Consumo o desarrollo, la encrucijada actual

Ricardo Esteves
Ricardo Esteves PARA LA NACION
Durante los últimos 60 años, la clase política le llenó la cabeza a la sociedad con soluciones demagógicas y facilistas; la única manera de crecer, sin embargo, es a través de la inversión y el equilibrio fiscal
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12 de mayo de 2014  

El desarrollo es el estadio ideal de cualquier sociedad. No sólo por gozar de los ingresos más elevados, sino porque implica justicia social, Estado de Derecho e igualdad de oportunidades, entre otras muchas ventajas.

Acceder al desarrollo conlleva asumir un sacrificio y ajustarse a un proceso. Como el necesario para obtener un título universitario. Hay sociedades que pretenden llegar a los beneficios del desarrollo sin cumplir los protocolos requeridos, como es el caso de la Argentina, particularmente por lo que vive en estos días.

Luego de diez años de kirchnerismo, el país alcanzó el nivel de consumo más alto de su historia. Fue posible luego de subir todos estos años los salarios en términos reales y lograr un muy alto nivel de empleo, aunque esto último, a costa de incorporar masivamente funcionarios al Estado (en Nación, provincias y municipios) con el consiguiente impacto en el gasto público. Gasto que se financió con la carga impositiva también más alta de la historia, y finalmente con emisión sin respaldo, lo que ha sumergido nuevamente al país en la desgracia de la inflación. Entre los infinitos males, la inflación socava los ingresos de los asalariados a la vez que vuelve poderosos a los sindicatos. Los torna imprescindibles. Por eso se oponen a ella con tibieza. O más bien, de la boca para afuera.

Salarios e impuestos elevados sazonados con inflación recaen en las espaldas del sector privado, el único que produce bienes transables. Y lo dejan sin margen ni ánimo para invertir.

Paradójicamente, exacerbando el consumo no se solucionaron los objetivos prioritarios: eliminar la pobreza y disminuir la desigualdad, que siguen vivitas y coleando.

Analizando la disyuntiva desde otra perspectiva, la Argentina paga los salarios más altos de América latina -algo de lo que se vanaglorian sus gobernantes- mientras su economía aporta al mundo productos de mediana y baja complejidad: semillas y aceites de soja, autopiezas, minerales, autos armados en el país y bienes de consumo para el mercado brasileño. Quiere decir que el país es competitivo en esos escasos rubros. Si bien los aviones de Embraer representan una parte insustantiva de las exportaciones de Brasil, nos hablan por lo menos de la complejidad de su estructura industrial y del peso de la ingeniería en esa estructura.

En el caso de la sociedad argentina, se da un desacople entre el nivel de salarios y el valor económico de su producción. Esto se ha repetido cíclicamente en las últimas seis décadas. Y cada vez que se arriba a este punto crítico no hay más salida que ajustar a la baja los ingresos de la sociedad (ya que el valor de su producción lo fija el mercado), con la consiguiente crisis social y económica.

Un proceso semejante de despilfarro consumista vivió el país en los años 90, pero con el agravante de que se financió con la peor de las opciones, deuda externa. Para los países, la deuda externa para financiar gasto público improductivo (en última instancia, consumo) es explosiva: no se puede devolver. Es un acto extremo de irresponsabilidad.

Por ese camino, el país protagonizó el default más grande de la historia económica moderna y timó a los inversores que compraron títulos de deuda argentina (buena parte de ellos jubilados italianos y japoneses, ya que los bancos, para variar, oficiaron de intermediarios) en casi las tres cuartas partes de sus acreencias. De esa magnitud fue la quita que tuvieron que aceptar de un país que era -y es- uno de los graneros del mundo y cuyos ciudadanos atesoraban en bancos internacionales un patrimonio casi equivalente a su abultada deuda externa. Y para colmo, vivió el repudio de esa deuda desde una posición de víctima de la usura y del perverso sistema financiero internacional, el mismo a cuyas puertas y mala memoria el país apela en estos días.

A pesar de la explosión consumista de esta década -y antes de entrar al actual proceso de contracción-, la sociedad argentina se percibía subretribuida. Pretendía que los ingresos de un país con tanta riqueza y tanto talento individual debían estar en línea con los de los países desarrollados. Al menos, así lo percibe su gran clase media.

¿Cómo hacerles entender entonces a una sociedad y a unos sindicatos poderosos que un nivel de salarios que consideran de por sí insuficientes es un obstáculo al desarrollo, que a éste se accede paso a paso?

El costo salarial es un componente importante en el costo de producción en muchos sectores industriales, sobre todo en aquellos de bienes de mediana y baja complejidad, como los que produce la industria argentina.

Si esa industria debe pagar salarios más altos que las de los países que producen bienes equiparables, además debe soportar una carga impositiva más pesada y carece de las facilidades para reequiparse que tienen las empresas en esos otros países, donde pueden acceder al crédito internacional a plazos y tasas de mercado (porque aquellas naciones pagan sus deudas), la industria nacional pierde rentabilidad y se rezaga. Y sólo puede subsistir gracias a los créditos subsidiados con el ahorro de los jubilados y con las altas barreras de protección al mercado interno que deben proporcionarle las autoridades, de las cuales se vuelve rehén. Al que levanta la voz le bajan el pulgar.

Y si además hay restricciones para importar bienes de capital -o sea, máquinas- o para repatriar dividendos en el caso de las multinacionales, todo ello para favorecer el gasto interno, ¿qué margen y estímulos quedan para la inversión? ¿De qué sirven los discursos a favor de la producción? Por todo eso, los consumidores locales acaban pagando más caro por bienes tecnológicamente atrasados.

En este contexto, las empresas no pueden modernizarse ni avanzar al desarrollo, y de la mano de ellas, tampoco el país.

Al desarrollo sólo se accede a través de las empresas y por medio de la inversión. No hay atajos para ir a ese destino. Haciendo la aclaración de que el Estado no puede ni debe renunciar a su obligación de imponerles límites a las corporaciones en todos aquellos aspectos que corresponda.

Es muy triste que suceda esto, ya que el país aún detenta una calidad de población -por instrucción, autonomía de criterio, iniciativa y aspiración- que están por encima de la media de América latina. Desde su capacidad, podría justificarse que en el país se paguen los salarios más altos. Pero al operar con máquinas menos modernas, el rendimiento y la productividad son más bajos. Es la diferencia entre corregir un texto con una máquina de escribir o una computadora.

Si una empresa ocupa a un ingeniero de recepcionista, lo que marca el grado de retribución no es el nivel educativo, sino la función que desempeña, y en cuánto ésta contribuye al bienestar general. En el caso argentino, su población realiza tareas que están por debajo de su potencial.

La única manera de alcanzar el pleno potencial es a través de la inversión. Es poder acceder a máquinas y sistemas de última generación que permitan a toda la sociedad una mayor eficiencia en las tareas de cada uno de sus miembros.

Al sostener salarios artificialmente altos en relación con el valor de su producción, e impuestos elevados con referencia a la productividad, el país desalienta la inversión y traba su proceso hacia el desarrollo.

Amén del recurso humano, que es el más importante, al país le sobran recursos naturales como para tener un despegue rutilante: en agricultura, gas no convencional, energía eólica -donde el potencial es de los más altos del mundo- minerales, petróleo? es decir, si dejamos fluir ese potencial, el futuro no puede ser más promisorio.

Por eso, el gran desafío de este tiempo consiste en aceptar las reglas del desarrollo, el único remedio a nuestros males.

Y la responsabilidad de explicarlo y convencer a la sociedad recae en la clase política. La misma que le llenó la cabeza en estos 60 años con soluciones demagógicas y facilistas. Que le dijo que el equilibrio fiscal -es decir, ajustar los gastos a los ingresos- es una receta del neoliberalismo. Al igual que la estabilidad de precios. Y que pagar las deudas es ceder soberanía a los bancos. ¿Por qué entonces querer volver en estos días a entregarse a sus garras?

Y si lo que se busca es financiamiento externo para evitar adecuar los salarios a la realidad y eludir la reducción del gasto público (para no pagar costos políticos), se le entregará al próximo gobierno una bomba con la mecha encendida, como ya sucedió en 1999. Y de rehenes de esas argucias quedamos atrapados todos los argentinos.

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