad jurídica o institucional.

En el caso de Yacyretá, los números gruesos dejarían con su venta anticipada de energía unos 1500 millones de dólares, pero con una contrapartida de un pasivo muy superior a los 7500 millones de dólares, sin computar los pagos por regalías a Corrientes y Misiones, compensaciones al Paraguay por inundaciones de tierras, y otros 700 u 800 millones correspondientes a los trabajos faltantes que permitirán levantar la cota del lago a 83 metros.

En el sector nuclear es todavía más patética la situación. El país gastó en los últimos quince años unos 8000 millones de dólares en sus planes de desarrollo nuclear. Sin embargo hoy la valuación económica de esas usinas, según expresa la resolución 283 del Ministerio de Economía del 7 del actual, fija el valor de esos activos en 261 millones de pesos.

El subsecretario de Normalización Patrimonial, contador Rubén Poncio, recordó que las empresas públicas habían acumulado pasivos por unos 35.000 millones de dólares.

Unos 25.000 millones se "fueron" con la renegociación de la deuda externa al cerrarse el plan Brady, en tanto que otros 10.000 millones corresponden a deudas internas que se consolidaron con bonos del Tesoro a 5 y 10 años de plazo y de cuyo monto global hasta ahora se afrontó, aproximadamente, según afirmó Poncio, la tercera parte de esa cifra.

Las cifras en juego

Las cifras y datos del proceso de desarticulación del Estado empresario son enormes y las causas judiciales que todavía se encuentran pendientes de resolución alcanzan a casi 100.000, de las cuales el 80% son por reclamos laborales. A fines de 1994 unos 33.000 juicios ya habían sido transferidos a estudios privados para su diligenciamiento a nombre del Estado. En lo que respecta a los activos estatales, Poncio recordó que había casos, como el de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que su último balance aprobado por los órganos de control databa de 1965.

La tarea fue lenta y aún prosigue. Los inventarios plagados de deficiencias mostraban grandes diferencias con la realidad. Hoy, la documentación acumulada de las ex empresas ya liquidadas reúne en dos diferentes edificios unos 100 kilómetros lineales de archivos.

Liquidaciones por finalizar

Entre lo que queda de este año y el primer semestre de 1997 finalizarán los procesos de liquidación de importantes empresas, como Obras Sanitarias, Astilleros y Fábricas Navales del Estado (Afne) cuyas instalaciones fueron transferidas a la provincia de Buenos Aires sin pago alguno en tanto que para el Tesoro quedó la responsabilidad de abonar los juicios de la ex sociedad estatal. También finalizará la liquidación de Somisa privatizada a fines de 1992 y de Segba residual. Se disolverá asimismo Encotel, ya transformada en Encotesa, y, por último, todo el patrimonio desafectado del ex Territorio Nacional de Tierra del Fuego.

Este año comenzará la tarea de liquidación de Ferrocarriles Metropolitanos, otro gigante en su momento separado de Ferrocarriles Argentinos, para tornar más ágil la privatización de lo que hoy constituye la red de trenes suburbanos.

En ese proceso de privatizaciones ejecutado entre 1990 y 1994 quedaron fuera del empleo estatal unas 280.000 personas. De esa enorme cifra un 40% se retiró con regímenes voluntarios, otro 40% fue transferida a las empresas privadas adjudicatarias, mientras que el 20% restante correpondió a bajas vegetativas (renuncias, jubilaciones, fallecimientos, traspasos, etc).

Saldos por cobrar

Desde hace más de un año los frustrados proyectos de privatización de las usinas eléctricas binacionales demostró que sólo quedan por venderse verdaderos dolores de cabeza. Con las usinas atómicas resta dilucidar quién pagará los costos del futuro desmantelamiento de esas instalaciones, que nunca se contempló. Simplemente porque siempre se pensó -según dijo tiempo atrás el titular de Energía, Carlos Bastos-, que sería el Estado quien materializará esos onerosos trabajos, que exigirá vigilar por centurias las "tumbas" de los reactores y de otros elementos fuertemente irradiados.

En lo referido a las cuentas por cobrar, la realidad heredada demostró que el índice de cobrabilidad difícilmente supere la tercera parte del valor de las cuentas que quedan como acreencias.

La realidad demuestra que las joyas de la abuela ya se extinguieron. Tras la privatización de los más valiosos activos públicos todo parece resumirse en la necesidad de redoblar los esfuerzos para contener el gasto fiscal y percibir mayores recursos por el lado de la recaudación.

Y todo porque, esencialmente, ya no quedan más que deudas.

El destino de algunos inmuebles

Después de haberse concretado la transferencia de algunas de las empresas de servicios que manejaba el Estado a manos privadas, muchos inmuebles pasaron a ser utilizados para otras funciones.

Entre los más importantes cambios se encuentran los registrados en los siguientes organismos:

  • La ex sede de Obras Sanitarias de la Nación de Marcelo T. de Alvear y Callao pasó al Ministerio de Justicia para reubicar tribunales laborales.
  • La estación Retiro del Mitre, así como la del FF.CC. Belgrano y San Martín serán reubicadas en un único edificio vecino a la Estación Terminal de Omnibus tras la remodelación de esa zona urbana.
  • Sobre la ex sede de la Italo ubicada en San José 180, Edesur debe ahora decidir si adquiere ese inmueble o bien si se busca otro.
  • El astillero de submarinos ubicado en Costanera Sur, Almirante Domecq García, será desafectado y el predio pasará a ser una sede ferial.
  • Las playas de maniobras de Caballito, de Federizo Lacroze, Estación Sola, Saldías y otras serán reubicadas y los terrenos afectados a otros usos urbanos.
  • El Palacio de Aguas Corrientes de Córdoba y Riobamba será la futura sede de Aguas Argentinas. Se preservará su aspecto exterior y en su interior se hacen inversiones por u$s 45 millones.
  • La ex sede de Aerolíneas Argentinas de Paseo Colón 185 pasó a manos del Ministerio de Economía.
  • La ex sede de Segba de Balcarce y Alsina también quedó para Economía.
  • Tras la desaparición del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, el edificio ubicado en Moreno y avenida 9 de Julio 1950 pasó a ser la sede del Ministerio de Salud y Acción Social.
  • La aeroísla, en caso de concretarse esa iniciativa, debería dar paso a otros usos urbanos de las 127 hectáreas del aeroparque.
  • Ferrocarriles, el fin de un monstruo

    La magnitud de la empresa Ferrocarriles Argentinos parece inconmensurable. Y no hace falta remontarse al pasado para asombrarse con las cifras de un "gigante" estatal. Aún hoy, en pleno proceso de liquidación, las cantidades que se manejan pueden dejarnos estupefactos. Más de 13.000 viviendas y casi 4000 estaciones formaron parte del patrimonio incalculable de la compañía, hoy convertida en un ente residual del Estado.

    Pero todavía quedan varias cuestiones por resolver: casi 22.000 juicios pendientes, deudas, archivos y la administración de bienes repartidos por todo el país.

    Retiro en marcha

    En 1948 se habían nacionalizado los ferrocarriles, en manos de empresas de capital británico. Luego de tantísimos años de administración ineficiente se decidió, en 1989, privatizar la empresa Ferrocarriles Argentinos. Concluida la transferencia (tanto de pasajeros como de cargas) a los concesionarios privados y provinciales, la empresa comenzó a operar una transición ordenada hacia su disolución. En julio de 1995, Matías Ordóñez fue designado liquidador de Ferrocarriles Argentinos y a fines de este año vence el plazo de su gestión.

    En una entrevista con La Nación, Matías Ordóñez se mostró optimista respecto de la marcha del proceso de liquidación, aunque reconoció las dificultades que "la diversidad de bienes y la cantidad de temas por resolver" ocasionan a su labor.

    -¿Qué es lo que ha quedado en manos de Ferrocarriles Argentinos y se halla en proceso de liquidación?

    -Quedaron juicios, deudas, archivos, documentos históricos. Bienes muebles como galpones, chatarra ferrosa, vagones, muebles, maquinarias y automotores, entre otros.

    También inmuebles, como terrenos, edificios, viviendas, talleres, depósitos e instalaciones.

    -¿Cuál es el destino de todos esos bienes?

    -Algunos se vendieron o se donaron y queda por establecer el destino de otros. La mayoría fue transferida a provincias y municipios a fin de que se utilice con un sentido de desarrollo urbano, cultural o social.

    -¿Qué sucederá con los grandes halls de estaciones?

    -Estamos procurando encarar una mejor administración de esos lugares, ya sea a través de los concesionarios de pasajeros o buscando, a través de licitación pública, un operador que los administre en forma adecuada.

    -¿Qué valor aproximado tienen todos los bienes que aún están en manos de Ferrocarriles Argentinos?

    -Es difícil estimarlo porque resulta complejo llevar un control de lo que se tiene. Se está trabajando en la valuación de esos bienes y el monto figurará en un informe de Estado de Situación Patrimonial.

    Por ahora no puedo dar cifras, sería poco serio. Sí puedo asegurar que lo que ha quedado, lo residual, tiene también un valor residual.

    -¿Hay algún plan en marcha respecto de la urbanización de Retiro?

    -Hay un concurso de ideas organizado junto con la Municipalidad de Buenos Aires y la Sociedad Central de Arquitectos. Pronto se elegirá un proyecto y se pondrá en marcha.

    -Finalmente, ¿cómo evalúa la marcha del proceso de liquidación de la empresa?

    -Considero que va muy bien. En dos meses tendremos el Estado de Situación Patrimonial y eso es un indicador de que existe un orden y metas que se van alcanzando.

    Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

    Usa gratis la aplicación de LA NACION, ¿Querés descargala?