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La Justicia indagará a Boudou por intentar quedarse con Ciccone

En un hecho inédito en la historia argentina, fue citado para el 15 de julio; el vicepresidente dijo que no va a renunciar ni a tomarse licencia; la oposición reclamó su alejamiento del poder, pero el Gobierno lo defendió y acusó a los medios
Hernán Cappiello
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31 de mayo de 2014  

En una decisión de alto impacto institucional y político, la Justicia citó a declarar al vicepresidente Amado Boudou como sospechoso de haber comprado la imprenta Ciccone Calcográfica mediante amigos suyos para quedarse con el negocio de la impresión de billetes en su beneficio personal.

La decisión del juez federal Ariel Lijo de citar a Boudou a tribunales para el próximo 15 de julio provocó el reclamo de la oposición para que el vicepresidente renuncie o se tome licencia. Sin embargo, Boudou ratificó que no se va alejar de su cargo, anticipó que se presentará ante el juez Lijo y juró que es inocente.

Ante la inminencia de la indagatoria, el Gobierno cerró filas para defender a Boudou, y argumentó que la medida es una maniobra de los medios de comunicación, como Clarín y LA NACION, que, según esa visión, pretenden acallar el éxito de las negociaciones para cancelar la deuda con el Club de París y vengarse de él por haber acabado con las empresas de jubilaciones privadas, que pautaban publicidad en los diarios.

Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en ser citado a indagatoria en un caso de corrupción. Por estar segundo en la línea sucesoria después de la presidenta Cristina Kirchner, su situación tiene una gran importancia institucional. En el caso de que Boudou no pudiera continuar en el cargo por el avance de la Justicia, quien lo sigue en jerarquía es el presidente provisional del Senado, el radical K Gerardo Zamora.

El día previsto para su comparecencia, dos días después de la final del Mundial de fútbol, Boudou es probable que esté a cargo del Poder Ejecutivo Nacional, ya que la presidenta Cristina Kirchner tiene previsto viajar a Brasil para la cumbre de los Brics, integrado por el país anfitrión, Rusia, la India, China y Sudáfrica.

No hay riesgo de que Boudou sea detenido tras prestar declaración indagatoria, dado el tipo de delito que se le atribuye y su falta de antecedentes. De todos modos, tiene fueros que le dan inmunidad de arresto, pero no lo protegen en caso de un procesamiento. En caso de que prospere la acusación, que Boudou sea procesado, que con el paso del tiempo llegue a juicio y eventualmente sea condenado, la Justicia debería pedir su desafuero si decide encarcelarlo. Aunque es probable que antes de darse esta situación haya concluido su mandato o que la oposición motorice su enjuiciamiento político.

Lijo citó a indagatoria a Boudou sobre la base del requerimiento original que había hecho el fiscal federal Carlos Rívolo, apartado de la causa tras allanar el departamento del vicepresidente, y el fiscal Jorge Di Lello, que reclamó que Boudou sea interrogado como sospechoso.

La investigación sobre Boudou se inició a principio de 2012 cuando trascendió que la familia Ciccone tenía problemas con su empresa y que contaba con la ayuda salvadora de un misterioso monotributista, Alejandro Vandenbroele, que les consiguió una inyección de capital a través de la empresa The Old Fund, constituida en el extranjero. También por un plan de facilidades para saldar su deuda con el fisco.

Fue Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la empresa, a través de su yerno Guillermo Reinwick, quienes buscaron ayuda para salvar la fábrica y la encontraron en Boudou. Ese plan de salvataje habría sido gestado por el socio comercial y amigo de la infancia de Boudou, José María Núñez Carmona, a quien el vicepresidente le encargó manejar el negocio, según la acusación. Así ingresó en escena Vandenbroele como director de la empresa, que para el juez Lijo es amigo de Boudou.

Cuando era ministro de Economía, Boudou dictaminó, a pedido de Ricardo Echegaray, que si bien no era de su competencia pronunciarse sobre conceder un plan de pagos, esa decisión se correspondía con la política general del Gobierno.

El juez Lijo llamó a indagatoria además de Núñez Carmona, a Vandenbroele y a Rafael Resnick Brenner, ex alto funcionario de la AFIP partícipe de las negociaciones. También convocó como sospechosos de ser partícipes del delito a Nicolás Ciccone y Reinwick. El juez les había tomado declaración como testigos, lo que motivó la protesta del fiscal Di Lello, que irrumpió en plena declaración para pedir su suspensión y reclamar que sean indagados como partícipes. En su declaración, Ciccone y Reinwick dijeron que se habían encontrado con Boudou y Núñez Carmona para salvar la empresa y contaron que el socio del vicepresidente les pidió el 70% de la firma a cambio de salvar el negocio.

Lijo, en ese momento, respaldó la validez de esas declaraciones. La defensa de Boudou, a cargo de Diego Pirota, pidió anularlas ante la Sala I de la Cámara Federal. Esta semana circuló la versión de que por lo menos uno de los tres magistrados del tribunal, Eduardo Farah, votaría por anular todo y apartar a Lijo.

El trascendido enrareció aún más el ambiente y precipitó el llamado a indagatoria, decisión que Lijo ya tenía tomada desde hacía meses.

Las claves de la medida judicial

La resolución del Lijo pone a Boudou en una situación comprometida. A partir de ahora quedará expuesto a los vaivenes de las indagatorias y a un posible procesamiento, pero no podrá quedar detenido durante estas instancias.

También fueron citados su socio, José María Núñez Carmona; el monotributista Alejandro Vandenbroele; Nicolás Ciccone, uno de los fundadores de la imprenta; su yerno, Guillermo Reinwick, y Rafael Resnick Brenner, ex funcionario de la AFIP.

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